El Observatorio Audiovisual Europeo, organismo dependiente del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, acaba de publicar un nuevo informe jurídico titulado “Aproximación a las cuestiones jurisdiccionales en el Derecho Audiovisual Europeo: Tendencias y Tensiones”.
El documento ha sido elaborado por Olivier Hermanns, analista senior del Departamento Jurídico del Observatorio. El informe se enmarca en un contexto de transformación digital sin precedentes y de profundos cambios geopolíticos que afectan a las industrias audiovisuales a nivel mundial. En este escenario, los reguladores de medios en Europa se enfrentan a importantes desafíos relacionados con la autoridad legal y la aplicación transfronteriza de sus decisiones, lo que resalta la creciente relevancia del concepto de jurisdicción en la regulación del sector.
En el primer capítulo, Hermanns presenta el contexto actual, centrándose en el debate público sobre los prestadores de servicios audiovisuales que operan en territorios distintos al del país donde están establecidos. Este debate podría afectar al principio del país de origen, que asigna la jurisdicción legal en función del país donde el proveedor tiene su sede.
El segundo capítulo profundiza en los criterios de jurisdicción territorial. El autor analiza distintas interpretaciones del principio del país de origen, tanto en el derecho de la Unión Europea como en la Convención sobre Televisión Transfronteriza del Consejo de Europa, y examina el caso particular del Reino Unido tras el Brexit. También se describen excepciones al principio en normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley Europea de Libertad de los Medios (EMFA), así como las normas aplicables a proveedores establecidos fuera de la UE. El capítulo concluye con un análisis de iniciativas legislativas recientes en Estados miembros que regulan a proveedores establecidos en otros países de la UE, e incluye un estudio de caso sobre los canales de streaming gratuitos financiados con publicidad (FAST channels).
El tercer capítulo trata sobre los mecanismos de supervisión y ejecución, centrándose en cómo las autoridades reguladoras nacionales (NRAs) en Europa pueden supervisar y sancionar actividades mediáticas transfronterizas.
El cuarto capítulo examina el marco legal de cooperación y asistencia mutua entre reguladores europeos. Describe mecanismos institucionales y procesales de la UE como la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD), la EMFA y la Ley de Inteligencia Artificial que permiten abordar conflictos jurisdiccionales y preocupaciones comunes. También se analiza el papel de redes informales como la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras (EPRA) y la nueva Junta Europea de Servicios de Medios de Comunicación.
El quinto y último capítulo plantea una reflexión sobre los desafíos futuros para garantizar la libertad de recepción y retransmisión en un contexto de reclamaciones jurisdiccionales cada vez más fragmentadas. El autor advierte sobre riesgos emergentes como la injerencia extranjera, la manipulación de plataformas y la necesidad de una gobernanza supranacional más sólida para hacer frente a estas amenazas.
