Las elecciones para el Parlamento Europeo del 25 de mayo han dejado bien claro, aquí en España, que la ciudadanía desea iniciar un proceso de regeneración de la actividad política desde abajo y no desde arriba, como nos vienen ofreciendo los grandes partidos desde hace varios años sin resultados prácticos ostensibles. En el caso de la televisión en nuestro país, la historia nos dice que los políticos “de casta” han jugado un papel poco transparente y siempre muy alejado del concepto de servicio a la comunidad.
Desde sus inicios allá por 1956, la televisión en España ha sido y sigue siendo por definición legal un servicio esencial cuya titularidad corresponde en exclusiva al Estado. Todos los demás operadores –no solo empresas privadas sino también los gobiernos regionales y las corporaciones municipales- pueden prestar este servicio siempre y cuando el Estado así lo autorice mediante las leyes pertinentes. Nos referimos, claro está, a los servicios de televisión que se prestan a través del espectro radioeléctrico.
Esta puntualización es del todo decisiva, pues el espectro radioeléctrico es un bien público y no infinito, características que obligan a la existencia de un “administrador único” que actúe en representación del interés colectivo (el Estado), en cuyas manos queda la asignación de tales o cuales frecuencias para tales o cuales fines y operadores. No olvidemos que a través del mismo espectro radioeléctrico, además de la televisión, se deben cubrir otros servicios, tales como la telefonía móvil (privada), la radio (privada y pública), y demás servicios hertzianos dedicados a otros menesteres públicos, tanto militares como civiles, etc.
Pues bien: desde que nuestro Estado salió del control dictatorial en 1975 hasta nuestros días, libros y libros podrían escribirse sobre los innumerables avatares por los que han atravesado las relaciones entre el Estado y los distintos aspirantes a concesionarios de una licencia para emitir televisión por la vía hertziana. Otro tanto podría decirse de la radio, pero entonces sería el cuento de nunca acabar.
Centrándonos en la televisión, y recurriendo sólo a nuestra pequeña memoria histórica, los principales capítulos de este folletín serían:
Ley del tercer canal (público, pues el Estado ya contaba con dos, TVE 1 desde 1956 y TVE2 desde 1965). Esta ley, aprobada en 1982, permitía a los gobiernos regionales de las autonomías “históricas” con lengua vernácula propia la puesta en marcha de un canal de televisión que cubriese exclusivamente su territorio. Se inauguraron así ETB (31 de diciembre de 1982), TVC (10 de septiembre de 1983) y TVG (24 de julio de 1985). Posteriores reformas de esta Ley, bajo presión del resto de las autonomías, permitieron que todas ellas contasen con su propia emisora, siempre y cuando sus respectivos órganos parlamentarios así lo decidiesen.
Ley de la Televisión privada. Aprobada en abril de 1988, permitió la puesta en marcha, previo concurso, de:
• Antena 3 (25 de enero 1990)
• Tele 5 (3 de marzo 1990)
• Canal+ (17 de septiembre 1990)
Con la aplicación de esta Ley comenzaron los problemas entre los distintos concesionarios y entre estos y el Estado, pues Canal + había obtenido una licencia para emitir en abierto y gracias a un cuchipandeo entre el gobierno de Felipe González, el de François Mitterrand * y algunos altos funcionarios españoles directamente implicados –y bien gratificados después- Canal + emitió su señal parcialmente codificada, como primera fase de un plan muy bien estudiado para quedarse con el monopolio de la televisión de pago en España. Algo que estuvo a punto de suceder en 1996, Canal + España y Telefónica (aún propiedad del Estado) firmaron un pacto en este sentido. La pérdida de las elecciones de ese año por parte del PSOE dejó el pacto inconcluso, para satisfacción de los restantes operadores que mantuvieron su oposición al trato preferente obtenido del Estado por Canal + durante todos los 13 años de gobierno felipista.
Ley de la TV por cable. Aprobada en el año 1999 estando ya el Partido Popular en el Gobierno, con José María Aznar como presidente. Una auténtica chapuza de ley, pues planteaba unas condiciones inasumibles para obtener las necesarias licencias desde las pequeñas y medianas empresas que ya venían prestando este servicio de forma alegal. El territorio español se dividía, según aquélla Ley, en 43 demarcaciones (cada una de ellas de una extensión geográfica enorme). Para cada demarcación se convocó un concurso y en 6 de ellas no se presentó ningún aspirante. Telefónica, por el contrario, no necesitaba presentarse a ningún concurso pues contaba de antemano con una licencia para operar a nivel nacional.
La Ley, en resumen, fue un cuchipandeo entre el Gobierno y las grandes empresas de distribución de servicios domiciliarios (agua, gas, electricidad), pues sólo estas podían cumplir con los requisitos planteados por la Ley. La consecuencia es que estas grandes empresas, una vez obtenidas las licencias, no supieron qué hacer con ellas. Se invirtieron miles de millones de las antiguas pesetas en la construcción de canalizaciones subterráneos que permanecieron largos años sin alojar cable alguno, (¿alguien se acuerda de Madritel?) Finalmente, estas licencias fueron vendidas a otros operadores, (las licencias a Ono y las canalizaciones a Telefónica), que sí conocían este nicho de mercado y que, poco a poco, han ido llevando la TV por cable a varios millones de hogares españoles.
Ahora el sector está liberalizado y en fase de importante crecimiento. Los pequeños cableoperadores que lograron resistir los 13 años de persecución felipista afrontan hoy un futuro prometedor.
Ley de la TV local. Aprobada en los primeros meses del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, esta ley delegaba la potestad de conceder licencias para la emisión de un canal de TV local a los gobiernos de las distintas comunidades autonómicas. Se convocaron, de forma muy anárquica, los necesarios concursos con el resultado de que… ¡en las regiones gobernadas por el PP los concesionarios eran casi todos empresarios afines al partido y en las regiones gobernadas por el PSOE ídem de lo mismo!
Otro gran cuchipandeo político empresarial que terminó como el rosario de la aurora. Las empresas que obtuvieron licencias no supieron qué hacer con ellas, mientras cientos de pequeños empresarios que habían estado luchando durante casi dos décadas y ofreciendo en sus respectivas demarcaciones un servicio aceptable de TV de proximidad, se vieron obligados a cerrar. Los juzgados de toda España están aún llenos de demandas de los afectados. Para mayor escarnio, el mismo gobierno socialista bajo cuyo mandato se convocaron los concursos y se concedieron las licencias, finalmente decidió… ¡liberalizar el sector!
Muchos pequeños empresarios que invirtieron importantes cantidades de dinero en la realización de los proyectos para presentarse a los concursos no olvidarán fácilmente este vergonzoso episodio de la historia de la televisión en España.
Plan Nacional de la TDT. Aprobada también en los primeros meses del gobierno de Rodríguez Zapatero, es otra muestra más del desconocimiento (cuando no cuchinpandeo) de las políticos en materias concretas, tales como la administración del espectro radioeléctrico.
Esta ley es un compendio de errores, entre los cuales (y a cual mayor):
• Falta de realismo en cuanto al número de licencias para emitir a nivel nacional (todos sabíamos desde el principio que era muy excesivo)
• Falta de criterio técnico en la definición geográfica de las demarcaciones cubiertas por el mismo multiplex.
• Falta de visión comercial a la hora de evaluar la viabilidad de los costes de explotación de estos multiplex.
• Ídem ídem a la hora de evaluar otros sistemas de difusión más económicos, como el satélite, especialmente en zonas de baja densidad de población.
• Falta de previsión para permitir la expansión de la televisión en HD y en Ultra HD.
• Y, finalmente, falta de precisión para la expansión de los servicios hertzianos a dispositivos móviles 4G.
Para colmo, el gobierno de Rodríguez Zapatero no cumplió con los trámites legales necesarios para conceder nueve licencias de TDT de cobertura nacional, nueve canales que una sentencia del Tribunal Supremo obligó a cerrar el pasado día 6 de mayo.
Sólo los más cercanos a los directamente implicadas conocen al día de hoy el entramado de presiones e intereses que, sin duda, se están jugando en estos momentos para ver quién se queda con el dividendo digital resultante de estos cierres (y de otros más que posiblemente no tarden en llegar). Las grandes operadoras de telecomunicaciones y el gobierno del PP probablemente estén cocinando hoy un nuevo cuchipandeo del que más bien antes que después, tendremos todos los detalles.
Para finalizar, deberíamos hablar ahora mucho sobre el precio que todos los españoles vamos a tener que pagar por la próxima reantenización que traerá la ley del Dividendo Digital prevista para el próximo día 1 de enero de 2015. Pero eso lo dejaremos para otro momento.
1* Pues la matriz de Canal + era, como todos sabemos, de origen francés.
