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Al aceptar esta medida, el Parlamento Europeo da un giro de 180 grados con respecto a su postura anterior, que le llevó a rechazar la propuesta y exigir que para desconectar a un usuario fuera necesaria la aprobación de un juez. Hasta ahora los eurodiputados habían frenado la aprobación de la reforma de las telecomunicaciones al reclamar que la nueva normativa prohibiera expresamente ecortarl acceso a Internet sin orden judicial previa, algo que no aceptaban los Gobiernos de los 27. Finalmente el Parlamento cedió, aceptando que no se requiera autorización judicial previa para cortar el acceso a Internet.

Como contraprestación, la Eurocámara y los Gobiernos pactaron un nuevo artículo de protección de los derechos de los internautas que no estaba previsto; en él se afirma que las restricciones en el acceso a Internet sólo se pueden imponer si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática. Por ello estas medidas sólo podrán adoptarse respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad, como resultado de un procedimiento previo, justo e imparcial, que garantice el derecho a ser escuchado y el derecho a una revisión judicial eficaz en el momento oportuno.

En palabras de Alejo Vidal-Quadras, presidente de la delegación negociadora del Parlamento Europeo, 'Hemos intentado lograr el mayor número de garantías para los usuarios sin sobrepasar el marco legal comunitario. Creo que el acuerdo es realmente un éxito por lo que se refiere a avances en la protección de losderechos de los usuarios'.

'La nueva disposición sobre la libertad en Internet representa una gran victoria para los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos. Las 'leyes de tres avisos', que permiten cortar el acceso a Internet sin un procedimiento previo e imparcial o sin una revisión judicial efectiva y oportuna, no se convertirán en parte de la legislación europea', dijo por su parte la comisaria responsable de Telecomunicaciones.

Separación funcional

La principal novedad de la reforma es que da poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores históricos a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia. Esta medida sólo se podría aceptar en casos excepcionales, cuando no hayan servido otras recetas.

Igualmente se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicación Electrónicas, de talla mucho más reducida que la Autoridad que había propuesto originalmente la Comisión Europea, que estaría integrado por los 27 directores de los reguladores nacionales. Su papel sería meramente consultivo.