El Ministerio de Asuntos Económicos y transformación Digital señala que en los próximos meses se realizará la subasta de la banda de los 700MHz, se procederá a la liberalización de la banda de 26GHZ y se llevará a cabo una consulta pública sobre la misma. Todas ellas, acciones clave para el futuro de la conectividad 5G.

A principios de este mes de mayo tuvo lugar el 5G Fórum Virtual, una de las citas clave para la industria telco en España, celebrado de forma digital a causa de la pandemia. Un encuentro para poner en contexto todas las noticias relevantes en torno al despliegue del 5G, tecnología puntera que promete renovar el ámbito de las telecomunicaciones a nivel mundial. A lo largo de las jornadas, participaron en la cita el grueso de las empresas líderes del sector, como Telefónica, Orange, Vodafone, Cellnex, Hispasat… así como representantes de las entidades políticas responsables de trabajar mano a mano con las empresas para legislar en los campos necesarios para la implantación de esta nueva tecnología y apoyarla con los presupuestos pertinentes.

Entre los nombres más destacados que han participado en las jornadas se encuentran Peter Stuckmann, Head of Unit Future Connectivity Systems de la Comisión Europea; Maite Arcos, directora General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual; la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Antonio Fernández-Paniagua o Roberto Sánchez, subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico. Repasamos lo más destacado de las intervenciones de estos tres últimos para analizar las principales medidas que se tomarán en los próximos meses, claves en el despliegue del 5G.

ROBERTO SÁNCHEZ

El propio Roberto Sánchez fue el encargado de dar la bienvenida al evento, destacando la relevancia que tendrá en el futuro próximo que la tecnología 5G se despliegue de forma planificada, para que sus ventajas lleguen a toda la población. “A diferencia de evoluciones tecnológicas anteriores, el 5G será totalmente disruptivo, no solo en cuanto a las comunicaciones personales, también en el ámbito de la actividad económica, la asistencia médica, en la agricultura y producción de bienes y servicios…afectará al conjunto de la economía”, explicó Sánchez.

También quiso apuntar que la correcta implementación de esta nueva tecnología será clave para continuar reduciendo la brecha entre el rural -donde la cobertura actual alcanza un 60% del total- y las grandes urbes –en las que esta cifra ha superado ya el 85%-. Y es que la crisis sanitaria “ha puesto de relevancia la transformación digital dentro de la agenda social. Durante la pandemia la mayoría de actividades se han podido mantener gracias a la existencia de las re-des de comunicación y teletrabajo. Por eso consideramos tan importante reducir las brechas existentes en este ámbito para individuos y empresas”.

En cuanto a las ayudas, Sánchez incidió en la relevancia de distribuir correctamente los fondos europeos destinados para preparar la llegada del 5G (4.000 millones de euros). “Es importante entender que el 5G no solo mejorará el sector de las telecomunicaciones, sino que servirá como motor de impulso económico en otros muchos sectores. Es importante dar a conocer este punto, ya que las medidas de apoyo en zonas de baja densidad de población mejorarán los servicios en sectores protagonistas de su economía, como por ejemplo la agricultura”, remarcó.

Para concluir, avanzó ciertas novedades en otros ámbitos de relevancia para el proceso de implementación, como la subasta de los 700MHz –cuyas bases quedarán definidas para la subasta en este mes de mayo-, la decisión del Consejo de Ministros de ampliar la concesión de la próxima subasta de veinte a cuarenta años para “favorecer la inversión que se va a realizar” y el estado actual de la Ley de Ciberseguridad 5G, que según ha comunicado “se encuentra en proceso interno de desarrollo y redacción para trasladarla al Consejo de Ministros, con intención de “generar garantías de que la expansión se llevará a cabo minimizando los riesgos”.

ANTONIO FERNÁNDEZ-PANIAGUA

Antonio Fernández-Paniagua, por su parte, aprovechó la inauguración de la segunda jornada para incidir en alguno de estos asuntos de relevancia adelantados por Sánchez y aclarar otros que habían quedado en el tintero.

Por ejemplo, explicó que la asignación de las frecuencias de 3,5 GHz ya se ha completado a través de las dos grandes subastas celebradas el pasado año y a comienzos de este. En esta última, Telefónica y Orange resultaron adjudicatarios de 10 MHz cada uno por el precio de salida, 21 millones de euros. Finalizada esta licitación, la banda de 3,5 GHz cuenta con las si-guientes concesiones: Orange 110 MHz, Telefónica 100 MHz, Vodafone 90 MHz y MásMóvil 80 MHz. Sin embargo, está previsto que esta banda pueda ser reordenada próximamente, para optimizarla –por recomendación de las propias compañías-, teniendo en cuenta que la proximidad de bloques de un mismo operador pueden mejorar la calidad de sus prestaciones.

En cuanto a la subasta de los 700 MHz, Fernández explicó que el Ministerio se está afanando por estudiar las numerosas propuestas que se han recibido y trabajando en el pliego final que desarrollará el funcionamiento de la subasta. Sin embargo, quiso recalcar que todavía no están establecidos los precios finales de salida ni las condiciones posteriores, ya que todavía los responsables están trabajando para darles respuesta a estos particulares. En todo caso, el Gobierno se ha fijado como fecha límite para celebrar esta subasta –que lleva retrasándose desde junio de 2020 a causa de la pandemia- el próximo mes de junio. A pesar de ello, en el propio plan de recuperación económica que el Gobierno ha remitido a Bruselas se contempla la posibilidad de que esta licitación no se pueda completar hasta el segundo semestre del año.

NADIA CALVIÑO

La vicepresidenta segunda del Gobierno Nadia Calviño, también se sumó de forma telemática al evento para aportar alguno de los pormenores de la hoja de ruta del Gobierno en estos próximos meses que serán claves para la implementación del 5G en España. Una medida que se apoya en la Estrategia de impulso de la tecnología 5G, presentada en España en diciembre de 2020.

Esta hoja de ruta de los próximos meses incluye, además de la comentada reestructuración de la banda de 3,5 HGz, una modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para añadir las condiciones técnicas armonizadas que precisa el 5G, con respecto a lo establecido en los estándares europeos para servicios de comunicación.

Por otra parte, se suprimirán las obligaciones inicialmente indicadas para mayoristas en la licitación de la banda de 700 MHz, se diseñarán medidas para apremiar el despliegue de infraestructuras -que pasarán por la agilización de los permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones- y se fomentará la instauración de directrices concretas para que las telcos compartan infraestructuras y espectro cuando resulte oportuno.

Sobre la previsión de la subasta que se realizará para la banda de 26GHZ, otro de los aspectos clave en la implementación de la nueva tecnología 5G, el Gobierno ha indicado que se llevará a cabo en 2022 y que necesita para entonces, tener una idea muy clara del uso que se otorgará a estas frecuencias. Para ello, llevará a cabo –según se espera, a lo largo de este año- una consulta pública para tener una “visión actualizada de las aplicaciones demandantes, de los modelos de autorización de negocio, de los operadores de telecomunicaciones y otros eventuales agentes interesados”. Esta banda, situada entre los 24,25GHz y los 27,5GHz contiene tres bloques disponibles para su empleo que suman en total 1.135 MHz.

Además, el Gobierno ha incluido en el último Plan de Recuperación enviado a Bruselas una rebaja en las tasas anuales que se cobrarán a en concepto de utilización de espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia en las que se desplegarán redes 5G entre 2022 y 2023. Una reducción que implicará una disminución de recaudación de 90 millones de euros.

También se espera que haya una revisión en los próximos meses, según comentó Calviño, en la aportación que los distintos operadores de telecomunicaciones deben realizar a RTVE.


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