La nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual sigue sin resolverse y su aprobación continúa en el aire. A pesar de que el Gobierno retomó su tramitación en 2024 con el mismo texto previsto en 2023, la normativa sigue atascada en el Congreso, generando incertidumbre en el sector audiovisual. Reproducimos la editorial de Antonio Carballo, quien analiza el impacto de este retraso, las implicaciones para productores independientes y exhibidores, así como los puntos más controvertidos de la legislación.
La esperada Ley del Cine y la Cultura Audiovisual sigue sin fecha de aprobación. Pese a que el Gobierno reactivó su tramitación en 2024 con el mismo texto que se iba a aprobar en 2023 antes del adelanto electoral, la normativa permanece estancada en el Congreso. Mientras tanto, la industria audiovisual, que ya expresó su inquietud en la reciente gala de los Goya (8 de febrero), observa con impaciencia un proceso que se alarga más de lo previsto. Pocos días después, el 18 de febrero, el ministerio de Cultura publicó una nota de prensa comprometiéndose a tener la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 2025, pero descarta nuevas reuniones con los representantes de la Industria, que se muestran muy insatisfechos con su redacción actual. O mucho me equivoco, o la nueva Ley nacerá muerta.
Un retraso que se convierte en incertidumbre
La aprobación de la Ley del Cine parecía un hecho consumado en 2023, pero el adelanto electoral truncó su desenlace. Posteriormente, en junio de 2024, el texto fue reintroducido por el Consejo de Ministros con la intención de acelerar su tramitación por la vía de urgencia. No obstante, la normativa sigue encallada en la Comisión de Cultura, sin perspectivas claras de resolución inmediata.
El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, hizo un llamamiento a los políticos durante la ceremonia de los Premios Goya 2024, en presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo su aprobación.
Las claves de una ley clave para el sector
La nueva normativa busca modernizar un marco legislativo que data de 2007, cuando la industria audiovisual era radicalmente distinta. Entre sus principales objetivos están la mejora de algunos aspectos de la Ley del Audiovisual, aprobada por la Cortes Generales con anterioridad a las últimas elecciones generales. En particular, la torticera definición de “productor independiente”. Recomendamos a nuestros lectores revisar el artículo de Jordi Carbonell publicado en Cine & Tele PRO el 19 de junio de 2024 bajo el título “La nueva Ley nos mete tres goles”.
Otros objetivos de este proyecto de ley son:
- Protección del patrimonio audiovisual, otorgando a la Filmoteca Española la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).
- Mayor transparencia en las plataformas de streaming como Netflix y Disney+, que deberán compartir datos de audiencia y visionados.
- Impulso a la producción independiente limitando el acceso a ayudas públicas para producciones realizadas directamente por las plataformas de streaming.
- Incorporación de las series al marco de la ley, algo que ha generado debate en el sector al mezclar modelos de negocio diferentes.
Como ya digo, este proyecto de ley sigue sin satisfacer a todos los actores del sector. Productores, distribuidores y exhibidores han expresado su descontento con distintos aspectos de la normativa. Especialmente los olvidados de siempre, los distribuidores independientes y los exhibidores (que no han percibido aún las ayudas prometidas por el gobierno para 2024).
Tampoco parece que este proyecto de ley se preocupe por el fomento de la exportación de las obras audiovisuales españolas
Las trabas políticas ralentizan el proceso
El difícil equilibrio parlamentario ha complicado aún más la tramitación del proyecto de ley. El Gobierno, en minoría, debe negociar cada voto en un Congreso fragmentado, donde cada formación política prioriza sus propios intereses. Además, algunas Comunidades Autónomas tienen ya transferido el 100% de la legislación y gestión de la industria audiovisual, así que estaríamos hablando de un proyecto de ley NO aplicable para todos los españoles.
Desde el sector audiovisual, la paciencia comienza a agotarse. María Luisa Gutiérrez, presidenta de AECine, advierte que, si el proyecto de ley sigue estancado, será necesario incluir de forma separada aspectos clave, como los incentivos fiscales, en otros textos legislativos para no perder competitividad internacional. Por su parte, Jordi Bosch, presidente de PATE Productores Audiovisuales, subraya que España ha perdido terreno frente a otros países en la atracción de rodajes y producción audiovisual. El abandono de las ayudas a la Asociación SPAIN FILM COMMISSION tiene mucho que ver en esto.
Tampoco ayuda mucho el continuo cambio de estructuras administrativas, pues ahora es la SETT (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica) el ente que va a distribuir 1.500 millones de euros procedentes de un crédito concedido por la UE a España para que no se frene en seco el desarrollo de los rodajes internacionales ni nacionales. Este nuevo fondo ya no tiene forma de subvención, sino que requiere la aportación de capital privado en proporción máxima del 40%, de cada proyecto, quedando el otro 60% en manos del Gobierno como coproductor mayoritario. También se puede recurrir a este fondo para ampliaciones de capital o, en tercera opción, como créditos a bajo interés y con un año de carencia.
Un año clave para el cine español
El 2025 podría marcar un punto de inflexión para la industria cinematográfica española, siempre que el Estado cumpla adecuadamente con su papel. Pero el tiempo apremia y la incertidumbre sigue presente. Mientras la política mantiene el guion en pausa, el sector audiovisual espera el ansiado desenlace. De momento, como ya he dicho, no hay previstas nuevas reuniones público-privadas, lo cual es un mal augurio.
Antonio Carballo
