Los plazos establecidos para iniciar el rodaje y comunicarlo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), o al organismo competente, se amplían en seis meses y en ocho meses en el caso de las películas de animación.
El Consejo de Ministros de ayer martes 29 de marzo, aprobó un Real Decreto-Ley por el que se establecen diversas medidas para hacer frente a las consecuencias provocadas en los diferentes ámbitos por la guerra en Ucrania. A propuesta del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el texto incorpora medidas para paliar las consecuencias desfavorables de la guerra en el ámbito de la cultura.
El Ministerio de Cultura y Deporte considera necesario apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación, para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación.
Gran parte de las medidas destinadas al ámbito de la cultura están dirigidas al sector cinematográfico y audiovisual, especialmente sensible a esta situación. Así, se prevé ampliar los plazos para las películas beneficiarias de ayudas en el periodo 2020 a 2022, cuyo rodaje esté previsto en Ucrania, Rusia y países limítrofes afectados por la guerra.
Los plazos establecidos para iniciar el rodaje y comunicarlo al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), o al organismo competente, se amplían en seis meses y en ocho meses en el caso de las películas de animación. También se amplían los plazos para comunicar el final de rodaje y solicitar la calificación y el certificado de nacionalidad.
Además, se flexibilizará el procedimiento para la calificación de las películas y otras obras audiovisuales de nacionalidad ucraniana, hasta que puedan obtenerse de manera normalizada los certificados o documentos acreditativos de la nacionalidad expedidos por el organismo oficial competente en Ucrania.
También se modifica el Real Decreto-Ley 17/2020 por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En concreto, se modifica la disposición que se regula la función social de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Así, durante un plazo de cuatro años se mantiene la flexibilidad otorgada a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para establecer los porcentajes de recaudación destinados a actividades asistenciales dirigidas a sus socios, tales como ayudas escolares, becas de comedor, ayudas al alquiler, complementos a pensiones, etc.
