Tras la reciente y accidentada aprobación de la llamada Ley del Audiovisual, cobran especial importancia las declaraciones de la Directora General del ICAA, Dª Beatriz Navas, a la revista de su dirección, en relación con la mal llamada Nueva Ley del Cine, porque nada tiene de nueva, ya que no resiste un análisis del tipo “busque las siete diferencias” con la vigente Ley del Cine. Por Julio Abengózar, vicepresidente de la asociación de exhibidores NAECE.
Resulta difícil encontrar diferencias mientras que abundan los artículos literalmente copiados, repitiendo conceptos e intenciones que nunca se atendieron, como defensa de la competencia, promoción y creación de salas de cine de titularidad municipal allá donde existe déficit de salas (España Vacía), o simplemente eliminando algunas como la posibilidad de establecer una línea de ayudas a las salas que programasen cine europeo o iberoamericano por encima de la cuota de pantalla establecida.
De todos modos, si nunca se desarrolló ningún programa en ese sentido, mejor es eliminar la posibilidad, así se elimina también la tentación de exigirlo.
Pero resulta llamativo que quince días antes de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la llamada Ley del Audiovisual, la Directora General del ICAA afirmase que la nueva Ley del Cine hace una definición clara de productor independiente exactamente igual a la vigente Ley, y en ese corto espacio de tiempo, el cambio de una sola palabra en un determinado artículo de la Ley, cambie por completo el concepto de productor independiente, dando a las grandes corporaciones televisivas y plataformas la posibilidad real de ser consideradas productoras independientes. Es obvio que la definición que contempla el Proyecto de Ley del Cine sobre esta cuestión ya no sirve, que habrá de ser adecuada a la Ley ya aprobada, como también es obvio que sobre este y otros aspectos del Proyecto de Ley, el Ministerio de Cultura y el ICAA no ejercen control alguno.
Cuatro son, a nuestro juicio, las “grandes” diferencias entre este Proyecto de Ley y la vigente Ley del Cine.
La primera es que se amplía la posibilidad de obtener ayudas a la producción a obras audiovisuales diferentes a aquellas destinadas exclusivamente a salas de cine, y no es que la exhibición tengamos mucho que decir a eso, pero esto unido a lo antes mencionado sobre la definición de productor independiente y relacionado con la obligatoriedad de la televisiones y plataformas a financiar producción audiovisual, conforma un cóctel explosivo que pone en peligro la pervivencia del cine español independiente tal y como lo conocemos.
Una segunda diferencia se basa en la necesidad de establecer sistemas de control de audiencias allá donde, hasta ahora, no se llegaba, y no es que estemos en contra de ello. Si los exhibidores contribuimos de este modo con los derechos de autor, otras formas de exhibición también deberán hacerlo, aunque el proyecto de ley es bastante ambiguo en cómo deberá llevarse a cabo.
La tercera diferencia la encontramos en la llamada cuota de pantalla. La vigente Ley, que establece la cuota de pantalla en un 25%, plantea que transcurridos cinco años desde la aprobación de la Ley, el Ministerio de Cultura evaluará el impacto real de esta obligación. Pues bien, debe ser que el resultado ha sido excelente, porque se rebaja esta cuota al 20% y se elimina la posibilidad de ayudas a quienes la superen, como ya dijimos al principio. Pero no se llamen a engaño, no es que reclamemos que se mantenga la cuota de pantalla tal y como está, sino que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, se sustituya lo que hoy es una obligación, por un incentivo para que las salas programen cine europeo e iberoamericano. Ejemplos de cómo hacerlo existen en toda Europa.
Y, por último, la gran diferencia, a nuestro modo de ver, es el abandono de la creación de la Agencia Estatal del Cine, sustituyéndola por un Consejo Estatal del Cine y la Cultura Audiovisual.
En la entrevista, la Directora General del ICAA, nos viene a decir que desde la aprobación de la actual Ley del Cine ( año 2007), no se ha creado la Agencia prevista en dicha Ley, porque “ha faltado una hoja de ruta de trabajo…” y que la creación del Consejo Estatal nos servirá de “entrenamiento” para en un futuro poder abordar la creación de la Agencia.
Sinceramente, no tienen desperdicio tales afirmaciones. En primer lugar, si ha faltado una hoja de ruta, ¿a quién le ha faltado esa hoja? Sin lugar a dudas, al Ministerio, no al sector, que mucho me temo que tiene perfectamente claro a dónde quiere ir. En segundo lugar, dicha Agencia no se ha creado, entre otras causas, porque en el año 2008, el Gobierno de entonces suprimió la creación de cualquier Agencia Estatal, alegando para ello motivos de necesidad por la crisis económica iniciada en esos años, y no fue hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 cuando se dio luz verde a la creación de Agencias en los casos en que se considerase necesario.
Pero para crear una Agencia y que tenga efectividad, debe estar económicamente dotada y ahí es donde falla la ecuación, porque dicha financiación debería provenir de tres partes: del propio sector, a través de las recaudaciones en taquilla, de los Presupuestos Generales del Estado y de la aportación obligatoria de la televisiones y plataformas al sector audiovisual, y es aquí donde está el verdadero problema, pues la recién aprobada Ley del Audiovisual, establece que esa aportación, un porcentaje de sus ingresos, podrá hacerse o bien destinándola a producción propia, o ajena erigiéndose en productores independientes tal y como ha quedado redactada la Ley, o bien destinándola al Fono de Protección de la Cinematografía que gestiona el ICAA. ¿Alguien cree que se dará esta segunda posibilidad?
Es decir, se ha perdido la oportunidad de destinar fondos a una Agencia del Cine que pusiese en marcha proyectos en beneficio de toda la industria, tal como ocurre en otros países, y en su lugar se nos vende la idea de un Consejo Asesor, a imagen y semejanza, suponemos, que el existente en el INAEM, formado por más de 90 miembros y sin más atribuciones que asesorar y proponer, aunque sin carácter vinculante para nadie y sin fondos disponibles para llevar a cabo cualquier propuesta que se hiciese.
En definitiva, una nueva Ley del Cine que ni es nueva, ni es del cine, porque ha cambiado su título por el Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Y que sea Ley, aún está por ver, pues ya en su exposición de motivos contempla su aprobación para el último trimestre de 2023, coincidiendo con el final de legislatura, es decir, que en el mejor de los casos, si llega a aprobarse, será el nuevo gobierno (sea del color que sea) quien tenga que desarrollarla, pues esta Ley sin desarrollo no es nada y ya el propio proyecto, previendo esta circunstancia, introduce una Disposición Transitoria Única de vigencia temporal de determinadas normas, donde deja vigente todo el desarrollo de la Ley actual hasta tanto no se desarrolle la nueva, es decir, podemos tener nueva Ley (para 2024), pero seguiremos aplicando los mismos preceptos de la Ley actual.
Mención especial merecen las declaraciones de la Directora General del ICAA sobre las ayudas a la exhibición, pero como el asunto da para otro artículo, preferimos comentarlo de forma exclusiva, si usted, como director de esa revista tiene a bien facilitarnos la oportunidad y el espacio.
A continuación, puedes leer la versión digital de la nueva edición de Cineinforme, dedicada especialmente al Festival de Cannes 2022:
