La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha hecho público su balance de legislatura: “Sin resultados en la lucha contra la piratería digital”, que ha crecido año tras año causando enormes perjuicios a las empresas y profesionales de este sector estratégico. Las industrias de contenidos exigirán al nuevo Gobierno una reacción inmediata en la lucha contra la piratería. El Estado ha dejado de ingresar 1.648 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014, unos 1.200€ por minuto el pasado ejercicio. Los Presupuestos aprobados no incluyen más medios y en las prioridades del programa del PP no se incluye la piratería pese a que el ministro de Cultura le declaró “la guerra” el pasado septiembre.
A pesar de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, declaró «la guerra» a la piratería en internet el pasado septiembre, y su predecesor Wert decía compartir esta convicción por sentirse parte del sector, no hay resultados. Una industria que según datos del Gobierno facilita 720.000 empleos y supone casi un 4 por ciento del PIB ha seguido reclamando en balde a su interlocutor en la Secretaría de Estado de Cultura hechos que dieran muestra de su voluntad de aplicar eficazmente la Ley en vigor.
Los datos son contundentes: el perjuicio económico causado por la piratería entre 2012 y 2014 suma un acumulado de 54.601 millones de euros en valor de los contenidos pirateados, según datos del Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales, realizado por la consultora independiente GfK, y ha impedido que el Estado ingrese 1.648 millones de euros en impuestos durante los últimos años.
La vía administrativa, una legislatura sin cumplir su función
El Gobierno no ha sabido impulsar la vía administrativa para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería y un afloramiento necesario de la oferta legal: la vía penal, como ha señalado el Tribunal Supremo, es adecuada para los casos más graves, mientras que la administrativa tiene por único fin restaurar la legalidad y es la que permite frenar los graves perjuicios para titulares, industria, trabajadores y arcas públicas de manera inmediata.
“Es un procedimiento dirigido contra las páginas que albergan dichos contenidos, no contra los usuarios, cuyo objetivo es la retirada rápida de los contenidos pirateados de la circulación, y que ha demostrado ya su rotunda eficacia en otros países de nuestro entorno”, señala Carlota Navarrete Barreiro, directora de la Coalición. El sector no se explica por qué no se aplica la normativa vigente pese a que las garantías son máximas, con una actuación administrativa sometida al control judicial previo que impide tomar medida alguna sin autorización del juez.
Sin embargo, los problemas del día a día en el departamento de Cultura no se han resuelto, ni con los nombramientos, ni con la reforma, y los hechos solo dejan constancia de meras declaraciones, perfilando al cierre una legislatura sin resultados. Solo es posible reconocer el esfuerzo por combatir esta lacra desde las competencias de Justicia e Interior; muy poco desde el ministerio del ramo.
Sin aplicar la ley no se soluciona el problema
Pese a dedicar tres cuartas partes de la legislatura a una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual diseñada para facilitar y propiciar resultados, durante los doce meses transcurridos desde la entrada en vigor el 1 de enero de dicha reforma las principales asociaciones de los sectores de la música, el cine, las series, el libro-editorial y el videojuego han presentado cerca de una treintena de denuncias con miles de obras afectadas y hemos llegado al fin de la legislatura sin resultados positivos.
Teniendo en cuenta que probablemente haya nuevos actores en juego con responsabilidad política en la próxima legislatura, que incluyen la lucha contra la piratería en sus programas, les pedimos a todos ellos que den el impulso ejecutivo necesario para no repetir una gestión como la pasada otros cuatro años.
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidoss está integrada por AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), CONECTA (Asociación de Canales Temáticos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), PROMUSICAE (Productores de Música de España), SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y UVE (Unión Videográfica Española), representantes de la mayor parte del sector de la cultura y el entretenimiento, un sector que, en su conjunto, aporta más del 5% al PIB nacional y genera casi un millón de empleos directos e indirectos.
