El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que se trata de una “importante” norma para un “sector estratégico” en la comunidad.

Andalucía ya tiene Ley Audiovisual  y ha sido aprobada de forma unánime. En su intervención en el debate final, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, ha agradecido su participación a los grupos políticos y al sector en la tramitación parlamentaria porque “han trabajado intensamente, desde que entrara la ley en la Cámara hace un año”.

Jiménez Barrios ha señalado que “el camino acaba de empezar” y que “el desarrollo reglamentario es tan importante como la propia ley”. En este sentido, ha mostrado su “completa seguridad” de que el “espíritu que ha presidido su elaboración seguirá siendo el que presida también el resto de la reglamentación que ordene una norma tan importante”.

La Ley Audiovisual de Andalucía permite dotar a Andalucía de un instrumento propio que, partiendo de los contenidos mínimos que establece la legislación básica estatal, establece una regulación adaptada a la realidad audiovisual andaluza, reforzando y avanzando en el desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía.

Entre otros, destacan los derechos de las personas con discapacidad, la protección de las personas menores y mayores, la apuesta que realiza por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la batería de medidas que recoge para mejorar la eficacia en la lucha contra las llamadas emisoras piratas o ilegales.

Asimismo, la ley recoge el cambio social al que asistimos en el que las personas ya no son simples receptoras de la comunicación audiovisual, sino que son productores activos de la misma. En este sentido, la ley contempla la creación de un Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, según demandaba el sector.

Del mismo modo, esta ley mejora, refuerza y avanza en el desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía andaluza. Para ello, desarrolla un catálogo de derechos de la ciudadanía en que contempla a las personas usuarias como parte integrante e indisoluble de la comunicación audiovisual.

Defensa del servicio público

Otro de los aspectos destacados de la ley es la defensa que hace del servicio público de comunicación audiovisual. En esta línea, se defienden y se potencian los medios de comunicación social de titularidad pública, autonómicos y locales, así como de los medios de proximidad, a la vez que se fortalecen los mecanismos de control del servicio público local. Igualmente, la norma pretende fomentar el empleo estable.

Asimismo, se reconocen como servicio público audiovisual los que puedan ser prestados por las universidades públicas andaluzas y los centros docentes públicos no universitarios.

La ley también regulariza la situación de los prestadores comunitarios sin ánimo de lucro, para lo cual define las condiciones de la prestación, la gestión de sus licencias, así como el control y la supervisión de su funcionamiento.

Otro de los aspectos destacados de la norma es que fomenta la creación, producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales andaluzas y que se crearán nuevas rutas cinematográficas como mecanismo para la promoción turística. También, recoge la puesta en marcha de ayudas a la financiación, incentivos y bonificaciones fiscales a las actividades audiovisuales y cinematográficas.

Junto a ello, la ley refuerza la inspección y el régimen sancionador. De esta forma, se establecen nuevas obligaciones y unos importes para las sanciones más ajustados a la realidad del sector audiovisual andaluz, que oscilan entre los 10.000 euros para infracciones leves hasta el millón de euros para infracciones muy graves

La norma incluye también instrumentos jurídicos más eficaces para acabar con la piratería y las emisiones ilegales. Para ello, prevé el refuerzo de la actividad inspectora y la prohibición de incluir publicidad en emisiones sin licencias.

En definitiva, se trata de una nueva ley que desarrolla al máximo las competencias de la comunidad autónoma y contribuirá a la creación de empleo y riqueza y a una sociedad andaluza más cohesionada y avanzada.