El presidente de Aotec, Antonio García Vidal ha criticado que Gobierno central haya reducido la capacidad de las pymes para acceder a las ayudas europeas a la banda ancha hasta eliminarlas. 

García Vidal ha exigido que se cambie el PEBA y se elimine el límite de un proyecto por provincia, ya que con este modelo sólo pueden optar a recibir ayudas los grandes operadores nacionales y regionales. De este modo se elimina la competencia de los pequeños operadores y se abandona a su suerte a los municipios más pequeños, poco interesantes para las grandes operadoras  Además, recuerda que el operador local fue pionero en instalar fibra en 2007, “mucho antes de que se arbitraran ayudas”. Por ello, considera que “dar la espalda a estas empresas negándoles el acceso a los fondos comunitarios no es de recibo”.

Por el contrario, defiende que el territorio-base para solicitar ayudas sea, como hasta ahora, el término municipal y que se establezca un sistema para otorgar mayores ayudas cuánto más pequeña sea la población, de forma que para el operador sea rentable darles el servicio. 

La discriminación positiva para zonas reducidas se encontraba recogida en la actual orden de bases pero se ha eliminado en la convocatoria vigente. Las ayudas serán lineales, lo que llevará a que los grandes operadores prioricen las zonas más pobladas en detrimento de la ESPAÑA VACIADA. Estos territorios, como les ocurre con otros servicios e infraestructuras, deberán seguir esperando a posteriores convocatorias para ser cubiertos.

A todo ello, García Vidal ha añadido que los operadores locales “tienen su asiento natural en las poblaciones pequeñas. Expandirse en este tipo de territorios es su día a día por lo que actúan con mayor agilidad y optimización de los costes. Somos más eficientes que las grandes”. El presidente de Aotec ha lamentado también que el Ejecutivo “haya hecho oídos sordos” a un sector de casi 900 empresas que se ubica en la España rural. “El Gobierno no ha valorado suficientemente el activo que suponen las pymes para los territorios en los que se asientan en términos de generación de empleo (con un 15% de los puestos de trabajo directos del sector teleco pese a tener un 3% del negocio), así como en la movilización de la riqueza y de dinamización del tejido empresarial. Es lamentable. El Ejecutivo debe entrar en razón”. 

Aotec ha mantenido varias reuniones sobre el PEBA con el Gobierno, con el que mantiene un diálogo abierto. “No se puede pretender que las pymes se expandan con dinero propio y las grandes corporaciones con subvenciones“. Por otra parte, García Vidal ha reivindicado que en las actuaciones para la digitalización de los territorios rurales “se tenga en cuenta al operador local”. El representante de Aotec ha vuelto a defender la necesidad de un “gran pacto por la digitalización en España donde estén todos los sectores implicados e incluso los ciudadanos“. 

Señala que inicialmente las ayudas se otorgaban sin un mínimo de inversión y que en dichas convocatorias el operador local se hacía mayoritariamente con aquellos proyectos que presentaban porque “somos tres veces más eficientes en el uso del dinero público que las grandes y medianas operadoras“. Pero cabe recordar que el año pasado se obligó a que el importe mínimo de los proyectos fuera de 100.000 euros, restringiendo las posibilidades para el operador local, “no porque no tuviera proyectos, sino porque para poder participar debía acreditar unas inversiones de más de 300.000 euros en los tres últimos años”. 

AOTEC da voz a un sector con un tamaño significativo, compuesto por casi 900 pequeñas empresas repartidas por todo el territorio nacional, que generan 6.000 empleos directos

En el caso de la orden actual se deja al operador local totalmente fuera al otorgar un sólo proyecto por provincia. Y lo hace creando un marco normativo que permanecerá vigente hasta 2022, con lo que dejará a las pymes sin opciones para cualquier actuación futura. Asimismo, el presidente de Aotec ha criticado que los operadores locales “hemos defendido que un aval bancario serviría para justificar la solvencia económica de una pyme, algo que ahora se utiliza y que se nos negaba en anteriores convocatorias, limitando los proyectos de las pymes”.

La del aval es una herramienta que ahora ya no puede usar el operador local dada la envergadura del importe de los proyectos provinciales, que exigirían avales “inalcanzables para cualquier pyme”. Por último, Antonio García Vidal ha hecho mención a la pandemia añadiendo que un país que ha afrontado una pandemia como el Covid, no puede permitirse el lujo de ignorar a sus pymes.