El IV Encuentro Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras se celebró el pasado viernes 29 de junio en la Filmoteca de Valencia para poner en común en dicha mesa de trabajo los avances de cada asociación para impulsar el nuevo modelo Fondo Nacional Público de Apoyo al Sector Audiovisual (FASA) y también para discutir medidas y estrategias urgentes que consigan hacer más competitiva a la cinematografía española frente a las europeas.
Como avanzamos la semana pasada, un nutrido grupo de asociaciones audiovisuales españolas programaron reunirse el viernes en Valencia, en representación de la casi totalidad de autonomías y tipos de producción (animación, ficción, documental o videojuego).
Organizado por la Asociación Valenciana de Empresas de Producción y Productores Audiovisuales (AVANT) y la Asociación de Productores Audiovisuales Valencianos (PAV), en colaboración con la Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes (AVAPI), el Institut Valencia de Cultura (IVC) y el Festival Internacional de Cine de Valencia – Cinema Jove, el objetivo era unir fuerzas y establecer líneas estratégicas comunes «para mejorar las condiciones del sector audiovisual, poder seguir siendo competitivos, tener seguridad jurídica y conseguir estabilidad en el sector».
Es la cuarta vez que se produce un encuentro de este tipo en un año, lo que demuestra la importancia que supone para el sector alcanzar acuerdos. El viernes se decidió exigir al nuevo Ministro de Cultura, José Guirao, medidas correctoras de urgencia que equipare la cinematografía española a las cinematografías europeas.
En 2017 un estudio realizado por PROA sobre los diferentes modelos de financiación audiovisual en Europa, reflejaba que la inversión en Francia es de 800 millones anuales (diez veces más que la inversión en España), en Italia 400 millones, en Alemania 140, en el Reino Unido 130 y en países con algo más de 5 millones de habitantes como es el caso de Dinamarca o Noruega su inversión en el sector audiovisual es de 80 millones anuales.
Según las productoras, se requiere un Plan Estratégico impulsado por el nuevo Gobierno español, donde se firme un Acuerdo Marco para definir el camino para generar riqueza y puestos de trabajo.
Uno de los asuntos fundamentales en la agenda del sector audiovisual es el impulso que se está haciendo con la propuesta del nuevo modelo Fondo Nacional Público de Apoyo al Sector Audiovisual (FASA) aprobado en la reunión que hubo en Zaragoza. En Valencia se acordó la presentación a todos los grupos políticos para poder avanzar en la tramitación de una futura legislación.
Los productores españoles también abordaron en el encuentro el asunto de la defensa de la pluralidad de las propuestas cinematográficas. Cree que es necesario «apoyar y habilitar salas de exhibición para nuevos lenguajes y películas españolas arthouse» como sucede en Francia y Alemania, así como «más acciones encaminadas al incremento y captación de nuevas audiencias», incluyendo dentro del escenario de acción al sistema educativo.
Desde la mesa de productores también se emplazó al nuevo gobierno a que España realice propuestas para conseguir «una homogeneización de normas europeas que sirvan de herramientas para que entre todos dinamizar el audiovisual europeo».
Recuerdan que el pasado 7 de junio se aprobó en la Comisión Europea la revisión de la Directiva sobre Servicios de Medios Audiovisuales. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un acuerdo político sobre una nueva regulación en un entorno más justo para todos los actores del sector audiovisual, incluyendo una mayor flexibilidad para la radiodifusión en términos de publicidad, protección de los menores, promoviendo mejor las producciones audiovisuales europeas y garantizando la independencia de los reguladores audiovisuales de cada uno de los países.
Dentro de este contexto, es clave para el sector la implementación de una normativa europea de obligación de inversión en contenido europeo a las plataformas VOD y de compartición de vídeo como Netflix, HBO, Amazon, Youtube.
Se espera que la Directiva se apruebe en octubre y los estados miembros tendrán 21 meses para incorporarla a su legislación nacional.
