El III Observatorio de CEDRO concluye que la ciudadanía atribuye a las empresas tecnológicas la pérdida de valor del trabajo creativo y editorial, y reclama un Pacto de Estado para proteger la propiedad intelectual.
El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) presentó en Madrid la tercera edición del Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio que concluye que la ciudadanía identifica a las empresas tecnológicas como principales responsables de la devaluación del trabajo creativo y editorial, al fomentar el uso no autorizado de contenidos protegidos.
El informe propone avanzar hacia un Pacto de Estado por la protección del valor editorial, involucrando de forma transversal a los ámbitos político, jurídico, económico y tecnológico de las administraciones locales, autonómicas y estatal. La presentación corrió a cargo de Carme Riera, presidenta de CEDRO; Jorge Corrales, director general; y Héctor Jiménez, director de la consultora Qbo, responsable del estudio.
Durante la jornada, Carme Riera moderó un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la creación literaria, con la participación de Jesús Badenes (Grupo Planeta) y las escritoras Najat El Hachmi y Carmen Posadas. El acto fue clausurado por Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura.
La cultura escrita como bien de mérito y su protección como cuestión de Estado
El análisis subraya que la cultura escrita es percibida por la sociedad española como un “bien de mérito”, fundamental para el desarrollo democrático y educativo. En palabras de Carme Riera, su defensa «debe ser entendida como una auténtica cuestión de Estado, ya que sin cultura escrita no hay democracia sólida, ni educación libre, ni desarrollo social sostenible».
El estudio refleja que el 83,7 % de los encuestados considera que respetar los derechos de propiedad intelectual es una buena práctica social, asociada al autocuidado colectivo. Según Riera, «la cultura escrita requiere tiempo, esfuerzo intelectual y un compromiso ético que deben ser reconocidos legal, social y económicamente». Añadió que «si no hay sostenibilidad de la cultura escrita, la libertad de crear y editar dejará de ser un derecho y volverá a ser un privilegio, obligándonos a depender de un mecenas, como ocurría en el Siglo de Oro».
El papel de las tecnológicas en la devaluación del trabajo creativo
El informe identifica a las empresas tecnológicas como agentes que han contribuido a la devaluación del trabajo creativo y editorial. Un 45,7 % de los participantes percibe que los intereses de la tecnología y la cultura son opuestos, mientras que un 63 % considera que las tecnológicas deberían obtener permiso de autores y editores antes de usar contenidos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Además, el 72,7 % opina que el sector público prioriza los intereses tecnológicos sobre los culturales.
Riera destacó que, aunque la tecnología ha impulsado la profesionalización del sector, «también nos ha llevado a una devaluación de nuestro trabajo, y nuestros oficios, clave en sociedades cultas, avanzadas y democráticas, dependen cada vez más de la vocación de quienes los ejercemos».
La protección de los derechos de autor, una tarea transversal
Más de la mitad de los encuestados (52 %) reclama que la defensa de los derechos de autor sea una responsabilidad compartida entre los ministerios de Cultura, Transformación Digital, Industria y Justicia, y no solo del ámbito cultural.
Riera insistió en que «CEDRO propone un Pacto de Estado para la protección del valor de libros, revistas, periódicos y partituras, que involucre a todos los sectores políticos, jurídicos, económicos y tecnológicos de los gobiernos».
Déficit de información y necesidad de sensibilización
El estudio pone de relieve un déficit generalizado de información sobre los derechos de autor, que impide valorar sus beneficios sociales. Un 67,6 % de los encuestados considera insuficiente la información disponible, y un 88,7 % reclama campañas que expliquen mejor los efectos positivos de la propiedad intelectual y los riesgos que el uso inadecuado de la tecnología puede generar sobre la creación cultural.
Ejemplaridad institucional y compromiso ético
Entre las prácticas que amenazan la sostenibilidad de la cultura escrita, los encuestados señalan el plagio, la reutilización de contenidos sin autorización o el uso de obras para entrenar IA, todos ellos citados por más del 75 % de los participantes. Estas prácticas reducen el valor de las obras y generan incertidumbre sobre el futuro del sector editorial.
La ejemplaridad institucional se considera clave: el 95,8 % opina que el cumplimiento de los derechos de autor por parte de las Administraciones públicas es tan importante o más que el de las empresas tecnológicas. Proteger la cultura escrita se percibe como un compromiso ético y social, en línea con el acuerdo que mantienen CEDRO y CRUE para garantizar buenas prácticas en el ámbito universitario.
Asimismo, un 88 % de los encuestados exige alinear las políticas públicas con las expectativas sociales, advirtiendo que los sesgos institucionales que ignoran los derechos de autor o priorizan la tecnología debilitan la confianza social. Superarlos, señala el Observatorio, es esencial para garantizar un acceso responsable al conocimiento.
La inteligencia artificial: entre la fascinación y la preocupación
La IA generativa despierta un interés creciente, pero también preocupación. El 51,4 % de los ciudadanos la percibe como un riesgo alto para la sociedad, especialmente por su potencial en la manipulación informativa y la pérdida de pensamiento crítico.
«Las tecnológicas han utilizado obras de escritores, periodistas y traductores sin consentimiento ni compensación», recordó Jorge Corrales, quien subrayó que «no se trató de un descuido, sino de una decisión económica».
El informe añade que el 73 % de los usuarios utiliza contenidos preexistentes en sus prompts, lo que implica que muchos materiales empleados para entrenar IA tienen derechos de autor. Además, el 89,7 % cree que el Estado debe regular la IA en el ámbito cultural, y un 64,3 % considera que esa regulación es esencial para garantizar que la tecnología esté al servicio de las personas. El 89 % vincula el progreso sostenible a la protección adecuada de autores y editores.
«Se ha humanizado la IA para generar confianza, pero al hacerlo se diluye la responsabilidad de quienes la controlan», advirtió Corrales. «El Observatorio demuestra que la sociedad no se opone a la tecnología, pero sí exige equilibrio, transparencia y justicia».
Y concluyó: «No se trata de frenar la innovación, sino de darle dirección y sentido humano, de garantizar que el progreso tecnológico no se construya a costa de la precariedad de quienes crean».
Soluciones y líneas de acción
El III Observatorio propone varias medidas para avanzar en la sostenibilidad de la cultura escrita:
- Impulsar una legislación clara sobre el uso de contenidos editoriales en entornos digitales.
- Garantizar transparencia institucional en su utilización y distribución.
- Fomentar la formación en derechos de autor en todos los niveles educativos y en la Administración.
- Desarrollar campañas de sensibilización que pongan en valor la creación y alerten sobre las consecuencias de la piratería.
La investigación, realizada por Qbo, combina una metodología mixta basada en encuestas, entrevistas y grupos de discusión con usuarios de contenidos digitales.
Evolución del Observatorio
El Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita es una iniciativa de CEDRO destinada a analizar la situación de los derechos de autor en el sector editorial español.
El primer informe constató la desventaja competitiva del sector en España frente a los países del entorno, derivada de la baja remuneración por la reutilización de contenidos y el aumento de la piratería.
El segundo Observatorio profundizó en la percepción social de los contenidos editoriales y de la propiedad intelectual. Mostró que la ciudadanía valora y respalda el trabajo de autores y editores, y apoya políticas públicas que fortalezcan sus derechos, al tiempo que identificó los sesgos cognitivos y justificaciones que explican el consumo ilícito de contenidos digitales, agravado por la tecnología y la falta de ejemplaridad institucional.
