El banco de inversión provoca recelo en el Gobierno por sus maniobras en el sector económico español.
Es el amo y señor del Ibex 35 y el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el ojo en sus inversiones. Hasta la fecha, BlackRock pasaba inadvertido para el Ejecutivo. Eso hasta que hace escasos días, Blackrock anunciase su mayor operación corporativa de los últimos años, con la compra del fondo de inversión en infraestructuras GIP por 11.413 millones de euros, componiéndose 3.000 millones en efectivo y el resto en acciones. Según informó Financial Times esta operación anunciada ahora comenzó en realidad en otoño, cuando Blackrock se acercó al fondo de inversión buscando un modelo de negocio que se adaptara al creciente inetrés de los mercados financieros por “fondos de inversión a largo plazo centrados en la descarbonización, la seguridad energética y las redes eléctricas”. Con esta operación, la compañía se convierte en el segundo mayor inversor de infraestructuras del mundo por detrás de Macquaire. Cuando se concrete, la mayor gestora del mundo sería dueña del 20% de una empresa estratégica española como es Naturgy. Con este movimiento, el gigante de la inversión financiera se convertirá en accionista de 20 de las 35 empresas que componen el Ibex 35.
El hecho de tratarse de una empresa estratégica, en el sector energético, y la vigencia de un escudo antiopas en España, ha dirigido la mirada al Gobierno por si tiene la capacidad o no de jugar un papel en el movimiento de Blackrock. Para que un fondo o cualquier inversor pueda adquirir el 10% de una empresa estratégica ha de comunicarlo al Estado y éste dará o no el plácet. La Comisión Nacional del Mercado de Valores considera participación significativa a aquellas que superan el 3% del capital de una empresa cotizada. Blackrock aparece como tal en 19 empresas, 20 contando ya con Naturgy. Sumando todas estas participaciones, Blackrock alcanzaría los 24.800 millones de euros de valor de sus acciones en el Ibex 35.
Ante los planes del Gobierno, BlackRock emitió un comunicado en el que se oponía a la intervención estatal: «Los grandes déficits gubernamentales implican que la movilización de capital a través de asociaciones público-privadas será fundamental para financiar infraestructuras. Además, a medida que el capital se ha vuelto más escaso en un entorno de tipos de interés más altos, las empresas están explorando oportunidades de asociación para sus activos de infraestructuras, a fin de mejorar sus retornos sobre el capital invertido o de recaudar capital para reinvertir en sus negocios principales».
Además de Naturgy, BlackRock tiene una predilección por las empresas energéticas españolas: es el máximo accionista de Enagás, con un 5,42% por un valor de unos 225 millones de euros. El mismo porcentaje posee en Iberdrola, pero con una participación que ronda los 3.900 millones de euros. La petrolera Repsol también figura en su cartera con un montante de 890 millones de euros (5,5%). La sociedad mantiene posiciones en Redeia, la antigua Red Eléctrica, con un 5%, así como en Solaria, con una participación que ronda los 80 millones.
Y aunque Blackrock no participa en la toma de decisiones de las empresas en las que participa, sí cuenta con una fuerte influencia en los mercados. Sus estrategias de inversión y la voz de su consejero delegado, Larry Fink, son escuchadas en todo el mundo. Son conocidas las cartas que cada año envía a los consejeros delegados de las empresas en las que participa cada año en el que marca las dinámicas que prevé para el mercado o la posición de Blackrock en algunas materias como la transición energética o la lucha contra el cambio climático.
