En cuanto al contenido del acuerdo la decisión ha sido adoptada valorando, por encima de cualquier otra circunstancia, el interés general, dando cumplimiento a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige que la prerrogativa de la Administración para introducir modificaciones en los contratos administrativos esté basada en razones de interés público, debidamente fundamentadas