Las medidas adoptadas pueden hacer que el sector desaparezca
El viejo refrán castellano que dice “no hay dos sin tres” vuelve a la palestra con más razón que nunca como resumen de los agravios con los que el actual Gobierno de España está castigando al sector audiovisual.
Empezábamos el año con un recorte del 36% en el monto de las ayudas dedicadas al sector dentro de los presupuestos generales del actual ejercicio. Esta medida fue el primer torpedo directamente en la línea de flotación de la producción de cine de largometraje en España.
El segundo torpedo, éste contra la exhibición, vino en julio cuando de nuevo el Ejecutivo decidió, en última instancia y sin consultar a los afectados, una subida monstruosa del IVA aplicable a la venta de entradas de cine, que ha pasado del 8% al 21%. Aquí los perjudicados más directos están siendo los exhibidores aunque, por consecuencia, también sufren los restantes eslabones de la cadena: distribución y producción. En la anterior edición nuestros lectores pueden ver una tabla comparativa del tipo de IVA que se aplica en diversos países extranjeros, entre los cuales España se coloca en la posición más alta.
Este segundo golpe al sector provocó la creación inmediata de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española que reúne a las voces de todos los sectores empresariales afectados por la política actual del Gobierno. En la Unión de Asociaciones se han reunido 18 grupos de interés que representan a más de 4.000 empresas, entre ellos: Federación de Empresarios de Cine de España (FECE), Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), Asociación de Promotores Musicales de España (APM), Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (ARTE), Asociación de Teatros, Festivales Temporadas Líricas (OPERA XXI), o Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) son algunos de ellos.
Y para cumplir con aquello de que no hay dos sin tres, a finales de julio conocíamos la noticia de que el Gobierno, en aplicación del nuevo reglamento del mal llamado “Canon digital” (compensación por derechos de copia privada) reducía los ingresos totales de las sociedades de gestión desde los 115 millones de euros recaudados con el anterior sistema en 2011 a tan solo CINCO en el actual año 2012, con lo que se liquidan, de facto, las diversas actuaciones de estas sociedades de gestión de derechos colectivos. No olvidemos que un buen porcentaje de sus ingresos se han estado dedicando, por Ley, a inversiones de interés común tales como redacción de estudios, colaboración con diversos eventos promocionales tanto dentro como fuera de España, acciones en el ámbito asistencia dirigidas a los creadores y productores de obras audiovisuales, mantenimiento de la Fundación Autor, etc.
En 22 de los países europeos sigue en vigor el sistema anterior, es decir, el que autoriza a las entidades de gestión a recaudar un tanto por ciento sobre la facturación bruta del sector correspondiente.
España es, por tanto, uno de los pocos países europeos que ha abandonado esta política y la ha sustituido por una aportación única del Estado mediante una cantidad variable que se fijará cada año en función de las disponibilidades del presupuesto nacional. La medida puede ser calificada como de auténtica aberración, pues libera del pago de importantes cantidades a multinacionales de la electrónica (como Nokia o Apple) para hacer recaer el canon sobre el bolsillo de todos los españoles, compren o no compren aparatos capaces de reproducir obras protegidas.
Esta reducción de 110 millones de euros por año representa por tanto un gran ahorro para las grandes multinacionales de la electrónica (ahorro que no ha repercutido en una bajada de sus precios), mientras supone una más que notable debilitación en el campo de la financiación del sector audiovisual. El resultado de este gran error de gobierno se saldará con el cierre de cientos de empresas del sector y el despido de varios miles de personas.
Mirando las tres acciones en su conjunto, solo podemos aventurar que el Gobierno, de una forma quizá inconsciente (¡y aún sería muy grave!) está propiciando el hundimiento de un sector estratégico con más de 500.000 puestos de trabajo de alta cualificación y capaz de generar más riqueza (casi un 4% del PIB) que otros sectores básicos tales como el energético (2,7%) o el agrario (3,4%).
Estamos expectantes ante las reacciones que estas medidas traerán sin duda como respuesta desde el mundo empresarial en el otoño más caliente de la historia del audiovisual español, ante la total indiferencia de su máximo representante en el Gobierno, José María Lasalle, actual Secretario de Estado de Cultura.
