Las asociaciones de producción independiente piden abrir un proceso de consulta real antes de continuar la tramitación del texto legislativo
La reactivación parlamentaria de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha generado preocupación en el sector de la producción independiente, que denuncia la ausencia de diálogo efectivo con el Ministerio de Cultura antes de su tramitación definitiva.
Las organizaciones agrupadas en PAP —entre ellas AECINE, DIBOOS, PROA, PIAF-MAPA y PROFILM— han valorado positivamente que el Gobierno retome el proyecto, pero reclaman la apertura inmediata de un proceso de consulta técnica con el sector antes de su aprobación final.
Según estas entidades, el texto que vuelve a tramitarse en el Congreso es esencialmente el mismo que fue aprobado en 2022 y remitido de nuevo en 2024, sin cambios sustanciales. En su opinión, esta falta de actualización resulta especialmente problemática en un contexto en el que el sector audiovisual ha cambiado de forma profunda en los últimos años, con la consolidación de plataformas digitales, la irrupción de la inteligencia artificial en la producción y nuevas dinámicas de consumo.
Las asociaciones critican además no haber sido convocadas formalmente a ninguna revisión del articulado en los últimos años, pese a ser —subrayan— los principales destinatarios de la norma. Consideran que la ausencia de participación del sector puede derivar en una ley “desconectada de la realidad productiva” y con riesgos de obsolescencia desde su aprobación.
Uno de los puntos más sensibles vuelve a ser la definición de productor independiente, un aspecto que ya generó controversia en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. El sector advierte de que la redacción actual podría permitir que grandes grupos audiovisuales se beneficien de ayudas y cuotas diseñadas para pequeñas y medianas empresas, reproduciendo un problema que, aseguran, ya fue advertido en su momento.
Las organizaciones recuerdan además que en su día el Gobierno se comprometió a corregir esta situación en la futura Ley del Cine, algo que, según denuncian, aún no se ha materializado.
El sector no rechaza la norma, sino que reclama su mejora. Por ello, solicita al Ministerio de Cultura de España la convocatoria urgente de una mesa de trabajo, un calendario de consultas técnicas y la creación de un grupo específico para revisar la definición de productor independiente y actualizar el articulado a la realidad de 2026.
En paralelo, el ministro Ernest Urtasun ha defendido la necesidad de reactivar la tramitación parlamentaria apelando al diálogo con los grupos políticos, aunque el sector reclama que esa interlocución se extienda también a quienes, en la práctica, sostienen la industria audiovisual.
Las asociaciones firmantes insisten en que su objetivo no es frenar la ley, sino garantizar que el texto final responda a las necesidades reales del ecosistema audiovisual español y no llegue al Boletín Oficial del Estado desactualizado.
