El sector de la exhibición siempre ha estado excluido de las ayudas del ICAA, incluso en un momento tan crucial y costoso para la industria como fue la transición a la proyección digital. La ayuda de 13 millones que ahora se va a otorgar es, por tanto, la primera vez en la historia que el Gobierno se acuerda de los propietarios de cines en España. Hablamos con varios representantes del sector para conocer sus valoraciones ante esta medida.

Como publicamos hace unos días en Cine&Tele, el Real Decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros contempla la creación de un Fondo Social Extraordinario de 13.252.000 euros para apoyar a la exhibición cinematográfica. Con estas ayudas se pretenden cubrir los gastos derivados de las medidas sanitarias que habrán de implantarse en las salas para asegurar su salubridad en el momento de su reapertura.

“La ayuda de 13 millones de euros aprobada por el gobierno de España responde a una demanda de la exhibición para minimizar la grave situación económica que supone el cierre por el coronavirus”, empieza diciendo Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de la Federación de Cines de España (FECE), que representa a más del 80% de las salas de cine de España.

Como decimos, esta ayuda extraordinaria es histórica, por lo que el gremio de la exhibición aplaude la decisión. “Es la primera vez que recibimos ayuda del Estado y en unas circunstancias tan excepcionales es bienvenida, su reparto es razonable y esperamos poder concretar sus limitaciones antes de su publicación”, señala Gómez Fabra.

No obstante, no parece que la cifra asignada pueda ser suficiente para solucionar, ni de lejos, la crisis económica en este ámbito. “Esa cantidad es la que los cines perdemos en un mes y, como presuponemos estar cerrados unos tres meses, esperamos que el resto de administraciones tengan la misma sensibilidad y así ayudarnos a mantener los 11.500 empleos directos que dependen de esta actividad”, explica el presidente de FECE, refiriéndose como, por ejemplo, sería una drástica reducción de impuestos de tipo autonómico y local.

Aunque de momento no ha salido la convocatoria, se efectuará por resolución del ICAA y será cada empresa exhibidora la que solicitará las ayudas a su correspondiente Comunidad Autónoma.

En principio, la única condición marcada es que se programen películas europeas en un porcentaje de al menos el 30% en el año posterior a la recepción de la ayuda, en lugar del 25% al que ya estaban obligados.

Según nos comenta Alfonso Benegas, presidente de EZAE (Asociación de Salas de Cine de Euskadi), este requisito del 30% le parece “correcto” y, a partir de ahí, no puede opinar porque tendrá que negociar todo lo demás con el Gobierno Vasco.
“Las producciones inglesas del 2021 ya no se considerarán europeas, lo que dificulta alcanzar la cuota del 30%”, avisa Jorge Pérez Esteban secretario general de NAECE.

Además, añade, que “los complejos con mayor número de salas tienen más facilidad para alcanzar dicha cuota y se ven perjudicados los cines con 5 pantallas o menos y en especial los cines que tengan una sola pantalla”. Pérez Esteban sostiene que “es muy complicado que puedan alcanzar dicha cuota a no ser que su programación habitual sea cine de autor” y “consideramos que debería reducirse la cuota para estos cines”.

En cuanto al reparto, ya se han publicado las cuantías máximas según el número de salas: 8.000 euros para salas con una única pantalla, 14.000 euros para salas con 2 pantallas, 20.000 euros para salas que cuenten con entre 3 y 5 pantallas, 26.000 euros para salas que cuenten con entre 6 y 8 pantallas y 32.000 euros para salas que cuenten con más de 8 pantallas.

“Los cines con menos pantallas tienen un mayor peso porcentual por sala, pero insistimos que va a ser muy complicado que cumplan la condición de cuota de pantalla de películas europeas”, asegura el representante de NAECE.

Una parte de esta ayuda irá destinada a la implementación de un plan de prevención sanitaria para trabajadores y público. “El problema es que se ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la competencia de establecer dicho plan sin que la Administración Central marque unas pautas ni unos mínimos a cumplir. Creemos fundamental que sea el Ministerio de Sanidad en colaboración con el ICAA quien marque dichas pautas o mínimos para evitar diferencias cuantitativas en las inversiones a realizar dependiendo de en qué comunidad autónoma se encuentre el cine”, manifiesta Pérez Esteban.

Sin un protocolo de mínimos que establezca la autoridad sanitaria central, no se garantizaría la seguridad de los espectadores ni tampoco la jurídica. “Ante una posible reclamación por algún espectador, no habría un patrón de referencia que nos avalase en el cumplimiento de nuestra obligación sanitaria”, insiste el secretario general de NAECE.