El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, apuntó hace unos meses a la posibilidad de utilizar el complejo de Ciudad de la Luz como sede de la nueva radiotelevisión pública valenciana. Sin embargo, la Unión Europea pretende evitar cualquier tipo de actividad audiovisual.
La Generalidad, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), es la única acreedora de la Ciudad de la Luz. El objetivo de la administración valenciana es evitar que unas instalaciones que costaron 270 millones de euros a las arcas públicas terminen mal vendidas (aunque ninguna de las dos subastas realizadas han tenido éxito) y, probablemente, desmanteladas. Así lo manifestó el consejero delegado de Ciudad de la Luz, Miguel Mazón, a El Mundo, después de que la Unión Europea (UE) haya requerido nueva información sobre el complejo y su situación económica.
A principios de agosto el consejo de administración de Ciudad de la Luz remitió a la UE la información solicitada y, al no reconocer otros acreedores más allá de la SPTCV, apostaron por transmitir los activos y pasivos de la sociedad a su empresa matriz. Desde la dirección del complejo esperan una respuesta de Bruselas a través Ministerio a principios de septiembre.
La legislación europea defiende que, una vez suspendida la actividad cinematográfica y audiovisual que vulneraba la competencia (tal y como denunciaron varios estudios privados), la Comunidad Valenciana debe recuperar el dinero invertido tanto en la construcción como en las ayudas ilegales concedidas a la producción, una cifra que asciende a 265 millones de euros. Tras el fracaso de las subastas, ahora el complejo debe someterse a la legislación mercantil española. La actual dirección del complejo asegura que no solo puede aplicarse un concurso de acreedores, sino también otras fórmulas recogidas en la ley, especialmente cuando solo hay un acreedor, que es la propia empresa pública matriz del complejo, SPTCV y, la entidad pública IVF, que ha financiado las operaciones económicas de SPTCV.
Durante los últimos meses los pagos a los acreedores se han ido satisfaciendo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y la única deuda existente es con la propia Generalidad. Los gastos de seguridad, limpieza, luz, agua y teléfono que sigue generando la Ciudad de la Luz, en torno a 600.000€, están casi todos pagados. El personal se ha reducido al mínimo y actualmente sólo hay dos personas en nómina en el complejo para el mantenimiento de las instalaciones.
La Generalidad está tratando de ganar autonomía a la hora de rentabilizar las instalaciones, ahora que Bruselas ha permitido segregar del complejo (y, por tanto, de su venta), algunos activos, como el edificio de oficinas y el centro de estudios. Aún así, todavía parece complicada la utilización del complejo como sede de la nueva RTVV.
