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En el encuentro, que estuvo moderado de Guillermo del Corral Van Damme, director general de política e industrias culturales del ministerio de Cultura, participaron Aldo Olcese, presidente de La Coalición de Creadores e Industrias Culturales Audiovisuales; Maite Arcos, directora general de Redtel; Jesús Rubí, director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, y Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet.

Van Damme comentó que en el último año se ha avanzado mucho en las negociaciones entre los sectores implicados en la regulación de las descargas online y la creación de una comisión interministerial sobre el asunto: 'se esta apostando por crear un modelo propio que facilite contenidos digitales a los usuarios de forma legal. El modelo también implica que en ningún caso las acciones tomadas irán contra los usuarios, sino contra los ‘agregadores’ de contenidos que se lucran ofreciendo de forma fraudulenta obras sujetas a derechos de propiedad intelectual'.

Aldo Olcese apuntó que en apenas un año se ha conseguido definir un verdadero modelo español, 'nosotros percibimos una nueva sensibilidad en el Gobierno, en los medios de comunicación y en la propia opinión pública', manifestó. El presidente de la Coalición reveló que en la asociación, además de la música, el cine y los videojuegos, ahora también está representado el mundo del libro y que su intención es incorporar a los medios de comunicación. En opinión de Olcese, 'la Coalición va camino de convertirse en la mejor representación del la sociedad del conocimiento en España, una sociedad que sólo puede existir sobre la base de la propiedad intelectual'. El presidente de la asociación de creadores de contenidos reiteró la idea de exonerar a los usuarios de Internet, al igual que en el tráfico de drogas el consumo no está penalizado, 'no vamos a olvidar jamás la importancia del cliente', dijo. Respecto a las negociaciones con los operadores de telecomunicaciones que agrupa Redtel, Olcese comentó que 'en el momento en que el pacto entre ambos agentes vea la luz habremos creado un estándar mundial único, más allá del mercado español'. La fuerza de este modelo, a diferencia del francés o británico, se encuentra en que se va a combatir la ilegalidad en un núcleo reducido de unas 200 webs que concentran el 80 por ciento de la piratería mundial.
'Vamos a trabajar a fondo estos 200 objetivos y con esa cifra, el seguimiento y la efectividad será grande', defendió.

Maite Arcos, de Redtel, volvió a incidir en que el modelo debe ofrecer una oferta legal global y una normativa equilibrada que defienda tanto los derechos de propiedad intelectual como la protección de datos. La directora general de Redtel explicó que la audiencia del ocio se está dirigiendo hacia Internet en detrimento de la televisión y el cine. Arcos vaticinó que en los próximos años, con la llegada de la ‘ultra banda ancha’, se deberán invertir entre 60.000 y 80.000 millones de euros, una cifra que únicamente puede rentabilizarse con una gran oferta de contenidos legales. Para Arcos, el futuro del audiovisual está en la distribución digital y en la actualidad la oferta legal, sobre todo en lo concerniente al cine y la música es pobre. La representante de las operadoras de telecomunicaciones reveló que en la actualidad uno de los principales obstáculos es la inexistencia de una base de datos completa de derechos de propiedad intelectual lo que provoca que los distribuidores, en infinidad de ocasiones, no saben a quien dirigirse para adquirir los derechos de ciertas obras. Tampoco ayuda el hecho de que para ofrecer una obra musical en Internet hacen falta firmar hasta ocho contratos diferentes y la cifra llega a once para algunas películas. Arcos abogó también por instaurar una política flexible de precios sin tratar de adaptar el modelo de negocio tradicional. Para finalizar su intervención, la directora general de Redtel apuntó que 'Internet es una canal de distribución más y como tal tiene que ofrecer aquellos contenidos que demandan los usuarios'.

La última parte de la conferencia estuvo dedicada a los usuarios y sus derechos. Jesús Rubí, de la Agencia Española de Protección de Datos, quiso dejar claro que las direcciones IP asociadas a los usuarios deben protegerse. La vulneración de derechos de propiedad intelectual se persigue a través de acciones civiles lo que imposibilita que se puedan entregar las direcciones IP a las asociaciones de creadores. Para que esto fuera posible tendrían que convertirse en procedimientos penales. Existen resoluciones al respecto que demuestran que no se pueden entregar las IP asociadas a usuarios, aunque también existen casos donde no existe impedimento para solicitar a las operadoras que avisen a su cliente de que está cometiendo una infracción pero en ningún caso se podría facilitar a los perjudicados la identidad del cliente. En opinión de Rubí 'es un acierto que el modelo apueste por ir contra los ‘agregadores’ de contenidos digitales piratas y no contra los usuarios pero siempre dentro de un marco legislativo, nunca a través de autorregulación'.

Por último, Alejandro Perales, del Consejo de Consumidores y Usuarios concluyó que desde su asociación 'siempre han criticado el ‘gratis total’ en las descargas online pero también la falta de una oferta de contenidos audiovisuales atractiva y universal'.