En palabras de Estela Artacho, presidenta de Fedicine -una de las entidades firmantes de la reclamación conjunta enviada al consejo y Parlamento Europeo-: “se hace muy necesario en el contexto actual el refuerzo de la protección al consumidor, así como la extensión del alcance de las  obligaciones de KYBC a todos los intermediarios de la red, contribuyendo de este modo a un  Internet más transparente y seguro”.

La Unión Europea se ha convertido en el lugar preferido para alojar portales web pirata de Estados Unidos, América Latina y Rusia. Por ello, 80 asociaciones y empresas que representan a múltiples sectores a nivel nacional e internacional -como el cultural, el juguetero o el farmacéutico, entre otros- han enviado una carta de petición a los miembros del Consejo y del  Parlamento Europeo para reivindicar que todos aquellos que operan en sus diversas  modalidades en la web cumplan con las obligaciones de “Conozca a su cliente comercial” (KYBC  por sus siglas en inglés: ‘Know your business customer’).

La herramienta KYBC -abordada en  detalle en este portal web (en español) recientemente lanzado- busca combatir directa y eficazmente el fenómeno de la piratería digital, uno de los principales obstáculos para los  consumidores y usuarios de la web en términos de seguridad, violaciones de la privacidad, robo  de datos y phishing.

En particular, la carta enviada a Bruselas pone el foco sobre el hecho de que la Ley de Servicios  Digitales (Digital Services Act), en su artículo 22, sólo exige las obligaciones KYBC a las grandes  plataformas del mercado y no extiende el rastreo y la identificación del negocio solicitante a los  servicios de infraestructura: registradores de dominio, proveedores de alojamiento, proveedores  de redes de distribución de contenido, proveedores de servicios de publicidad y pago, de los que  dependen los operadores que actúan ilegalmente. De esta manera, se facilita la proliferación de  grupos criminales que se lucran violando la ley de forma anónima en la web. En la carta se  expresa que este enfoque limitado es una oportunidad perdida para abordar la amplia gama de  contenidos ilegales, incluidos, entre otros, medicamentos de baja calidad o falsos, contenido de  abusos sexuales, falsificaciones varias, software malicioso, juegos de azar ilegales o piratería.

Entre los firmantes están la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), Mediapro,  y organizaciones de ámbito europeo y global como la Motion Picture Association (MPA), la Alianza de las farmacias digitales seguras (ASOP por sus siglas en inglés), la Federación  europea de libreros (EIBF), la Asociación europea de marcas (AIM), la Alianza de industrias  culturales y creativas (ECCIA), la Federación europea de industrias y asociaciones farmacéuticas  (ECCIA), la Red europea de distribuidores y editores de películas independientes (Europa  Distribution), la Federación de editores europeos (FEP-FEE), la Federación de guionistas  europeos (FSE), la Federación de industrias de bienes deportivos (FESI), la Federación europea  de software interactivo (ISFE), la Asociación internacional de editores científicos, tecnológicos y  médicos (STM), la Confederación internacional de editores de música (ICMP), la Federación  internacional de actores (FIA), la Federación internacional de asociaciones de distribuidores  cinematográficos (FIAD), la Unión internacional de Exhibidores (UNIC), la Federación  internacional de Vídeo (IVF), Industrias del juguete de Europa (TIE) o la Federación mundial de  anunciantes (WFA), entre otros.

De acuerdo con Javier González Fernández-Pacheco, director general de la Asociación para la  Defensa de la Marca (Andema), compuesta por más de 70 empresas de diferentes sectores  económicos, “tras un año en que la pandemia ha disparado el uso de servicios y compras  digitales, es fundamental que se incorporen las medidas necesarias para luchar contra la  distribución y venta de contenido, servicios y productos ilegales en Internet. Gracias al anonimato  del entorno virtual, faltan mecanismos para que una vez localizado ese contenido o artículo ilegal, como las falsificaciones, no vuelvan a distribuirse con otra cuenta y pueda identificarse plenamente al infractor”.

Por otro lado, Antonio Maria Ávila, Director Ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores  de España (FGEE), considera que “el mayor ataque al consumidor es precisamente la piratería  porque no hay ningún tipo de garantía ni respeto a la calidad, ni al producto responsable. Europa  no debe ser un hogar de piratas, nunca lo fue”, mientras que José María Moreno, director general  de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), valora que “se trata de una reivindicación muy  necesaria en el contexto actual para reforzar la protección al consumidor en el entorno digital”.

Por último, según Marta Mercader, secretaria general de la Asociación Española de Fabricantes  y Distribuidores de Artículos Deportivos (AFYDAD), “la asociación aboga por un alcance más  amplio de una disposición que podría garantizar una mejor trazabilidad de comerciantes y  posibles falsificadores, ofreciendo más seguridad en un entorno cada vez más digital”.