por Antonio Carballo
Parece que por fin, la nueva Ley del Cine está próxima a ser aplicable. Aprobada por el Congreso a finales de 2007, esta Ley requirió más de tres años de negociaciones previas con los distintos sectores de la industria. Ahora se cumplen dos de los más en los que se ha definido el reglamento necesario para su puesta en marcha definitiva, luego de llevarse por medio a un ministro de Cultura y un director general del Instituto.
Queda claro que grandes intereses están en juego cuando se pone tanta carne en el asador.
Después de marcarse un ambicioso objetivo para imponer una inversión mínima de dos millones de euros por cada largometraje, el nuevo director del Instituto ha visto como el grupo de presión llamado ‘Los 150 amantes del cine’ ha conseguido introducir una serie de pequeñas modificaciones que, de facto, suponen que el presupuesto real de producción descienda hasta un mínimo de 1’5 millones de euros, ya que ahora para alcanzar los dos millones se incluyen también en los gastos de promoción, publicidad y copias. En el polémico borrador, las películas que iban a costar como mínimo dos millones de euros y deberían alcanzar más de 70.000 espectadores podrían recibir un punto cada 50.000 euros invertidos y cada punto estaba valorado en 10.000 euros. Ahora, la Orden Ministerial que se publicará en el BOE estipula que para conseguir un punto se necesitan sólo 45.000 euros invertidos y cada uno se paga a 15.000 euros, mientras que el requisito de espectadores mínimos desciende hasta 60.000.
La nueva Orden incluye la discriminación positiva para las mujeres pero ampliada ya que si una producción cuenta con entre un 40 y un 60 por ciento de mujeres recibe dos puntos adicionales. También la cifra de puntos crece para aquellas películas que pueden conseguir hasta 15, frente a los 5 que recogía el borrador.
En la nueva Orden se regulan exclusivamente las ayudas públicas que tienen carácter centralizado, y no aquellas que deben articularse en cooperación con las Comunidades Autónomas. Por esta razón, se excluyen de su ámbito las futuras ayudas que puedan crearse a la innovación en el sector audiovisual (I+D+i) o las medidas de apoyo al sector de la exhibición, en concreto las mencionadas por el ICAA de apoyo a la implantación del 3D en las salas.
El acuerdo ha sido logrado, según informó el diario El Mundo del viernes 16 de octubre, después de varias reuniones entre el Ministerio de Cultura y un reducido número de representantes (entre seis y ocho) del Grupo de los 150, con la consiguiente descalificación que ello supone para FAPAE como asociación representativa del sector.
Habría que esperar al menos un par de años para evaluar los efectos de esta nueva Ley en la producción española, especialmente en sus apartados más novedosos, como son las ayudas a los telefilmes y las series de animación. También están en el aire el modo en que se contabilizarán las audiencias en Internet y otros medios no considerados hasta ahora para la concesión de ayudas.
En resumen: la producción española tiene ante sí un auténtico desafío si aspira a obtener un buen provecho de la nueva legislación.
