El pasado viernes 27 de marzo de 2009, fue presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuestionando la adecuación legal de las bases del concurso público para la adjudicación de concesiones de TDTL en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El impulsor del recurso, un empresario cántabro que gestiona la televisión local de proximidad de más antigüedad de la región, considera que los requisitos de las bases del concurso han sido confeccionados expresamente para que los puedan cumplir exclusivamente determinadas entidades, lo supone una violación del principio de libre acceso de todo ciudadano a las convocatorias publicadas por las administraciones.
El sector televisivo cántabro ya manifestó su malestar cuando el gobierno de la región declaró el anterior concurso público, convocado en el 2006, desierto el pasado mes de septiembre de 2008 tras dos años de espera. El gasto en avales y consultoras que preparan los proyectos para volver a una situación de incertidumbre fue una de sus más importantes quejas.
El 30 de enero de 2009, el Gobierno de Cantabria convocó nuevamente el concurso público para la adjudicación de las concesiones de TDTL, exigiendo unas garantías provisionales de 42.000 euros y un seguro con una cobertura mínima de 351.000 euros si se pretendía acudir a la demarcación de Santander, algo que el recurrente califica de despropósito teniendo en cuenta la crisis económica que azota los medios de comunicación. |
Igualmente, el empresario dice no entender cómo Cantabria no ha tomado el ejemplo de Extremadura, que no exigió garantía provisional por las circunstancias especiales del momento, algo que prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Ahora la legalidad de las bases del concurso queda en manos de la justicia que, en caso de estimar la demanda presentada, dará un revés a la forma de regular el panorama televisivo en Cantabria.