Preocupación y alarma en todos los medios financieros del país por la no publicación de las listas de los mayores beneficiados por los fondos Next Generation de la UE. Estos listados deberían haber sido hechos públicos por el Gobierno de España, como fecha límite, el pasado 15 de octubre. El incumplimiento de esta orden del Consejo de Europa traerá una nueva sanción económica que tendremos que pagar entre todos los españoles.
Hay muy pocos medios de comunicación que se hagan eco de estas noticias en nuestro país. Entre ellos, El Mundo, El Español, Cope, Euroefe, El Debate, The Objective o Vozpopuli.
Entre líneas, hemos podido saber que RTVE estaría recibiendo unos 120 millones (en algún listado aparece con 76 millones, pero todo es posible en RTVE, según se miren sus cuentas) y dos operadores locales de telecomunicaciones, Avatel Telecom y Adamo Telecom Iberia con más de 70 millones cada uno. Telefónica, por su por su parte, se llevaría 43 millones.
Según esas diversas fuentes, más de la mitad de los 37.000 millones que España ya ha recibido de la UE se han transferido a Institutos Oficiales (en nuestro sector, el ICEX ha recibido 20 millones de euros para el Plan Hub Audiovisual, del que ya tendremos ocasión de hablar), Gobiernos Regionales, Diputaciones, Ayuntamientos… para que, a su vez, subcontraten las partidas presupuestarias correspondientes a los proyectos aprobados por estos mismos organismos públicos o las ejecuten ellos mismos a base de contratar a miles de funcionarios.
La otra mitad parece que irá a grandes empresas. Al final, será muy difícil saber donde terminan los fondos Next Generation, como ya sucediera con los 15.000 millones del PLAN ESPAÑA que puso en marcha el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
Según publica Vozpopuli, el Gobierno, en sus informes, indica que “un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública”. Además, añade, que “el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%)”.
De acuerdo con lo que publica Vozpopuli, aunque los fondos se empezaron a entregar en 2021, esta obligación se ha iniciado este año, aprovechando la modificación con la línea de fondos RePowerEU y por una iniciativa de Eva Poptcheva, eurodiputada de Ciudadanos.
Han cumplido ya con este ejercicio de transparencia 22 Estados miembros. Aparte de España, solamente faltan Francia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.
