El pasado 29 de junio tuvo lugar en Madrid una mesa redonda sobre la propiedad intelectual organizada por la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y la editorial jurídica El Derecho, junto a la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP). En la jornada se debatieron los aspectos más importantes por los que atraviesa el sector de la propiedad intelectual.En el sector fílmico, la descarga y distribución de copias ilegales supone un grave problema para la industria de la creación intelectual. España es el país con el índice de piratería más alto de Europa, un 32%, cifra que requiere unas ‘medidas urgentes de sostenibilidad’, tal y como apuntaba Bárbara Navarro, directora antipiratería de NBC Universal, quien sostiene que el principal problema al que se enfrentan es no estar ‘bien posicionados’ ante el Ministerio de Industria.
Según los asistentes, la industria audiovisual está viviendo la amenaza más grave en toda su historia, de una gravedad reflejada en el alto crecimiento de la piratería, un aumento que apuntaba Manuel de Benito Ariza, Jefe de la Oficina de Defensa de Propiedad Intelectual de la SGAE, con las siguientes cifras: de 180 millones de descargas ilegales en 2003 a 800 millones en 2006.
La mesa de debate reflejó dos cuestiones principales por las que atraviesa el sector de la propiedad intelectual: el concepto ‘sin ánimo de lucro’, que plantea múltiples interpretaciones judiciales y policiales y que ampara la práctica de la descarga de estos ficheros. Además, pone de manifiesto la no existencia de una legislación clara que tipifique qué es delito y qué no. La segunda cuestión es la constatación de que se trata de una delincuencia con base en las nuevas tecnologías, lo que hace más difícil la investigación de estos delitos.
Como posibles respuestas, se habló, en primer lugar, del concepto educativo y la mentalidad con respecto a la propiedad intelectual, una formación que debían liderar desde los gobiernos autonómicos, universidades y centros docentes.
En segundo lugar, se habló de buscar una consonancia entre la legislación vigente y los derechos de los propietarios de las obras. El modelo de negocio actual de la industria de los contenidos fue considerado por la mesa de discusión como obsoleto y el nuevo planteamiento ha de satisfacer esa demanda de contenidos con unos medios legales, aunque suponga una peor calidad.
En tercer lugar, el entorno digital supone trabajar en tres campos de actuación: policial, porque las redes de intercambio P2P están relacionadas con el ánimo de lucro de sus intermediarios; legislativo e institucional, situando a la creación intelectual en el lugar que le corresponde; y social, implicando al ciudadano en esta lucha.
