Según un estudio de la consultora GFK, durante 2006 se descargaron 132 millones de películas de forma ilegal, cifra que este año podría alcanzar los 200 millones. El 70% de las pérdidas ocasionadas por la piratería se debe a estas descargas ilegales a través de la red. El año pasado, además, se vendieron en nuestro país 41,5 millones de películas piratas en el top manta, a pesar de las cerca de 1 millón de películas ilegales intervenidas por la policía en 2006.

El sector del video doméstico es el más afectado por la piratería (62%). Según cifras de ANEMSEVI (Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico), en los últimos 18 meses han cerrado el 15% de los videoclubes de nuestro país, 750 establecimientos, causando la pérdida de 1.800 puestos de trabajo. Estos datos explican que España sea el país con el índice de piratería más elevado de toda Europa Occidental, con un 32%, siete puntos por encima del segundo, Italia.

La industria audiovisual propone soluciones desde cuatro ángulos: educativo, legislativo, judicial y policial, y tecnológico. Desde el punto de vista educativo, es imprescindible que el Gobierno impulse unos medios ágiles y efectivos para educar a la sociedad sobre un uso responsable de la red. En el apartado legislativo, la solución para acabar con la piratería, sobre todo, en Internet, pasaría porque el Gobierno dotara de normas ágiles que se adapten a las nuevas tecnologías y defiendan los derechos de los titulares de la propiedad intelectual con el máximo rigor.

En el ámbito judicial, la solución pasaría por agilizar las acciones judiciales y aumentar los efectivos dedicados a perseguir este tipo de delitos. Finalmente, desde un ángulo tecnológico, es necesario un mercado limpio y libre de la competencia insuperable que supone la gratuidad de la piratería, para que prosperen las alternativas digitales de alta calidad.