Con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso ha aprobado la Ley por la que se modifica el polémico  texto refundido de LPI. La norma establece en su texto un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos considera que esta Ley “nace muerta”, puesto que no ha sido incorporada ninguna de las mejoras propuestas, unánimemente, por el sector y la oposición política.

Tal y como ya hiciera en el Senado, el Grupo Popular ha desoído, para variar, el sentir cultural de la ciudadanía, de la Comisión Europea, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, y ha aprobado en el Congreso la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones. La oposición han coincidido en acusar al Gobierno de haber incumplido sus promesas de consenso y de perder una oportunidad para ello, mientras que el PP ha defendido que la reforma cumple sus fines: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

El texto que entrará en vigor el 1 de enero  recoge, entre otras cosas, el mantenimiento del pago de los derechos por copia privada (que sustituyó al antiguo canon digital) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero de manera transitoria; establece para las entidades de gestión el sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago, imponiendo a estos organismos la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.

La respuesta de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha sido inmediata, y destaca que esta Ley “nace muerta”, puesto que no ha sido incorporada ninguna de las mejoras propuestas, unánimemente, por el sector y la oposición política.

En cualquier caso, el texto aprobado es exactamente el que ha querido aprobar el Gobierno, impuesto sin consenso político, pese a los esfuerzos hechos por toda la oposición para alcanzarlo, y sin atender a las demandas de empresas, profesionales y otros titulares de derechos, incumpliendo así compromisos adquiridos y en contradicción con las numerosas ocasiones en que ha insistido en su voluntad de mejorar el marco regulatorio de la lucha contra la piratería, una necesidad reclamada incesantemente dentro y fuera de España.

Hemos perdido una excelente ocasión para sumarnos al bloque de países desarrollados con una ley que permita proteger con eficacia los contenidos en internet. Ha habido un consenso absoluto y unánime en todo el sector sobre las modificaciones que se debían introducir, pero además, también, han sido rogadas por el resto de fuerzas en la oposición, y está claro que el Gobierno tampoco les ha escuchado. Más no hemos podido hacer por impulsar aquellas medidas que entendemos eran fundamentales para frenar los elevadísimos índices de descargas ilegales, dar un espaldarazo a los puestos de trabajo y a la productividad de un sector que aporta mucho a nuestro PIB e imagen del país;” apunta Carlota Navarrete. “Utilizando el símil del partido, ya algo manido en esta tramitación, estamos en el tiempo de descuento y veremos si en el marcador el Gobierno puede demostrar con su aplicación que ésta Ley, pese a todo y todos, no era sólo un espejismo,  cuestiona la directora de la Coalición de Creadores.

Por todo ello, desde el momento en que esta ley entre en vigor las industrias culturales y de contenidos exigirán resultados concretos, imprescindibles sin más dilación para proteger a un sector que, según datos del propio Gobierno, facilita 458.000 empleos, un 2,6% del total en España, y supone el 3,5% del PIB. Aguardamos expectantes el uso que hará el Ejecutivo de la que sin duda es “su” ley, porque ya no servirán las excusas, especialmente sobre el deficiente marco regulatorio, con las que el Ejecutivo justificaba desde 2012 la ineficacia de la Administración en la lucha contra la piratería digital, señala Carlota Navarrete, directora de la Coalición de creadores.

La Coalición ultima medidas para reaccionar ante esta situación y continuar la lucha contra la piratería de manera contundente. No hace falta esperar a la aprobación del reglamento, al igual que la reforma eternizante del Código Penal en lo que respecta a esta materia, a pesar de las deficiencias que según nuestro criterio tiene, si la quieren aplicar, desde el mismo instante de su entrada en vigor podremos corroborar la voluntad del Ejecutivo”, añade Navarrete.

La piratería digital de contenidos ha seguido creciendo en España hasta superar en 2013 los 3.192 millones de descargas ilegales, superando el valor de lo pirateado online los 16.136 millones de euros. Además, frustró 26.000 empleos e impidió ingresos públicos de 526,2 millones de euros, ya que la actividad económica ilegal no paga impuestos como el IRPF o el IVA ni cotizaciones a la Seguridad Social.