Jaime Rodríguez es Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Con un Máster en Práctica Jurídica en ICADE, y otro en Derecho de las Telecomunicaciones en ICADE, es uno de los abogados especializados en el sector audiovisual dentro del bufete Diez & Romeo Abogados. Actualmente prepara el doctorado y lleva numerosos casos de licencias de TDT en toda España.

Nosotros somos un despacho que responde a la segunda generación de abogados. El bufete se inicia en Santiago de Compostela y Santander fundamentalmente, con una fusión de los Diez y los Romeo, muy conocidos en el norte de España. Posteriormente, se abrieron las sedes de Madrid y Barcelona que se dedican a los sectores más innovadores como el audiovisual (radio y tv), las nuevas tecnologías, el derecho farmacéutico, la biotecnología, el derecho aeronáutico y el, cada día más famoso, derecho de la moda y de galerías de arte. Tanto desde nuestra sede de Majadahonda como desde nuestro despacho del centro de Madrid, en la calle de José Abascal, trabajamos para el sector audiovisual. En la actualidad, somos 17 abogados, de los cuales entre 5 y 6 nos dedicamos exclusivamente a los medios de comunicación en toda España, con casos que abarcan desde la protección de derecho al honor hasta los procesos concesionales de TDT y radio, pasando por la protección de la propiedad intelectual, expedientes sancionadores, asesoramiento a productoras de cine y televisión, entre otros.

Sí, me viene a la cabeza el inicio de las emisiones en analógico de La Otra, el segundo canal autonómico de la Comunidad de Madrid, lo cual ha afectado a uno de nuestros clientes, ocupando la frecuencia que éste ha venido utilizando desde hace muchos años. La situación está en los Tribunales y, pese a que recientemente el TSJ de Madrid haya rechazado el recurso del Ministerio de Industria que solicitaba el cierre de La Otra, las acciones legales emprendidas particularmente por nuestro cliente están pendientes de resolución, esperamos, favorable.

Se debe llevar con mucho sosiego, porque la pasión no es buena consejera. Muchas veces, cuando los operadores se ven afectados por dicha injusticia acuden a ti y te preguntas "¿cómo puede ocurrir algo así?". Pero ocurre. Por ejemplo, nos llama la atención lo sucedido en Murcia. De 24 posibles adjudicatarios de TDTL, ninguna TV Local de proximidad con experiencia previa ha obtenido concesión. Ni siquiera aquellas que llevan operando desde antes de 1 de enero de 1995, cuyo régimen se ve mejorado en la Ley 41/1995. Otro caso a nombrar es las facilidades que el gobierno central da al grupo mediático que le  respalda, creando nuevos canales analógicos en un sector que tiende a la digitalización. Me refiero a las emisiones en abierto de Cuatro. Sin olvidar lo ocurrido en Cantabria, donde los operadores tan sólo han tenido 15 días naturales para presentar los proyectos, cuando en otras comunidades se han dado tres meses o un mes y medio. En materia de medios de comunicación, hay muchas presiones que pueden acabar en la primacía de los intereses particulares sobre los generales que deben proteger las instituciones públicas. Nosotros estamos batallando y litigando para evitar que estas acciones lleguen a consolidarse y para que, en concreto, las TV de proximidad tengan una oportunidad de conseguir su concesión vía judicial.

Se ha demonizado mucho al CAC, pero lo que sí es cierto es que hasta ahora es el órgano que mejores resultados prácticos está dando, en cuanto a su participación en la resolución de concesiones de TDT. Creo que la independencia del CAC en la adjudicación de licencias ofrece mayores garantías que la independencia de la consejería de turno de las CCAA, ya que son las que convocan los concursos públicos y las que adjudican. Es decir, juez y parte.  Deberíamos tener un consejo audiovisual independiente, como ya ocurre en Francia, Italia, Reino Unido y en los demás países de nuestro entorno, excepto en España. Esto sucede, quizás, porque seamos una democracia joven y, sobre todo, debido a la tendencia de controlar los medios de comunicación por el poder político, aunque un consejo audiovisual mal desarrollado podría conseguir el efecto contrario. Controlar aún más desde el gobierno a los medios. Los medios de comunicación, como dicen las Sentencias del Tribunal Constitucional, son un instrumento de control del poder político y velan para que las instituciones ejerzan sus funciones de la manera más transparente posible, por lo que su libre ejercicio (la libertad de prensa) debe de ser el valor fundamental más preciado. A nivel nacional sería positivo la existencia un consejo audiovisual, a pesar de que hay muchas voces que dicen que podría convertirse en un nuevo instrumento de censura. No obstante, no debemos olvidar que la definición de censura, según la Constitución, supone impedir la divulgación de un contenido previamente a su difusión y ese poder no lo tiene atribuido a ningún consejo audiovisual en Europa.  Que haya un órgano que controle la calidad de los contenidos no supone ningún tipo de censura. Actualmente se están emitiendo contenidos de escasa calidad  a horas en que niños y adolescentes están viendo la TV.  Se muestran valores que van en contra tanto de los principios del orden demoliberal que define el Estado de Derecho en nuestra Constitución, como de la Ley 25/1994 de contenidos. Para tratar de paliar esto los códigos de autorregulación han resultado ser insuficientes, ya que en muchas ocasiones no se cumplen. Parece que la única forma de hacer cumplir las obligaciones de contenidos es mediante un consejo audiovisual con una potestad sancionadora limitada. Cerrar un medio de comunicación resulta del todo excesivo, pero una sanción pecuniaria por emitir contenidos que atentan contra la dignidad de las personas o contenidos de carácter xenófobo no estaría mal.

Todo está en el aire de momento, la tendencia natural de este mercado es el oligopolio, es ir hacia la formación de grandes grupos de comunicación. Pero el mercado esta vinculado por las disposiciones antimonopolio aplicables al sector (art. 19 Ley 10/1988) así como a la Ley 41/1995 de TV Locales, por lo que se atenuará la concentración mediática, obligando a los jueces a que defiendan a las televisiones de proximidad. Yo soy una de esas personas que creen que las TV Locales, sea por el cumplimiento voluntario de la ley o por imposición judicial, tendrán su sitio garantizado en el mercado audiovisual por ser un medio de comunicación de proximidad. Creo en las TV de barrio, las que tienen tanto éxito en Estados Unidos. Otra barrera de entrada para las TV locales con menos recursos es el coste de la migración a la tecnología digital. Las nuevas infraestructuras y equipamientos, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, se harán más asequibles como ha ocurrido con la informática y la telefonía móvil. Otro factor que ayudará a que la migración sea accesible, es la consolidación de la liberalización del servicio de transporte y difusión de las ondas, por lo que, al haber más empresas que presten este servicio, las ofertas serán mucho más competitivas. Así que los pequeños operadores podrán cumplir su proyecto y tendrán su oportunidad de desarrollarlo e implantar su TV Local Digital. Sin duda, habrá una reestructuración del mapa, auque no tan cerrada como establecen las primeras adjudicaciones, de hecho es lo que busca esta regularización, que fundamentalmente tiene por objetivo sacar del mercado a quien no cumpla la ley.

Yo creo que la TV como la entendemos hoy va a cambiar, en 5 ó 10 años, como de la noche al día. Fundamentalmente, por la atomización de las ofertas televisivas y la multiplicación de la audiencia, que inexorablemente conllevará a la fragmentación del pastel publicitario. Aparte, la tecnología digital permite que se pueda filtrar de forma automática los cortes publicitarios, por tanto tendrán que aparecer nuevas fórmulas de publicidad más novedosas y atractivas que dinamicen el mercado. De hecho, los anunciantes han empezado a pedir estudios previos con vistas a un medio y largo plazo publicitario. Y es que se pasará de una publicidad generalista a otra más dirigida. Posiblemente se impondrá un modelo de publicidad similar al existente en Internet. Se habla de que podría funcionar una fórmula de anuncios contextuales tipo Adsense, así como publirreportajes, espacios patrocinados y los spots (según su ubicación). Entre la agudeza de los anunciantes y el aumento de la demanda de programación, se conseguirá que los precios disminuyan. En el ámbito de la TV local, hay que cambiar la mentalidad porque hablamos de contenidos de proximidad y éstos sí serán asequibles para las empresas locales. Así que las productoras tienen que amoldarse a la nueva demanda de contenidos locales. Y a esto hay que sumarle los nuevos servicios que trae la digitalización, como la interactividad. Yo sí puedo imaginarme a una persona mayor operando con su libreta de ahorros o su tarjeta de crédito a través de la pantalla del televisor. Creo que los contenidos interactivos serán accesibles para la tercera edad, que es colectivo al que más le cuesta entrar en la nueva tecnología.

Los coches ya traen televisores para los ocupantes de los asientos traseros. El uso del televisor se va a hacer más individual y ver la TV en familia ya empieza a ser una costumbre en desuso. Las prestaciones que dan el PVR y el TiVo en Estados son una realidad emergente que contribuirá a facilitar el cambio en los hábitos del teleespectador, lo que obligará a modificar los formatos publicitarios actuales.

En primer lugar, quiero dar ánimos a los operadores de TV Local que no han sido adjudicatarios. Ánimo porque me consta que muchas de esas licencias adjudicadas de forma incomprensible van a ser revocadas, contamos con el precedente del concurso de radio FM de Extremadura. Si no han sido adjudicatarios de licencias TDT, y cumplen los requisitos establecidos en la legislación, el juez lo valorará positivamente. A los operadores que están preparando los concursos públicos les digo que no se lo tomen como un mero trámite. Por mi experiencia, veo que muchos de ellos se preocupan mucho por el proyecto y, sin embargo, descuidan la documentación administrativa previa requerida en los pliegos. Si la documentación administrativa no va inmaculada de nada sirve tener el mejor de los proyectos.

Por otra parte, me llama la atención la ausencia de información sobre la situación de los operadores de TV local por parte de las instituciones. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con operadores que desconocen, por ejemplo, las obligaciones de emisión temporal de contenidos propios. No obstante, se han creado entidades como el G-9, interlocutor de las TV locales independientes de proximidad ante la Administración del Estado, que está realizando una labor de información y defensa de la televisión de proximidad realmente encomiable. Por otro lado, las asociaciones de televisiones locales también se han convertido en un gran cauce de provisión de información y ayuda importante.

Hay muchísimas lagunas, pero lo que veo es que el sector está atomizado en el sentido de que hay multiplicidad de leyes que lo regulan, precisamente por eso no hay profesionales suficientes capaces de asesorar a los operadores. La nueva reforma audiovisual tenderá a integrar todo en una ley general o en una reglamentación concreta.
Seguramente, en las leyes venideras el concepto de televisión como servicio público va a cambiar. Es decir, hoy la TV está catalogada como servicio público lo que significa que su gestión sólo se puede realizar mediante la obtención de un título habilitante otorgado por el gobierno de cada Comunidad Autónoma, previo paso de un concurso público. Al ser servicio público, las licencias están limitadas. La reforma audiovisual, a medio largo plazo, dará la posibilidad de disponer de más licencias porque tecnológicamente será posible. De hecho ya lo es. Me consta que en el Ministerio se está trabajando para desplegar más el espectro radioeléctrico, lo que significará la implantación de nuevas emisoras de televisión. Así se consolidará la conversión del concepto de servicio público a servicio de interés general. La televisión como servicio de interés general, se traduce en que en vez de dejar tu empresa en manos de una decisión administrativa discrecional tras un concurso público, habrá unos requisitos reglados que, si cumples, te darán acceso automático a una licencia.
La reforma audiovisual colmará las lagunas, integrará todas las leyes en una sola, y tenderá a la evolución de televisión hacia servicio de interés general con obligaciones de servicio público (no se requerirá concurso público para obtener licencias) Esto, entre otras cosas, me hace ver con cierto optimismo el futuro de la TV Local.