Al fin una buena noticia para el Cine. El 1 de enero llegan, con el año nuevo, las nuevas normas de financiación que pondrán fin a las dudas sobre las ayudas que reciben cineastas y productores para rodar una película. Han costado cuatro años, pero aquí están, por fin.

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Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte

La publicación el pasado 23 de diciembre en el BOE de las dos órdenes firmadas por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el 18 de diciembre, supone la culminación del cambio de modelo que ya quedó regulado por la reforma de la Ley del Cine, aprobada el pasado mes de mayo, y desarrollada por el reglamento aprobado a principios del presente mes de diciembre.

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Lorena González, Directora General del ICAA

La directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Lorena González, ha explicado que era necesario concluir el proceso en el que ya se habían debatido las reglas del juego con todo el sector: “No podíamos dejar en el aire una norma que ya estaba cambiada por una ley del mes de mayo y lo hemos hecho cuando se debía hacer”.

LA OPINIÓN DE FAPAE

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Sin embargo, el presidente de FAPAE, Ramón Colom, no opina lo mismo. “Después de dos años de negociaciones, el texto se publica con unas prisas que se podrían haber ahorrado con más planificación, sobre todo porque se hubiesen evitado errores que hemos visto y otros que, supongo, se tendrán que ir corrigiendo”, como por ejemplo, que “se aclare bien el concepto de cuánto es el beneficio real de una película”. Aún así, Colom ha reconocido que, sin el texto publicado el 23 de diciembre, el sector se quedaría en un “vacío legal difícilmente salvable en la actual coyuntura política”.

Colom también se ha referido a la necesidad de que el presupuesto destinado para la entrada en vigor de la Ley del Cine sea mayor.

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Ramón Colom, Presidente de FAPAE

Son dos las órdenes incluidas en esta reforma, la primera con respecto a las ayudas a la amortización y la segunda referente al control del gasto a la hora de asignar las ayudas. Con la primera orden, el régimen de ayudas “a la amortización” en la producción de cine se ha instaurado una nueva línea de ayudas anticipadas, lo cual permitirá la financiación progresiva de las producciones cinematográficas durante el proceso productivo, y no transcurridos dos años desde el estreno de las películas, como venía sucediendo.

La segunda orden, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor, permitirá controlar mejor el gasto al reconocer la necesidad de “dotar de mayor transparencia la acreditación del coste” y le da al ICAA la potestad de verificar que “el coste declarado se corresponde exactamente con la documentación que lo acredite y con el tipo de gastos y periodos reconocidos por la orden”.

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Sin embargo, González ha aclarado que hasta 2018 estaremos en un periodo transitorio de convivencia de los dos modelos que funcionará así: en febrero de 2016 se convocará la amortización de las películas estrenadas en 2014; al año siguiente, las del 2015, y al siguiente, las de 2016.

El presidente de FAPAE se ha mostrado conforme con que la orden incluya algunas de las alegaciones presentadas por ellos, como que se haya eliminado el presupuesto diferenciado para producciones con versión original en lenguas cooficiales, o que se haya reducido de 700.000 a 400.000 el presupuesto mínimo de acceso para el caso de los documentales.

El nuevo modelo distingue dos tipos de ayudas que son excluyentes entre sí: las generales y las selectivas. Las primeras están pensadas para producciones ambiciosas, con un coste mínimo de 1,3 millones de euros y 700.000 si es en lengua cooficial. Para acceder a ellas debe acreditarse una financiación garantizada de al menos el 40 % mediante contratos anticipados con televisiones y distribuidores, entre otros.

El 50% de los gastos presupuestados debe hacerse en España, y al menos un 15 %, con un límite de 800.000 euros, debe destinarse a copias y publicidad. Se requiere un estreno simultáneo como mínimo en 40 salas (30 salas, si se trata de documentales o lenguas cooficiales).

En cuanto a las ayudas selectivas, están pensadas para proyectos con especial valor cultural, social, documental o de nuevos realizadores. La orden obliga a reservar al menos un 15 % de la dotación anual del fondo de ayudas para este tipo de subvenciones, y de esa cantidad una horquilla entre 15 y 25 % a documentales.

La cuantía de la subvención puede alcanzar un máximo de 500.000 euros, siempre que no supere el 40 % del coste del proyecto. Los requisitos que se piden son un coste máximo de 1,6 millones de euros y un 10 % del presupuesto garantizado mediante contratos con televisiones o distribuidoras. También, que al menos un 50 % de los gastos se realicen en España o en equipos españoles y un 10 % mínimo en publicidad y copias.

De cualquier forma, se trata de un logro para todo el sector cinematográfico español, pues ya era hora de que el actual Gobierno en funciones cumpliese lo que ofreció al comienzo de la legislatura el ministro Wert, hace ahora cuatro años justos.

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José Ignacio Wert, ex-Ministro de Educación, Cultura y Deporte