Montero| Aramburu Abogados es una firma que ha cumplido en 2021 su 50 aniversario. Fue una de las empresas que acudió con stand al Shooting Locations Marketplace, con el fin de promover sus servicios para el mercado audiovisual. Allí hablamos con ellos y, entre otras cosas, nos destacaron la relevancia actual del contrato de financiación, una figura alternativa a la AIE con la que proyectos de presupuestos más modestos están pudiendo optar a la financiación con incentivos fiscales.
Montero| Aramburu Abogados es un despacho fundado en 1971. Hasta el año 1992 estuvo especializado en cuestiones tributarias, y desde entonces inició un proceso de diversificación que le ha llevado a convertirse en un despacho plenamente multidisciplinar.
En la actualidad cuenta con seis sedes: Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Huelva.
La firma, que cuenta con alrededor de 200 profesionales entre abogados y economistas, inspira su práctica profesional en los principios como el conocimiento de los sectores económicos, la prontitud de respuesta, la obtención de resultados, el uso de la tecnología y que son un despacho de clientes, no de asuntos.
En el audiovisual, tiene como clientes a multitud de productoras cinematográficas y de televisión, aportando servicios para la planificación fiscal y optimización de incentivos fiscales, contratos de cesión de derechos de explotación, contratos de coproducción nacional/internacional, acuerdos de encargo de servicios de producción (PSA), informes de revisión de la cadena de titularidad del proyecto, informes clearance, asesoramiento en materia solicitud de ayudas públicas y de reconocimiento de coste, etc.
Durante el Shooting Locations estuvimos charlando con ellos para conocer más en profundidad su relación con este sector. ¿Qué les diferencia de otros despachos? «Nos caracterizan tres cosas fundamentalmente: la primera es que los compañeros que trabajamos en el área de Entretenimiento y Deporte tenemos una relación con el sector del audiovisual que va mucho más allá de los conocimientos jurídicos y tributarios especializados que se nos presuponen y se complementa con una visión económica y práctica de la realidad empresarial de nuestros clientes, lo cual nos ayuda a comprender mejor sus necesidades y a encontrar la solución adecuada a sus problemas», comienza diciendo Rodrigo Gallego, abogado del área de Entretenimiento y Deporte.
La segunda es que cuenta con «un equipo multidisciplinar y transversal en el que se integran numerosos profesionales de otras áreas como el Derecho Laboral, Administrativo o Mercantil, e incluso la Gestión y la Contabilidad», lo que implica que pueden «responder de manera solvente y ágil ante cualquier tipo de consulta».
La tercera es que son «expertos en la búsqueda y localización de inversión para los proyectos de nuestros clientes, avalándonos en este sentido más los hechos que las promesas».
Los incentivos fiscales son cada vez más importantes en la producción audiovisual. La creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) está a la orden del día pero se están abriendo vías interesantes con el llamado contrato de financiación que desde esta firma quieren resaltar.
«Consideramos que el contrato de financiación está permitiendo que proyectos audiovisuales que antes descartaban la financiación a través de incentivos fiscales, ahora puedan acceder al aprovechamiento que generan. Esto se debe a que cuando se realiza la estructuración mercantil de AIEs se incurre en costes que para proyectos audiovisuales con presupuestos más modestos pueden suponer partidas elevadas habida cuenta del presupuesto manejado. Dichos costes solían hacer desdeñable el aprovechamiento de los incentivos fiscales a los que estas obras podían tener acceso», explica Gallego.
Mediante el contrato de financiación, y gracias también a la mayor agilidad que implica el procedimiento, concentrado en un único acto, proyectos de presupuestos más modestos «han comenzado a estructurar sus planes de financiación teniendo en cuenta el incentivo fiscal». Es una figura que «insta a una mayor seguridad jurídica ya que la rentabilidad del inversor se encuentra topada a un máximo del 20%, aparece regulado su régimen jurídico expresamente en la Ley del Impuesto y la propiedad intelectual y beneficios generados por la explotación del proyecto son mantenidos por la productora«.
