El Ministerio de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, está acelerando al máximo los plazos para aprobar una nueva Ley de Telecomunicaciones que no termina de contentar a nadie.

Tras someter a audiencia pública dos veces el texto que definirá las líneas maestras de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, todo parece indicar que el tercer texto llegará al Congreso en octubre para tramitar definitivamente su aplicación. Si nada se tuerce, debería estar aprobada para su entrada en vigor a finales de este 2021 o a principios del año próximo. Fuentes del Gobierno indican que no esperan grandes modificaciones en este último trámite parlamentario.

Sin embargo, las distintas partes interesadas todavía están pendientes de si se han incluido en este último borrador distintas apreciaciones que no constaban en la segunda versión del proyecto y que se consideran de notable importancia. Por ejemplo, todavía falta por saber si se definen en él diferentes aspectos relacionados con las plataformas de compartición de videos online, tal como Youtube, Twitch o Instagram, así como el régimen que debe regular a los creadores de contenido que operan en ellas.

Preocupa especialmente también a las instituciones, entre las que se encuentra una CNMC que hizo hincapié en la necesidad de revisar este punto por parte de la Secretaría de Estado, la situación que presentarán en adelante las plataformas OTT tales como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. La segunda revisión del texto indicaba que estas serán consideradas un prestador de servicios audiovisuales más… que estará sujeto a las obligaciones de tributación e inversión del país en el que estén establecidas. Pero esta apreciación presenta el problema de que muchas de estas plataformas tienen su sede fiscal fuera de España, y por tanto, quedarían exentas de muchas de las obligaciones con las que sí cuentan el resto de operadores.

Esta situación preocupa especialmente a la entidad encargada de velar por una competencia justa en el mercado, que solicitó expresamente en su valoración la necesidad de un marco normativo específico que se ajuste a las particularidades de este tipo de entidades. Sin embargo, sí valoró especialmente la inclusión en el texto de la obligación que tendrán en adelante de contribuir con un 1,5% de sus ingresos en España a la financiación de la televisión pública.

Este último apunte también es visto con recelo por parte de las asociaciones autonómicas de productores, puesto que consideran injusto que esta obligación de financiación deje fuera de su consideración a las televisiones autonómicas y a la producción de obras en las diferentes lenguas cooficiales de España. Desde estas instituciones se considera imprescindible que las obligaciones que se impongan a los grandes gigantes OTT del mercado, deben incluir el apoyo económico a aquellos proyectos que pongan en valor la diversidad y riqueza del patrimonio cultural español, desde el ámbito de la diversidad lingüística.

TOQUE DE ATENCIÓN DESDE BRUSELAS

Desde las instancias Europas se señala que ha existido un retraso importante por parte de España a la hora de transponer la normativa aprobada hace tres años que buscaba proteger el cine y las series europeas ante la llegada de las grandes corporaciones estadounidenses. Una normativa que señala, entre otros asuntos, que sus catálogos en este lado del charco deben incluir un 30% de obras europeas a las que se diera “prominencia”. El primer anteproyecto de ley en España señalaba que de ese porcentaje, la mitad debía estar destinado a obras en español u otras lenguas cooficiales.

También debía adaptar España a sus circunstancias la orden europea de que cada país debe exigir a estas grandes plataformas la inversión de una parte de sus ganancias a la producción de películas y series en su territorio. El Gobierno señaló en las primeras versiones del texto que esta debía ser de un 5%, aunque otros países han marcado porcentajes mucho mayores con intención de defender su patrimonio cultural, como es el caso de Francia que ha marcado el porcentaje en un 20%.

El enfado de Bruselas con España radica en que, a pesar de que se transmitió tres años atrás la urgencia de que los países efectuaran las acciones necesarias para aplicar esta normativa en cada territorio, el Gobierno se ha retrasado tanto en hacerlo que las plataformas han podido expandirse y operar en un entorno mucho más desregulado del que hubiera sido deseable para los intereses europeos. De hecho, la UE envió recientemente un dictamen motivado a España avisando al Gobierno de que tenía dos meses para remediar la situación. Una situación que todavía está por ver si se solventa dentro del plazo marcado.

PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES

Las pequeñas y medianas empresas del ámbito de la producción han transmitido también su preocupación, a través de la recién nacida Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP), sobre un asunto clave de esa nueva Ley Audiovisual. Según señalan, los textos no recogen en ninguna de sus apreciaciones la definición de lo que se considera una productora independiente.

Según consideran, aquella productora que tenga “una dependencia notoria y a veces incluso societaria de una gran compañía de televisión, puede ser de gran valor para el sector y ofrecer trabajos audiovisuales excelentes, pero no se puede afirmar que sea una productora independiente». También explican que debería excluirse de la definición de productora independiente europea a aquella que cuente “con un alto porcentaje de capital extracomunitario”.

Además de la correspondiente especificación acerca de lo que significa ser una productora independiente, también se solicita un posicionamiento más claro con respecta a “estructura de propiedad de los prestadores de servicios de comunicación” y con respecto a las “obligaciones de financiación y promoción de obra audiovisual europea”.

EL DESARROLLO DEL 5G, PROTEGIDO POR LA LEY

Como se lleva tiempo comentando en el ámbito de los operadores locales de telecomunicaciones, está previsto que la implementación del 5G en España constituya un punto de inflexión en la vida social del país. Se considera que se tratará de un elemento disruptivo que, una vez aplicado a la vida de los ciudadanos, transformará de arriba a abajo los diferentes ámbitos sociales: trabajo, educación, sanidad, movilidad…

Teniendo en cuenta la importancia de su desarrollo, la Ley recogerá una bonificación destinada a aquellos operadores que realicen en los próximos años despliegues de redes 5G. Estos, quedarán exentos de la obligación de tributar directamente un 0,9% de sus ingresos, obligación a la que están sujetos por su condición de operadores de telecomunicaciones. Por el contrario, tendrán que seguir abonando su tasa correspondiente por la utilización del espectro público radioeléctrico.

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