La Ley General de Comunicación Audiovisual sigue dando de qué hablar, incluso en Navidades. Ayer por la tarde estaba prevista la reunión de la comisión constitucional que tenía que aprobar en principio por el trámite de urgencia la ley. Sin embargo, los grupos parlamentarios, salvo PSOE, CiU y Coalición Canaria, decidieron no acudir a esta sesión y protestaron por la forma de tramitar el texto legal.

Gaspar Llamazares Los representantes del Partido Popular, Miguel Ángel Cortés; IU, Gaspar Llamazares; ERC, Joan Ridao; PNV, Pedro María Azpiazu; ICV, Joan Herrera; Nafarroa-Bai, Uxue Barkos; y BNG, Francisco Jorquera,  escenificaron su plante ante los medios de comunicación y calificaron de ‘atropello’ la tramitación de una ley con tantas enmiendas por trámite de urgencia. Reclamaban que la ley sea discutida en el mes de febrero. Finalmente, el PSOE cedió en parte y decidió posponer la reunión hasta después del parón navideño, el día 7 de enero.
Gaspar Llamazares  

Los grupos parlamentarios que realizaron el plante, inédito en esta legislatura, reclaman poder analizar con tiempo suficiente las enmiendas a esta ley (se cuentan hasta 400 enmiendas transaccionales), que creará el marco regulatorio para la televisión en España a partir de su aprobación.

El portavoz socialista en esta comisión, el diputado Óscar López, defendió la necesidad de que la ley se ponga en marcha antes de que se produzca el apagón analógico del 3 de abril con el objetivo de que todos los agentes del sector televisivo jueguen en las mismas condiciones ‘desde el primer momento’. Este retraso conllevará que, contando con el trámite posterior en el Senado y su posible vuelta al Congreso en el que caso de que haya nuevas enmiendas, el límite esté muy cercano a esa fecha.

En el plante también se traduce un pulso a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ha acelerado la tramitación de la ley una vez que se consiguió el acuerdo con Convergencia i Unió y Coalición Canaria.

Sobre la constitucionalidad de la ley, por otra parte, ya hay una sombra: el Tribunal Supremo, después de las denuncias reiteradas de UTECA desde el año 2004, ha enviado una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre las ayudas obligatorias que las televisiones privadas en España prestan al cine. Estas ayudas (un 5% de sus ingresos, un 6% en el caso de TVE) aparecen también contempladas en el articulado de la futura ley.