La Federación de Productoras Audiovisuales (PROA) ha realizado un estudio que incluye todas las líneas de ayudas autonómicas destinadas a la producción de obras audiovisuales. La entidad ha enviado el informe a las administraciones autonómicas para fomentar una estrategia de financiación común que facilite las coproducciones nacionales.
Las ayudas al desarrollo y la producción audiovisual por parte de las comunidades autónomas tuvieron una dotación total de 58M€ en 2022.
Como indica PROA, “estas aportaciones son un factor determinante para que las productoras independientes puedan competir con otros mercados internacionales y mantener la propiedad intelectual en el país”.
Lo que resulta evidente es tanto la disparidad de criterios en las distintas convocatorias como un proteccionismo territorial que dificulta las posibilidad de coproducir dentro del país.
Para elaborar el informe, PROA se ha basado en las convocatorias publicadas durante el año pasado en cada comunidad autónoma. Aunque la información es de dominio público, los autores del informe, señalan que “obtenerla ha sido un proceso farragoso”. Por eso hacen un llamamiento a las administraciones regionales para que ordenen las normativas y faciliten el acceso a la documentación.
Cataluña es la región que destina más inversión pública al audiovisual (31,29 M€ de ayudas), seguida de la Comunidad Valenciana (7,8 M€) y Galicia (6,19 M€). Un total de 9 comunidades autónomas incluyen la fase de desarrollo de obras audiovisuales en sus convocatorias.
Los datos recopilados también van a permitir a las productoras detectar oportunidades de financiación para sus proyectos audiovisuales. PROA ya trabaja en una nueva edición de su estudio para mantenerlo actualizado con las convocatorias de 2023.
La entidad también se lo ha hecho llegar a las instituciones públicas. PROA considera que “si se desatomizan los presupuestos destinados al audiovisual, el ecosistema se verá reforzado para conservar la propiedad intelectual de las obras. Eso representa un activo valiosísimo para la cultura y la economía del país”.
Para ello, el estudio propone algunas recomendaciones que impulsarían el desarrollo audiovisual financiado por las comunidades autónomas. Entre ellas destaca la unificación de definiciones en base a las que figuran en la futura Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.
Asimismo, proponen flexibilizar los criterios proteccionistas territoriales, de modo que se facilite la cooperación entre industrias locales, la movilidad de talento y la profesionalización de los ecosistemas más frágiles. Una de las piezas clave para fortalecer la industria es, además, la búsqueda de sinergias entre administraciones y televisiones públicas.
Por último, también apuntan que las líneas de ayudas deben tener en cuenta las particularidades de cada género audiovisual y apoyar las obras desde las fases iniciales de desarrollo.
