El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, trabaja con los grupos parlamentarios para sacar adelante la nueva Ley del Cine, cuya aprobación se espera para 2025. La normativa, que busca modernizar el sector e incluir la regulación de series, sigue en fase de enmiendas en la Comisión de Cultura. Aunque el Gobierno la considera clave para acceder a fondos europeos, la fragmentación política y la creación de una Oficina de Derechos de Autor han ralentizado su tramitación.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confía en que la nueva Ley del Cine sea aprobada en 2025, tras años de demanda por parte del sector audiovisual. En una reciente entrevista en RNE, explicó que se está trabajando con los grupos parlamentarios para evitar una enmienda a la totalidad y lograr que la normativa salga adelante este año.
El proceso, sin embargo, se enfrenta a la fragmentación política en el Congreso, lo que ha ralentizado la redacción del texto definitivo. Urtasun destacó que la ley vigente, aprobada en 2007, no incluye las series, un formato esencial en la industria actual y cuya regulación es clave para la modernización del sector.
Durante los Premios Goya en Granada, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, insistió en la necesidad de aprobar la norma, avanzar en el Estatuto del Artista e incluir el cine en la educación. Además, el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea a impulsar esta legislación para acceder a más de 3.000 millones de euros en fondos europeos.
Actualmente, la ley se encuentra en fase de enmiendas dentro de la Comisión de Cultura, y las previsiones más optimistas sitúan su aprobación entre verano y otoño de 2025. Sin embargo, algunos sectores han mostrado su desacuerdo con partes del texto, señalando que no se adapta completamente a las necesidades actuales.
Otro punto que ha ralentizado el trámite es la creación de una Oficina de Derechos de Autor, que busca mejorar la protección de creadores y garantizar una regulación más justa. La complejidad del proceso legislativo y la necesidad de alcanzar acuerdos en un Congreso dividido podrían seguir retrasando su entrada en vigor.
