Se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 5 de junio, y tiene como finalidad garantizar que las ayudas que se concedan por las diferentes Administraciones vayan dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha que posibiliten incentivar la economía y el empleo digital, así como la prestación de servicios digitales innovadores, resulten compatibles con la normativa sectorial de telecomunicaciones y con los planes de banda ancha del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El Real Decreto desarrolla la disposición adicional decimocuarta de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que prevé que mediante un Real Decreto se identificarán los órganos competentes y se establecerán los procedimientos de coordinación entre Administraciones y Organismos públicos, en relación con las ayudas públicas a la banda ancha.
Para ello, se elaborará un mapa detallado de cobertura de banda ancha que facilite el diseño preciso de las ayudas y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información aprobará una serie de orientaciones para las Administraciones con el fin de dar a conocer estas ayudas dirigidas al impulso de la Sociedad de la Información.
Además, realizará un informe vinculante sobre la compatibilidad de la medida de ayuda promovida en relación con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y los planes de banda ancha del Ministerio, planes que se publicarán en el portal de internet de la propia Secretaría de Estado.
Normativa comunitaria
Por su parte, la Comisión Europea ha fijado unas directrices para garantizar la compatibilidad de las ayudas a la banda ancha ultrarrápida con la normativa en materia de ayudas de Estado, y encomienda a las autoridades nacionales varias funciones, en particular asegurar la coordinación entre los diferentes programas existentes en cada país.
Por último, en el ámbito de los fondos FEDER, las autoridades comunitarias han exigido la existencia de los adecuados mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas como requisito para autorizar el uso de estos fondos en la financiación de ayudas a la banda ancha.
Este Real Decreto establece, por tanto, dichas medidas de coordinación entre las diferentes administraciones relativas a los programas de ayudas al despliegue de la banda ancha:
- Análisis del cumplimiento de los requisitos comunitarios para estas ayudas.
- Coordinación y compatibilidad de las diferentes ayudas, evitando duplicidades entre programas.
