AOTEC ha solicitado a la Unión Europea modificaciones en la futura Ley de Ciberseguridad II y en el Reglamento de Redes Digitales con el objetivo de garantizar la competencia, la diversidad de proveedores y la inversión en infraestructuras. La asociación advierte de que el reto para Europa pasa por reforzar la autonomía tecnológica y la seguridad sin imponer barreras que limiten el acceso al mercado o perjudiquen a los operadores independientes.
AOTEC, la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones, ha presentado una batería de alegaciones ante las instituciones europeas para reclamar cambios sustanciales en dos de las iniciativas legislativas digitales más relevantes del momento: la futura Ley de Ciberseguridad II (CSA II) y el Reglamento de Redes Digitales (DNA). Según la asociación, ambas normas, tal y como están planteadas, pueden comprometer la seguridad jurídica, reducir la competencia y frenar la inversión en infraestructuras de conectividad en la UE.
El problema de la Ley de Ciberseguridad II
La mayor preocupación de AOTEC se concentra en la propuesta de Ley de Ciberseguridad II, que ampliaría la capacidad de Bruselas para excluir de las redes críticas a proveedores considerados “de alto riesgo”. La asociación no cuestiona el objetivo (reforzar la resiliencia de las infraestructuras europeas), sino el método. El texto se apoya en criterios geopolíticos ligados al país de origen del suministrador, en lugar de en evaluaciones técnicas, individualizadas y verificables de los riesgos reales de cada producto o servicio.
Este enfoque, advierte AOTEC, puede acarrear graves consecuencias en mercados como el español. España cerró su red de cobre a comienzos de 2025 y se ha consolidado como uno de los países europeos más avanzados en fibra hasta el hogar, un logro posible gracias a un entorno competitivo en el que operadores independientes y grandes proveedores internacionales compitieron en igualdad de condiciones.
Otro aspecto difícil de digerir apunta a la imposición de sustituciones obligatorias de equipamiento, circunstancia que afectaría de forma desproporcionada a los operadores más pequeños, que carecen del músculo financiero necesario para asumir ese coste. Además, el texto que baraja Bruselas plantea dudas sobre proporcionalidad, respeto a las competencias nacionales y retroactividad.
Para corregir el rumbo, AOTEC propone que los Estados miembros conserven el control sobre las decisiones vinculadas a la seguridad nacional; que cualquier medida restrictiva se base únicamente en evaluaciones objetivas y transparentes del riesgo; que se elimine del artículo 100 cualquier referencia genérica a «países de riesgo»; y que no se apliquen medidas retroactivas sobre infraestructuras ya operativas sin una compensación económica adecuada.
Las reservas sobre el Reglamento de Redes Digitales
En cuanto al DNA, AOTEC cuestiona el modelo de gestión del espectro radioeléctrico que plantea el borrador de reglamento. La asociación defiende que los operadores que acumulen frecuencias estratégicas deben estar, por un lado, obligados a ofrecer acceso mayorista a terceros cuando esas bandas permitan prestar servicios exclusivos, con el fin de evitar desequilibrios competitivos en un mercado cada vez más concentrado. Por otra parte, en estos casos también existirá una presunción de que estos operadores ostentan la condición de operadores con peso significativo en los mercados vinculados a ese espectro.
Asimismo, rechaza que se puedan conceder derechos de uso del espectro por tiempo ilimitado o con renovaciones automáticas. El espectro es un recurso público y escaso, y su gestión debe estar vinculada a plazos definidos, obligaciones concretas e inversiones verificables.
Un debate de fondo sobre el modelo digital europeo
Más allá de los detalles técnicos, las alegaciones de AOTEC evidencian una tensión real en la estrategia digital de la UE, aprisionada entre el mandato de reforzar la autonomía tecnológica y la ciberseguridad y la obligación de preservar la diversidad de proveedores y el dinamismo competitivo del mercado.
Para los operadores locales, alternativos (AltNets) y neutros, el riesgo tangible es que una regulación concebida para propiciar redes más resilientes incurra en la paradoja de acelerar la concentración del sector, debilitando a la vez el ecosistema de empresas que ha extendido la conectividad de alta capacidad a numerosas zonas rurales y poco pobladas de Europa.
