Antonio Resines afirmó ayer, 8 de junio, que en España no hay una “voluntad política” por defender la propiedad intelectual. La razón por la cual el Gobierno no ha tomado medidas durante esta legislatura es que los usuarios de la piratería son “sus votantes”.
Lo hizo durante la última jornada del curso “Los derechos intelectuales de la creación, el conocimiento y la comunicación. Redes sociales globales”, organizado por la Universidad Complutense de Madrid junto al Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual, Asomedios y Aripi, y con la colaboración de Cinco Días en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
El presidente de la institución también apuntó la necesidad de que el Gobierno desarrolle una “campaña masiva” en la que se dé a conocer la normativa, a la vez que “se legisla y se aplica la ley vigente, con facilidades para que las sanciones se puedan producir”. Además, comentó que en la propiedad industrial no se produce piratería porque las “grandes empresas están detrás”. Por ello, retó a operadoras como Telefónica, que “tienen contenidos y les están robando”, a que “digan algo al Gobierno”.
No fue solo Resines quien mantenía esa postura; Cecilia Rodrigo, fundadora de Ediciones Rodrigo, determinó que la reforma de España de la Ley de Propiedad Intelectual “antepone el interés del usuario” y, al igual que en la UE, “se respira una tendencia hacia un mal entendido populismo en el sentido de que no hay mayor ni mejor compensación que el uso y su difusión”. Y varios juristas, como José Miguel Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, criticaron la reforma aprobada en noviembre de 2014, a la que tacharon de “ininteligible” y excesivamente larga, en comparación con la ley. “No se puede tolerar una ley que no se entiende, es un derecho ciudadano”, manifestó Rodríguez Tapia.
En la cara opuesta de la moneda, dos días antes en la conferencia inaugural, Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, puso en valor que dentro de la «enorme» labor reformista que ha llevado a cabo el Ejecutivo en esta legislatura, ha figurado la mejora de la protección intelectual en España. En su opinión, ahora estos derechos están mucho mejor protegidos … Explicó asimismo que la modificación ha sido laboriosa y se ha realizado en permanente diálogo con los distintos agentes, tanto titulares de los derechos como usuarios y consumidores para dar una respuesta equilibrada a los intereses de cada una de las partes.
Lo que ha pretendido el Gobierno, según manifestó Carmen Martínez Castro, es fijar un marco legal que ofrezca seguridad jurídica y garantice los derechos de los creadores de contenidos al tiempo que incentive el desarrollo de empresas y servicios asociadas a los mismos.
Algo que, a todas luces, no ha conseguido pues recordemos que todos los sectores de la Cultura mostraron su rechazo a la Ley de Propiedad Intelectual, con manifestaciones, veladas y concentraciones en contra antes de su aprobación incluidas. Incluso tras su aprobación, el pasado mes de febrero Pedro Sánchez, secretario general socialista, y su responsable de Cultura, Iban García del Blanco, registraron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra ella, que tenía como objetivo “defender la creatividad y el talento cultural en nuestro país”.
