La nueva Ley del Cine y Cultura Audiovisual señala que las plataformas de streaming deben compartir sus datos de la misma forma que lo hacen las salas de exhibición, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y controlar la fiabilidad de sus registros.
Seguimos analizando los cambios que traerá consigo la nueva Ley del Cine y Cultura Audiovisual, aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Esta vez nos centramos en las plataformas de streaming, que desde su aparición en el sector han cambiado significativamente la industria y han llevado a una mayor competitividad entre los medios tradicionales y los emergentes, lo que ha supuesto una constante lucha por lograr un equilibrio que el Gobierno pretende acercar con esta nueva ley.
El conflicto entre salas y plataformas lleva protagonizando el panorama audiovisual varios años. Desde los medios tradicionales se apuntaba a una disparidad en la regulación que llevaba a las plataformas a actuar con libertad absoluta, sin verse limitadas por leyes por las que sí deben regirse, por ejemplo, los cines. El objetivo del Gobierno es que esto cambie y contentar a los agentes tradicionales, otorgando un nuevo marco regulador que consiga que los servicios de streaming y las salas jueguen con las mismas normas.
De este modo, la nueva Ley del Cine y Cultura Audiovisual recoge que las plataformas deberán declarar los datos de visionado de sus obras audiovisuales, del mismo modo que lo hacen las salas de exhibición, con el fin de conseguir una mayor transparencia en el sector y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares.
Hasta ahora, las plataformas compartían sus visualizaciones con las sociedades de gestión de derechos, pero el Gobierno considera que eso no es suficiente. A partir de la aprobación de la nueva ley, las compañías tendrán que compartirlo con el ICAA, de tal forma que el organismo pueda hacer públicos los datos obtenidos de forma periódica.
El problema con el que cuenta la nueva Ley de Cine es que aún no se ha decidido cómo se llevará a cabo este análisis de los datos. Para que sea exacto, se debe tener una fuente de información fiable que asegure que los números compartidos por las plataformas sobre sus series y películas son reales. De momento, el Gobierno ha aplazado este punto, que se concretará en posteriores regulaciones reglamentarias que tendrán que determinar los ámbitos temporales, geográficos y de volumen de trabajo para la medición de los datos. Este análisis se llevará a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, además del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Tras esta noticia, parece que uno de los problemas que lleva años afectando a las salas de exhibición por fin se acabará. Sin embargo, aún queda la gran cuestión: ¿cómo harán posible que el conteo de datos sea fiable? Pese a que las intenciones de la Ley de Cine sean buenas, aún queda conocer la herramienta que se usará para medir las cifras en las plataformas. En los cines es fácil: el número de entradas vendidas es exacto, no da lugar a error. En los servicios de streaming, ¿cuál es la medida?
Se tienen en cuenta diferentes factores que se tendrán que plantear de cara a la futura reglamentación para determinar cuál es el más preciso. Entre ellos, está la opción de medir cada play que los usuarios realizan en un contenido audiovisual de la plataforma, aunque algunos estiman que no es del todo preciso; por otra parte, hay quienes apuestan por tener en cuenta los minutos de reproducción totales de cada contenido, algo que parece más exacto, pero que no termina de gustar a las plataformas.
De una forma u otra, está claro que siempre habrá quien esté descontento con las nuevas medidas adoptadas en busca de conseguir un mayor equilibrio para que se produzca una competencia leal donde todos jueguen con las mismas normas. Por su parte, las plataformas tendrán que hacer un esfuerzo por mejorar sus herramientas de conteo para mejorar la transparencia y brindar audiencias fiables al Gobierno.
