El Parlamento Europeo aprobó recientemente la reforma de la ley de Copyright, que regulará la publicación de contenidos a las grandes plataformas de vídeo, como Youtube. Una medida que ha provocado el rechazo por parte de algunos colectivos de internautas. La Fundación Alternativas, en colaboración con el Despacho Cuatrecasas, celebró ayer un encuentro para tratar sus artículos más polémicos y las implicaciones de su entrada en vigor. Los diferentes puntos de vista de cada parte desencadenaron relevantes discrepancias.
La nueva Directiva del Copyright que regula la publicación de contenidos en plataformas digitales pretende garantizar que los artistas reciban remuneración por la difusión de su obra en Internet.
Además, impondrá una tasa por compartir extractos de artículos de medios de comunicación (artículo 11) y establece la obligación a las plataformas de filtrar el contenido que suben los usuarios antes de su publicación para detectar si vulnera los derechos de autor (artículo 13).
La Fundación Alternativas reunió en la sede de Cuatrecasas en Madrid a varios representantes de los distintos sectores implicados para analizar la situación y presentar argumentos a favor y en contra de la Directiva. Participaron en el coloquio Héctor Fouce, periodista y colaborador de la Fundación Alternativas; Pilar Jurado, miembro de la Junta Directiva de la SGAE; Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte; Ofelia Tejerina, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Internautas; Antonio Vargas, Public Policy Manager de Google; Diego López Garrido, vicepresidente de la Fundación Alternativas; y Amalia Pelegrín, responsable de política digital de Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC).
Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó que la normativa está “sin ultimar”, por lo que puede pasar “de todo”.
De hecho, a comienzos de 2019 tendrá lugar una segunda votación para ratificar o tumbar la ley. No obstante, ciertos artículos podrían ser impugnados y ser llevados a tribunales.
Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación, aclaró que “es necesario garantizar la seguridad jurídica del usuario y de las plataformas». Según manifestó, Internet tiene que ser «un lugar seguro» y debe existir «una colaboración entre todas las partes”.
Pilar Jurado, miembro de la Junta Directiva de la SGAE, acudió como representante de los creadores y mostró preocupación por la deriva de Internet . La soprano lamentó que existe un “negocio encubierto” que utiliza sus contenidos en internet.
La cultura, dijo, tiene que ser “remunerada” y el universo digital debe estar “absolutamente regulado”, ya que la red ha lanzado el mensaje de que “todo es gratis cuando no es así” y la situación ha provocado “desequilibrios”.
Google es uno de los gigantes tecnológicos afectados por la regulación. Antonio Vargas, director de Políticas Públicas de Google, destacó que el artículo 13 afecta a “todos los contenidos” generados por los usuarios. Comentó que cada minuto se suben 480 horas de vídeo a Youtube, por lo que son, en su opinión, imposibles de filtrar.
También mostró su preocupación en aspectos como la “responsabilidad ‘ex ante’ o el hecho de garantizar la transparencia y el precio justo.
Durante el evento se presentó también el informe ‘El papel de los contenidos generados por el usuario en la industria musical: conflictos y perspectivas’, elaborado por Héctor Fouce, colaborador de la Fundación Alternativas.
Fouce también tomó la palabra en la mesa redonda y cree que la clave está en cómo se controlan los contenidos y en cómo circulan y se generan beneficios para los autores. Según apuntó, existe una “crisis de madurez” en la industria cultural y también nota que la Unión Europea siente cierta “frustración” por el dominio de la industria de las plataformas no europeas.
En representación de la Asociación de Internautas acudió Ofelia Tejerina, que defendió el libre uso del ciberespacio porque “proporciona nuevos modelos de negocio» y mayores posibilidades de éxito sin tener «enchufe». Rechaza el control de información por “intereses económicos”, ya que, según argumentó, las nuevas plataformas ofrecen “comodidad” y no tiene sentido que en España se hable de “piratería”.
En esta polémica también entró Amalia Pelegrín de AMETIC, que piensa que la normativa es un «obstáculo» que «perjudica» la libertad de expresión en Internet centrándose en la remuneración de los autores.
