El 8 de enero pasado el Consejo de Ministros aprobó las polémicas medidas contra la piratería audiovisual contenidas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Tras la solicitud de intervención por parte de la Comisión de Propiedad de Intelectual, la normativa contempla que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tenga un plazo de cuatro días para estimar si se procede al bloqueo de contenidos sin licencia en una página web. La luz verde a esta nueva normativa por parte del ejecutivo no ha sido ni mucho menos sencilla, a continuación se resumen algunos de los episodios que han enturbiado todo el proceso de la denominada Ley antidescargas.
En mayo de 2009 España volvía a tener el dudoso honor de figurar en la lista del Caucus Antipiratería del Congreso de Estados Unidos, junto a paraísos piratas como China, Rusia, Canadá y México. Según la institución estadounidense, la piratería en Internet en España había alcanzado niveles de epidemia y los titulares de los derechos carecían de las herramientas necesarias para proteger sus obras en Internet, socavando el desarrollo del comercio legítimo online de España y Estados Unidos. El Caucus señalaba que el intercambio de archivos peer to peer es percibido en España como un fenómeno culturalmente aceptable y la situación se encuentra exacerbada por una política gubernamental que esencialmente ha despenalizado el ilícito uso de archivos P2P. El informe destacaba además que los proveedores de servicio de Internet en España exhiben una gran falta de voluntad para colaborar en la lucha contra la piratería en la Red, haciendo uso de su servicio de archivos compartidos y sus capacidades de descarga para promocionar su negocio. Por último, desde el Congreso de Estados Unidos apuntaban que ‘la situación actual es insostenible’ y a continuación hacían un llamamiento al Gobierno de España para que ejerciese un liderazgo activo, trabajando con los titulares de los derechos y los proveedores de servicios de Internet, con el fin de aplicar prácticas razonables para proteger la transmisión legal online de las obras culturales.
No sólo en Estados Unidos mostraban su preocupación por los altos niveles de piratería audiovisual en España. Aquí, cada vez que una institución, profesional o alguno de los representantes de los sectores implicados en la industria audiovisual española eran cuestionados sobre la situación que atravesaba el sector señalaban la piratería como la principal lacra. Sólo era cuestión de tiempo que el Gobierno tomase cartas en el asunto y, de una vez por todas, desarrollase una legislación que regulase las descargas online, con el mayor consenso posible. La labor parecía sencilla o al menos no tan complicada como luego ha demostrado ser. El debate alcanzó momentos de tensión con reproches al Gobierno por parte de los creadores y las asociaciones de internautas e incluso declaraciones contradictorias entre los propios miembros del Ejecutivo, incluyendo la rectificación del Presidente a la propia Ministra de Cultura. Eso sin olvidar el eterno desencuentro entre la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y las operadoras de telecomunicaciones agrupadas en Redtel.
Así las cosas, el pasado 16 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para la creación de una Comisión Interministerial que se dedicará a asesorar al Gobierno en la lucha contra el atropello de los derechos de propiedad intelectual. Dicha Comisión debía tener preparado antes de finales de 2009 un informe sobre el asunto, aunque éste se retrasó una semana. La Comisión estaba formada por miembros de un total de cuatro ministerios: Justicia, Industria, Interior y Cultura, bajo la coordinación del ministerio de Presidencia y bajo la tutela de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Prácticamente un mes después, en el marco de Ficod 2009 se celebraba una mesa redonda en la que se anunciaba un modelo antidescargas soportado en tres pilares básicos e irrenunciables: la creación de una oferta legal atractiva de contenidos digitales, la puesta en marcha de medidas disuasorias equilibradas y la elaboración de programas de sensibilización destinados a la sociedad.
Aldo Olcese, presidente de La Coalición de Creadores, apuntaba entonces que en apenas un año se había conseguido definir un verdadero modelo español, en el que destacaba la idea de exonerar a los usuarios de Internet: ‘la fuerza de este modelo, a diferencia del francés o británico, se encuentra en que se va a combatir la ilegalidad en un núcleo reducido de unas 200 webs que concentran el 80 por ciento de la piratería mundial’. En la misma conferencia de Ficod 2009, Jesús Rubí, de la Agencia Española de Protección de Datos, quiso dejar claro que las direcciones IP asociadas a los usuarios debían protegerse: ‘la vulneración de derechos de propiedad intelectual se persigue a través de acciones civiles lo que imposibilita que se puedan entregar las direcciones IP a las asociaciones de creadores. Para que esto fuera posible tendrían que convertirse en procedimientos penales’. En opinión de Rubí “es un acierto que el modelo apueste por ir contra los ‘agregadores’ de contenidos digitales piratas y no contra los usuarios pero siempre dentro de un marco legislativo, nunca a través de autorregulación’.
La norma iba tomando cuerpo…
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