La Comisión Europea ha propuesto reformar el derecho de autor en Internet. Así, los medios de comunicación podrían cobrar a las plataformas online por la utilización de sus contenidos y obligar a otras, como YouTube, a controlar y tomar medidas contra los contenidos piratas que los usuarios publican acogiéndose a ellas.
La propuesta de la Comisión Europea quiere modernizar la actual normativa comunitaria sobre la propiedad intelectual y copyright, habida cuenta que el mercado digital europeo se rige por una normativa de 2001, cuando los smartphones o las plataformas como YouTube no existían y tener cobertura Wi-Fi no era una preocupación para prácticamente nadie.
Así, entre las propuestas del Ejecutivo comunitario se encuentra otorgar a las empresas editoras de noticias los «derechos conexos», es decir, aquellos cuyo objetivo es «proteger los intereses legales de personas físicas o jurídicas que contribuyen a hacer un contenido accesible al público», de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
En las nuevas medidas propuestas por la UE se encuentran todos los players del sector, desde creadores a productores, pasando por discográficas, editores, periodistas, televisiones y servicios audiovisuales de streaming, incluso gigantes como Google o Facebook.
En el anuncio de estas propuestas, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, declaró su empeño de que «periodistas, editores, autores y otros sean remunerados de manera justa por su trabajo, sin importar si lo hacen desde una oficina o desde el salón de su casa, lo publiquen en formato físico u online, lo distribuyan con la ayuda de una fotocopiadora o a través de un enlace”.
Y es que con las modificaciones, los editores de noticias podrán reclamar una compensación a agregadores de noticias, plataformas de contenidos o redes sociales por compartir extractos de sus contenidos. Sin embargo, y a diferencia del modelo español implantado con la Ley de Propiedad Intelectual por el PP, se trata únicamente de un derecho del que podrán hacer uso en sus negociaciones con estas plataformas online y no de una obligación, lo que significa que también podrán renunciar a ese derecho. Recordemos, que la LPI estableció el «derecho irrenunciable» de los editores a cobrar y la primera consecuencia fue la salida de España del agregador de noticias Google News.
El proyecto, que recibe el nombre de ‘Copyright package’, está conformado por dos reglamentos y dos directivas, y deberá pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo, en una fase que durará varios meses. Tras su aprobación, lo que se decida será vinculante para los países miembros, que deberán adaptar su legislación interna.
Entre los aspectos más controvertidos está el de los medios de comunicación, pues aunque lo que la Comisión pretende que los editores de prensa tengan derechos sobre sus publicaciones, similares a los de productores musicales o cinematográficos, para lograr “mejor posición cuando negocien el uso de sus contenidos con servicios online” lo cierto es que se ha mantenido una ambigüedad que no gusta a ninguna de las partes.
