Hoy ha tenido lugar el encuentro ‘Autopistas contra el fraude de contenidos: Los acuerdos voluntarios como instrumento eficaz y necesario’, organizado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro (LIBER), que se celebra por primera vez de manera virtual entre el 27 y el 29 de octubre a causa de la pandemia. El prestigioso analista internacional Nigel Cory explicó, desde Washington, los detalles de un informe que ha elaborado y que subraya cómo los acuerdos voluntarios entre los distintos agentes son fundamentales para combatir la piratería digital.
Esta mesa redonda se ha dividido en dos partes. Por un lado, se ha presentado el informe ‘¿Cómo ayudan los acuerdos voluntarios entre las principales partes interesadas a combatir la piratería digital?’, a cargo de su autor, Nigel Cory, el experto y analista de Política Comercial del Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). Por otro, varios representantes y expertos del sector han debatido sobre los retos a medio plazo para luchar contra la piratería de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual
El estudio, aunque remarca que «no existe una única y sencilla solución para combatir esta lacra» de la piratería en Internet, apunta a los acuerdos voluntarios entre los diferentes actores- titulares de derechos, prestadores de acceso, responsables de publicidad o registradores de dominios como una vía que puede desempeñar un papel clave.
Estos acuerdos pueden incidir directamente en servicios y procesos que permiten que las webs de contenidos ilícitos se beneficien con el acceso a contenido ilegal como si se tratara de negocios legales. Existen evidencias en distintos países que demuestran la capacidad de modificar el comportamiento del consumidor, reducir la piratería y aumentar la oferta y las ventas legales cuando se activan este tipo de acuerdos de autorregulación.
Se recomienda a los gobiernos fomentar de manera más «proactiva» acuerdos voluntarios junto con otras políticas contra la piratería como parte del debate.
“La colaboración entre los distintos sectores de la economía digital puede desestabilizar la parte de la ecuación correspondiente al abastecimiento de piratería digital, para que así el funcionamiento de los operadores ilícitos resulte más difícil y costoso”, afirma Cory.
Los acuerdos consiguen, según Cory, que las páginas web con contenido ilícito «sean bloqueadas o eliminadas a fin de que no puedan operar y obtener beneficios como si fueran empresas legítimas». Además, tienen un «efecto importante en los hábitos de consumo, reduciéndose el consumo de piratería y aumentando la oferta y las ventas legales».
En el informe, se determina que los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como otros países, han de respaldar «la investigación y las conversaciones sobre cómo los acuerdos voluntarios deberían ser un componente habitual del conjunto de instrumentos contra la piratería digital». Asimismo, aboga por que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) establezca los principios y procesos básicos necesarios para crear un formato para estos acuerdos voluntarios.
«Los acuerdos voluntarios o códigos de conducta pueden ser el complemento idóneo»
A continuación, varios representantes de las industrias culturales han intervenido para arrojar luz sobre esta cuestión, que a pesar de haber menguado con el paso de los años, sigue ejerciendo un enorme daño en el sector.
El director de EGEDA, Octavio Dapena, ha defendido la necesidad de buscar «soluciones rápidas contra el fraude de contenidos» ante la «inmediatez de la demanda de contenidos audiovisuales».
«Estamos asistiendo a un cambio en los instrumentos de fraude, pero también en los modelos de negocio que lo alimentan, y necesitamos para combatirlo nuevas herramientas», ha indicado Dapena, haciendo referencia al dato de que el 29% de los internautas tiene decodificador IPTV y el 21% ha accedido a una VPN para uso personal, además del hecho de que ha aumentado hasta el 23% de los accesos a contenidos ilícitos a través de las redes sociales.
El abogado de Pérez Llorca y asesor de AEVI Andy Ramos ha destacado que «la lucha legal contra la piratería en la industria del videojuego ha logrado grandes avances», pero cree que se debe seguir combatiendo «con los medios legales y privados» tales como «la desindexación de contenidos, el planteamiento de procedimientos judiciales o administrativos y las campañas de concienciación para conseguir una mayor valoración y respeto de las creaciones intelectuales”.
Según Javier Díaz de Olart, director de CEDRO, Javier Díaz de Olarte, es «imprescindible» contar con la «colaboración» de responsables de redes sociales o de mensajería instantánea, donde tiene lugar la «difusión masiva e incontrolada» de libros, periódicos, revistas y partituras.
Díaz de Olarte también ha destacado la importancia de contar con el apoyo de «agentes clave» como Apple o Google, y ve crucial la próxima transposición de la directiva 2019/790 «para consolidar la colaboración entre los representantes de los titulares de derechos, autores y editores en el caso de CEDRO y estas plataformas tecnológicas».
Beatriz Sánchez Eiguíbar, directora de los Servicios Jurídicos de Promusicae, entiende que lo más eficaz es bloquear las páginas web ilícitas a través de los prestadores de servicios de acceso a Internet, ya que que cubren aspectos que «no abarcan convenientemente las acciones judiciales», como pueden ser los «bloqueos dinámicos«, que «se extiendan a cualquier dominio que utilice esa web en el futuro, así como a los espejos y proxies«.
Hay que recordar que, según los datos que recoge el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales, solamente en 2019, los accesos digitales ilegales a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual ocasionaron un perjuicio al sector de2.437 millones, mientras que el Estado, habría dejado de ingresar, un total de 673 millones de euros, lo que suma un acumulado desde 2012 de 4.658 millones, impidiendo también la creación de casi 120.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos solo en España.
Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, ha cerrado el evento remarcando que “los acuerdos voluntarios o códigos de conducta» tienen un carácter estratégico muy importante porque «pueden ser el complemento idóneo para el conjunto de medios y medidas que ponen freno a la devastadora oferta ilegal de contenidos digitales”.
Desde La Coalición llevan mucho tiempo trabajando en estas iniciativas, pero «es crucial que los poderes públicos y el Gobierno crean en ello y lo apoyen; sólo así se podrá consolidar lo que sería un avance pionero en nuestro país y a nivel internacional importantísimo”.
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), CONECTA (Asociación de Canales Temáticos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), FGEE (Federación de Gremios de Editores de España) PROMUSICAE (Productores de Música de España) y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), representantes de la mayor parte del sector de la cultura y el entretenimiento, un sector que, en su conjunto, aporta más del 4% al PIB nacional y genera casi un millón de empleos directos e indirectos.
Puedes leer el informe completo, en español, elaborado por el experto Nigel Cory aquí.
