A instancias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo han autorizado en las últimas dos semanas la ejecución del bloqueo de cuatro páginas web con contenidos ilegales, lo que supone la retirada de más de 13.000 contenidos culturales que eran difundidos sin respetar a los derechos de sus autores.

Cuevana

Las páginas web bloqueadas ofrecían de manera ilegal contenidos del ámbito de los libros, el cine y el audiovisual, y contaban con una importante audiencia española y su bloqueo supone la retirada de más de 13.000 contenidos difundidos sin respetar a los derechos de propiedad intelectual de sus autores.

Estas páginas web ofrecían contenidos de manera ilegal en el ámbito de los libros, en el caso de www.descargarlibrosgratis.biz y www.pdfyepub.com, y del cine y el audiovisual, en el de www.cuevana2.tv y www.cuevana2.com.

La actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se ha producido a petición de los titulares de derechos UVE y CEDRO

Hasta el momento, han sido 455 páginas webs afectadas por las acciones de la Sección Segunda, el 94,06% una vez ha sido notificadas han retirado los contenidos infractores. En los casos en los que no retiran voluntariamente los contenidos indicados por la Sección Segunda, las webs son objeto de bloqueo por orden judicial, tal y como ha ocurrido con las citadas páginas.

Gracias a la labor de la Sección Segunda y a la proliferación de plataformas legales, la audiencia a las páginas piratas en España ha descendido de manera sustancial. Según el ranking Alexa, en 2017, había 19 páginas piratas entre las 250 más visitadas en nuestro país. Sin embargo, en 2018, solamente aparecen 10 páginas piratas.

La Comisión de Propiedad Intelectual se configura como un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Cultura. La Sección Segunda tiene por objetivo la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, siempre que éstos, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro o su actividad haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos.