A pesar de que los datos registrados en el último el Censo de la AIMC son menos negativos que en ediciones anteriores, lo cierto es que en España hay 23 municipios con más de 50.000 habitantes que no disponen de salas de cine. Es decir, cerca de dos millones de personas tienen que desplazarse a otras localidades para poder disfrutar de sus películas favoritas en pantalla grande.
Sin duda, este desmán es fruto de la inexistente política en materia de de conservación de salas de cine por parte de todas las Administraciones Públicas. Recordemos las grandes cantidades que los gobiernos socialistas dedicaron a la construcción de Casas de Cultura que, en muchos casos, ahora permanecen vacías de contenidos y que, incluso, están cerradas los festivos.
Y es que la indolencia del Gobierno central, de los regionales y especialmente de los municipales, está dejando a una buena parte de la población en niveles de equipamiento cultural similares a los de África. Nos preguntamos por qué el alcalde de turno no pactó con el empresario local de exhibición antes de que cerrase su local. O por qué las elevadas inversiones en Casas de Cultura vacías y cerradas no ofrecen cine, al menos los fines de semana, a los vecinos que las financiaron con sus impuestos. Si bien es cierto es que hay algunas pequeñas poblaciones, pocas desgraciadamente, donde esta situación no se produjo, por lo que desde aquí queremos transmitir nuestra enhorabuena a esos alcaldes y a esos empresarios que, en su momento, antepusieron las necesidades de sus vecinos a las suyas propias y, a pesar de algunas pérdidas económicas, supieron pactar en bien de la Cultura.
Y, en el polo opuesto, ¿qué decir de esos alcaldes que están viendo cómo la iniciativa popular reabre algunos cines cerrados desde hace varios años y no mueven ni un dedo para apoyarlos?
