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Joaquín Triadú (centro) se dirige a los asistentes durante su presentación. Foto: IESE

La supresión de publicidad en RTVE
Según el estudio, un 87,3% de los encuestados considera muy necesario o bastante necesario que se fomente un debate en torno al papel que debe jugar la televisión pública en España. Sin embargo, si se atiende a la pregunta de si la supresión de la publicidad en RTVE era una medida adecuada, las opiniones de los encuestados se muestran muy polarizadas. Los operadores de televisión privada y los fabricantes están claramente a favor, pero los operadores de televisión pública y las centrales de medios opinan en un 83,4% que la medida es poco o nada acertada.

Para financiar esta nueva televisión pública se contempla como razonables para la mayoría de los encuestados la dotación presupuestaria del Estado y las tasas a operadores de televisión privada (aunque lógicamente los operadores de TV privada la rechazan de plano). Sin embargo, otras medidas que se han arbitrado por parte del Gobierno, como las tasas a las empresas de telecomunicaciones, son más contestadas. Hasta un 69,9% de los encuestados ven la medida poco o nada adecuada. Tampoco se ven adecuadas otras medidas aplicables, como la aplicación de un canon o impuestos indirectos.

Una de las preguntas de más actualidad es la conveniencia de extender la supresión de la publicidad en RTVE a otros ámbitos. Y en este caso, vuelve a palparse la polarización de las opiniones en función de los intereses de los encuestados. Los operadores de televisión privada (en un 71,4%) y los fabricantes e instaladores están de acuerdo con llevarla a cabo. Sin embargo, el 93,4% de los operadores de las televisiones públicas están de acuerdo. Aunque en menor medida, esta misma tendencia se registra a la hora de pulsar la opinión sobre la supresión de la publicidad en el ámbito de las televisiones locales.

Creación de una autoridad estatal de medios audiovisuales
También es llamativa la necesidad que se manifiesta entre los ejecutivos del sector de lograr seguridad jurídica. Hasta el punto de que el 74,3% de los encuestados consideran bastante o muy necesaria la creación de una autoridad estatal para los medios audiovisuales que ejerza como una especie de garante para las 'reglas del juego'. No hay unanimidad, sin embargo, sobre si esta autoridad debería ser un organismo nuevo y específico o como una nueva división de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

TDT de pago
Aunque las encuestas se hicieron antes de que se aprobara de forma definitiva la TDT de pago, alrededor de un 70% de los encuestados se muestra ya a favor de su implantación. En lo que ya no hay tanto acuerdo es en que se establezca una única plataforma de TDT de pago, con bastante oposición entre los operadores de TV pública, las agencias de publicidad y las productoras de contenidos. La mayoría de los encuestados (62,2%) se muestra optimista sobre el futuro de los canales de pago en la nueva televisión digital. Los contenidos que son vistos como los más atractivos son los eventos deportivos (principalmente el fútbol) y a bastante distancia el cine.

Derechos de autor
Es llamativo en el apartado dedicado a la protección de los derechos de autor el rechazo que provoca el canon digital y el poco apoyo que suscita en el sector como una medida adecuada para luchar contra la piratería (lo apoya un 5,8% de forma incondicional únicamente). Sin embargo, un 92% considera prioritaria la creación de de plataformas para la comercialización legal de contenidos audiovisuales a precios asequibles. La mayoría de los participantes consideró, además, que es necesario ofrecer una banda ancha de calidad a los hogares para que estas plataformas sean realmente atractivas y eficaces. También son contempladas favorablemente las medidas de estímulo fiscal y las campañas de sensibilización a los ciudadanos.

La actual crisis y su repercusión
La mayoría de los agentes considera que la crisis y el nuevo marco legal que facilita las fusiones conllevarán a medio plazo fusiones entre operadores privados, la reducción del número de operadores en el mercado y la desaparición de canales en el ámbito local. También se apunta a la creación de contenidos para TDT diferentes a los tradicionales en soporte analógico.

Implantación de la TDT
En contraste con los resultados del pasado año, los agentes del sector ven ahora que España está más preparada para el próximo apagón analógico, aunque los operadores privados siguen siendo muy críticos. El punto que se ve como más débil en esta preparación para el apagón son nuestros hogares: un 45,1% piensa que las antenas de los edificios están adaptados suficientemente y un 51,9% piensa que los hogares están ya bastante adaptados a la televisión digital terrestre. La mayoría considera, además, que las medidas complementarias para una cobertura correcta de la TDT están muy o bastante avanzadas.

Como en pasadas ocasiones, el estudio se basa en una muestra compuesta por alrededor de 200 líderes de opinión en el sector audiovisual, seleccionados de entre los ejecutivos de operadores de televisión pública y privada, empresas de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, fabricantes, instaladores, especialistas en el sector, reguladores, productoras audiovisuales, centrales de medios y agencias de publicidad. Las encuestas fueron realizadas entre el 15 de junio y el 31 de julio, antes de que fuera aprobada la TDT de pago y cuando ya había comenzado en algunas demarcaciones la primera fase del apagado analógico.

La presentación del estudio abordó muchos otros temas de actualidad para el sector audiovisual, tocados de forma más directa o más tangencial por el estudio. Joaquín Triadú incidió de forma especial en la importancia que está conllevando el lastre de la piratería audiovisual para España y el condicionante que supone la falta de seguridad jurídica. 'España ha legislado a bandazos', dijo Triadú, que considera que estos dos puntos suponen un motivo serio para que empresas de producción audiovisual no decidan implantarse en nuestro país. Triadú reclamó en este sentido un marco legal que se mantenga estable en un plazo de 8 a 10 años.

Triadú considera también que hay un debate pendiente sobre la protección de los derechos de autor en nuestro país, en un momento en el que hasta un 60% del tráfico de contenidos audiovisuales es ilegal y no reporta beneficios a sus creadores.