Creación de una fiscalía contra la piratería y ley de mecenazgo, pero IVA inalterable para el cine

29 noviembre, 2016

Once asociaciones piden a Méndez de Vigo el desbloqueo de tres líneas de ayudas a la cinematografía

24 noviembre, 2016

El bloqueo de sitios ilegales como arma contra la piratería no debería producir ningún asombro

22 noviembre, 2016

Esta es una de las conclusiones del último estudio de la Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) acerca del bloqueo de sitios web en internet que se presentó ayer en la sede de La Coalición. El evento fue presentado por Nigel Cory, uno de los principales responsables del informe que demuestra que los recientes bloqueos de sitios web en Reino Unido han sido muy eficaces en la lucha contra la piratería y que, de forma general, aplicarlos reduce muy significativamente el acceso a contenidos infractores.

Nigel Cory comenzó su intervención mostrando datos del devastador efecto de la piratería en la industria del cine, televisión y música. Se estima que la piratería digital ocasiona pérdidas de 336 millones de euros en la Unión Europea, lo que conduce a un cálculo de 2.155 puestos de trabajo perdidos. Esto tiene consecuencias económicas reales, ya que aproximadamente el 395 de la actividad económica total y el 26 por ciento de todo el empleo en la Unión Europea pertenece a las industrias de uso intensivo de propiedad intelectual, con otro 9 por ciento de los empleos basados en la actividad económica de estas industrias.

Recordó que la piratería digital es un negocio multimillonario. Por ejemplo, según los fiscales suecos, los propietarios de The Pirate Bay ganaban 3 millones de dólares al año. Y los propietarios de una de las webs de torrents más famosas del mundo, KickassTorrents, ganaban 16 millones de dólares anuales en publicidad.

El autor diferenció dos vías claras en la lucha contra la piratería: en primer lugar, implementar políticas que aumenten el número de proveedores de servicios legales para que los usuarios obtengan contenido multimedia legal en línea de formamás fácil y económica, en lugar de utilizar los sitios de piratería. Una opción que ya está en marcha con la creación de sitios como Netflix, Yomvi etc… Por otra parte, es necesario que la Justicia vaya contra los propietarios de sitios de piratería digital.

‘’El bloqueo de webs no es la única herramienta para luchar contra la piratería’’ afirmó Nigel Cory, ‘’pero sí una de las más eficaces’’. Muchos se echan las manos a la cabeza cuando oyen hablar de bloqueo de webs pero es una técnica que ya se emplea en gran parte de países para luchar contra lacras como la pornografía infantil, terrorismo, fraude… Y en ningún caso impedir el acceso a estos sitios web ha supuesto ‘’limitar o romper’’ Internet.

El estudio “demuestra empíricamente una intuición previa”: los usuarios cambian a plataformas legales si se bloquean los sitios piratas más populares.  En Reino Unido, lugar donde se ha realizado el informe, el bloqueo de 53 webs de piratería produjo un aumento del 10% en las visitas de los usuarios a sitios legales de transmisión continua financiados con publicidad, tales como la BBC y Channel 5 del Reino Unido. También aumentaron un 6% las visitas de los usuarios a sitios legales de transmisión continua por suscripción, tales como Netflix. Por lo tanto, el bloqueo generalizado de webs de piratería digital si supone una reducción de ésta ya que provoca cambios en el comportamiento de los usuarios.

‘’El bloqueo de sitios web no es una bala de plata en la lucha contra la piratería digital, pero por lo menos debería ser una bala de plomo, junto con otras medidas tales como la asociación con empresas de publicidad de Internet, esfuerzos para procesar a los propietarios de sitios piratas…’’ concluyó Nigel Cory.

Creadores de contenidos piden a Méndez de Vigo una respuesta inmediata contra la piratería

4 noviembre, 2016

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha felicitado a Íñigo Méndez de Vigo por su continuidad como ministro de Educación, Cultura y Deporte y, como representantes de un sector estratégico clave, le piden una respuesta inmediata contra el gravísimo problema de la piratería digital.

Así lo hacen constar en un comunicado en el que aseguran que “el fraude de contenidos sigue arrojando datos muy preocupantes en España y perjudicando gravemente a creadores e industrias culturales y de contenidos digitales: el 87,48 % de los contenidos consumidos en 2015 eran ilegales”. 

La organización cifra en 1.669 millones de euros el lucro cesante para las industrias (en 2015), mientras que la pérdida de empleo, en ese mismo año, fue de 21.672 puestos directos.

Consecuencias de la piratería durante los últimos años

Carlota Navarrete, directora de la organización, asegura que “La Coalición valora esta renovación al frente de Cultura como una oportunidad para potenciar este sector estratégico, esperando que el nuevo ministro lidere un posicionamiento claro del Gobierno que permita de forma urgente concretar la voluntad política y ofrecer resultados acordes a la magnitud del problema y a la guerra contra la piratería que él declaró en septiembre 2015; dotar de los medios tecnológicos y recursos humanos necesarios a cada uno de los actores competentes; y apoyar una auténtica política de concienciación de tolerancia cero a la piratería de contenidos”.

Las industrias de contenidos ofrecen toda su colaboración para revertir la tendencia alcista de estos datos y apoyar al nuevo ministro para que la lucha contra la piratería sea una prioridad exitosa y restablezca el papel económico y social de la cultura y los creadores de contenidos.

Sobre la aplicación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual promovida por el Gobierno, que entró en vigor en enero de 2015, según La Coalición “no ofrece los resultados esperados y sigue muy lejos el objetivo primordial, que no es otro que lograr un descenso drástico de la piratería. El procedimiento necesita que su aplicación se ajuste a los plazos previstos y que podamos aspirar a los resultados que obtienen normas similares en los países de nuestro entorno (los más semejantes, Italia y Portugal)”.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por AEVI (Asociación Española de Videojuegos), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), CONECTA (Asociación de Canales Temáticos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), PROMUSICAE (Productores de Música de España), SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y UVE (Unión Videográfica Española), representantes de la mayor parte del sector de la cultura y el entretenimiento, un sector que, en su conjunto, aporta más del 5% al PIB nacional y genera casi un millón de empleos directos e indirectos.

 

Cine&Tele y Cineinforme mantienen su campaña permanente contra la piratería en España

22 junio, 2016

La diferencia abismal entre las informaciones que distribuye el ministerio de Cultura y la Coalición de creadores en el asunto de la piratería se ha convertido en una constante desde hace más de un año en nuestro país. Desde Cine&Tele Online y Cineinforme tomamos la decisión de publicar ambas versiones a fin de que nuestros lectores pudiesen formar su propio criterio al respecto, aunque basta solo con escuchar las conversaciones entre los jóvenes de 15 a 30 años para saber que el visionar películas de forma fraudulenta a través de internet es un hábito muy arraigado.

Los responsables directos de este grave desvío de la actitud cívica de nuestra juventud son los dos últimos gobiernos que hemos “sufrido” los españoles desde hace ahora casi 12 años, justo cuando el acceso a internet comenzó a masificarse en España. Ni Rodríguez Zapatero (PSOE) ni Mariano Rajoy (Partido Popular) han tenido el valor necesario para “coger el toro por los cuernos” como lo han hecho sus colegas del resto de Europa y, en consecuencia, han valorado más la posible pérdida de votos en las diferentes elecciones generales a las que se han sometido que la defensa de un sector que la Unión Europea ha calificado como estratégico para la creación de riqueza en el Viejo Continente.

El presidente de la MPAA (Motion Picture Association on América), en representación de la parte más perjudicada por esta dejación de funciones, ha visitado España numerosas veces en estos doce años y se ha entrevistado personalmente con el presidente Rajoy, ahora en funciones. Confiamos en que las elecciones generales del próximo día 26 de junio decidan, de una vez por todas, castigar a los dos partidos que han hecho de la palabra CULTURA un concepto abandonado en todos los debates, especialmente a lo largo de estos cuatro últimos y nefastos años para nuestro sector.

Sabemos bien que los desmanes cometidos por nuestros diferentes gobiernos desde hace décadas nos están pasando ahora la factura y nos vemos obligados a sufrir restricciones por culpa de tanta malversación de dineros públicos, y de tantas decisiones tomadas contra la lógica más elemental.

Unas decisiones que han producido un mínimo ahorro para las arcas del Estado a cambio de incrementar enormemente los gastos en subsidios de desempleo, cierre de empresas y pérdida de la posición privilegiada que tenía España en el ámbito de la creación audiovisual a nivel internacional. Puede que las macrocifras de la economía nacional hayan mejorado un poco, pero el daño que se ha causado al tejido creativo y productivo nos ha restado mucha capacidad para competir en los mercados internacionales durante los años venideros.

Ciudadanos: el cine como hábito

El programa de Ciudadanos incluye un área dedicada al cine que por su interés para nuestros lectores reproducimos a continuación:

 

“Las nuevas generaciones tienen que aprender a apreciar el cine como elemento de socialización. A este respecto, promoveremos planes de asistencia al cine desde los colegios y en horario escolar. Contribuiremos a rentabilizar las salas y a formar nuevos espectadores. Al mismo tiempo, hay que facilitar la implantación de tarifas de cine para niños y jóvenes para impedir que estos se alejen de las salas y busquen otras formas de ver ficción. Negociaremos la posibilidad de crear abonos anuales y mensuales y tarifas planas como las que ya existen en otros países”.

El programa de Ciudadanos también incluye acciones contra la piratería y a favor de la bajada de impuestos.

 

El Ministerio de Cultura intenta minimizar los efectos de la piratería en España

20 junio, 2016

El Ministerio de Cultura acaba de difundir una nota con el balance, muy positivo, realizado por el Ministerio del Interior sobre la piratería audiovisual en nuestro país.

Reproducción literal de la nota de prensa del Ministerio

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incautaron en 2015 artículos valorados en más de 20 millones de euros por delitos que vulneraban derechos de propiedad intelectual.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollaron el año pasado 395 intervenciones, detuvieron o imputaron a 231 personas por infracciones contra los derechos de propiedad intelectual, e incautaron 245.173 objetos valorados en más de 20 millones de euros.

Estos son algunos de los resultados que presenta el Balance 2015 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y que publican el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Los datos que recoge este balance reflejan el total de las intervenciones policiales realizadas tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

Uno de los puntos a destacar dentro de las acciones encaminadas a la lucha contra los hechos que vulneran la propiedad intelectual es el impacto de esta actividad ilícita en la economía formal en su conjunto, medido en pérdidas económicas y sociales significativas.

La valoración de la mercancía intervenida a lo largo de 2015 versa de forma exclusiva sobre los artículos incautados. Así, no se efectúan estimaciones del posible perjuicio económico que puede derivarse de estas actividades delictivas que conllevan la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Con todo, el valor de los objetos intervenidos durante 2015 asciende a un total de 20.857.457 €.
Dentro del conjunto de los efectos intervenidos, es el sector relativo a la informática/electrónica/software (41,5%) el más numeroso en términos cuantitativos.
En lo que respecta a los distintos puntos de incautación de la mercancía, los datos registrados establecen que las principales ubicaciones en las que se han efectuado las intervenciones policiales son el domicilio (32,7%) y la vía pública (8,4%).

Por otro lado, la distribución territorial de la delincuencia que afecta a la propiedad intelectual se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Lucha frente a la actividad ilícita en internet

En el ámbito de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) dispone, desde el 1 de marzo de 2012, de una Sección Segunda competente en el procedimiento administrativo-judicial de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de información según lo previsto en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual a través del referido procedimiento administrativo-judicial, el cual se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, sean procedentes.

Además, con la aprobación de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se reformó la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha tratado de dar algún paso más, especialmente a través de la consecución de varios objetivos:

• Incrementar la eficacia de los mecanismos procesales para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito civil.
• Mejorar la eficacia de las notificaciones y la defensa de los interesados en el procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet, que tramita la Sección Segunda de la CPI.
• Reforzar las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por parte de responsables de servicios de la sociedad de la información.

Desde el inicio de su actividad, en el año 2012, y hasta el 15 de mayo de 2016, se han presentado, ante la Sección Segunda de la CPI, 463 solicitudes, de las cuales se han resuelto expresamente 441 (95,25% de las solicitudes presentadas).

Dentro de esas resoluciones expresas, debe señalarse que, de las 275 webs afectadas/requeridas (entre ellas 82 webs de enlaces), 265 han retirado hasta el momento los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente, y entre ellas 43 han cesado por completo en su actividad:

• 7 webs con extensión de dominio “.es” han sido canceladas, a instancia de la CPI, por la entidad pública Red.es.
• 36 páginas webs han cerrado completamente a raíz de las actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, ya sea como consecuencia de requerimientos de información o de su notificación como interesados tras la resolución de un acuerdo de inicio.

Asimismo, se han dictado 6 resoluciones judiciales en el ámbito de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 7 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, y según lo resuelto por ésta.

Por otra parte, cabe mencionar, desde el punto de vista jurídico, la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, puesto que vino a definir los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet. En concreto, se ha incluido como delito la facilitación, de modo activo y no neutral, y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, del acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares.

Además, desde la Fiscalía General del Estado, se ha adoptado la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información.
Por último, se ha dictado en España, en relación con los delitos contra la propiedad intelectual, la sentencia de la Operación Youkioske (por la creación de un kiosko digital en el que se colgaban periódicos, revistas y otras publicaciones sin autorización de sus autores). Resolución que resulta ser la mayor condena impuesta hasta el momento por estos hechos. En ella, se establece la responsabilidad de los administradores de páginas webs de enlaces, basándose en los siguientes argumentos:

• El preciso conocimiento de que a través de los enlaces se facilita el acceso a contenido protegido, y se actúa sin la “autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios”.
• Tiene que efectuarse una comunicación pública, entendida como “todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares de la misma”.
• Que los responsables actúen con ánimo de lucro, es decir, con “la intención de obtener un enriquecimiento económico con la acción”.
• Debe haberse producido un perjuicio (patrimonial) a un tercero, y además, un “resultado material lesivo”.

El estudio estadístico completo se puede consultar en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es), y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es). Junto con los datos estadísticos, se acompañan imágenes y vídeos de las operaciones más relevante llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta materia.

Cine&Tele On Line y su campaña permanente contra la piratería en España

La diferencia abismal entre las informaciones que distribuye el ministerio de Cultura y la Coalición de creadores en el asunto de la piratería se ha convertido en una constante desde hace más de un año en nuestro país. Desde Cine&Tele On Line tomamos la decisión de publicar ambas versiones a fin de que nuestros lectores pudiesen formar su propio criterio al respecto, aunque basta solo con escuchar las conversaciones entre los jóvenes de 15 a 30 años para saber que el visionar películas de forma fraudulenta a través de internet es un hábito muy arraigado. Los responsables directos de este grave desvío de la actitud cívica de nuestra juventud son los dos últimos gobiernos que hemos “sufrido” los españoles desde hace ahora casi 12 años, justo cuando el acceso a internet comenzó a masificarse en España. Ni Rodríguez Zapatero (PSOE) ni Mariano Rajoy (Partido Popular) han tenido el valor necesario para “coger el toro por los cuernos” como lo han hecho sus colegas del resto de Europa y, en consecuencia, han valorado más la posible pérdida de votos en las diferentes elecciones generales a las que se han sometido que la defensa de un sector que la Unión Europea ha calificado como estratégico para la creación de riqueza en el Viejo Continente.

El presidente de la MPAA (Motion Picture Association on América), en representación de la parte más perjudicada por esta dejación de funciones, ha visitado España numerosas veces en estos doce años y se ha entrevistado personalmente con el presidente Rajoy, ahora en funciones. Confiamos en que las elecciones generales del próximo día 26 de junio decidan, de una vez por todas, castigar a los dos partidos que han hecho de la palabra CULTURA un concepto abandonado en todos los debates, especialmente a lo largo de estos cuatro últimos y nefastos años para nuestro sector.

Sabemos bien que los desmanes cometidos por nuestros diferentes gobiernos desde hace décadas nos están pasando ahora la factura y nos vemos obligados a sufrir restricciones por culpa de tanta malversación de dineros públicos, y de tantas decisiones tomadas contra la lógica más elemental.

Unas decisiones que han producido un mínimo ahorro para las arcas del Estado a cambio de incrementar enormemente los gastos en subsidios de desempleo, cierre de empresas y pérdida de la posición privilegiada que tenía España en el ámbito de la creación audiovisual a nivel internacional. Puede que las macrocifras de la economía nacional hayan mejorado un poco, pero el daño que se ha causado al tejido creativo y productivo nos ha restado mucha capacidad para competir en los mercados internacionales durante los años venideros.

“La aprobación de la Ley Orgánica de enero de 2015 contra la piratería fue muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique”

José Manuel Tourné, director general de la FAP, comenta en exclusiva para Cine&Tele On Line algunos datos recientemente difundidos por el Ministerio de Cultura sobre la piratería en España.

Respecto a la retirada voluntaria de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual de más de 260 webs requeridas, José Manuel Tourné ha afirmado que “se trata de la retirada de 2-3 títulos por cada web unos 350 días después”, mientras que sobre el dato de las 43 webs que han cesado completamente su actividad, señala que “la mayoría de ellas, han cerrado por acciones ajenas a la Comisión y otras han sido reemplazadas”.

Tourné ha asegurado que “la labor de las Fuerzas de Seguridad ha sido siempre excelente y los resultados serían aún mejores si tuvieran un mínimo de colaboración judicial. Esta colaboración es imprescindible para autorizar las investigaciones en domicilios para conseguir las pruebas que permitan describir la actividad de los administradores de las webs piratas”. Asimismo, ha explicado que “en cuatro años se han bloqueado tres páginas frente a las más de 200 que se han cerrado o bloqueado tanto en Italia como en Portugal en poco más de un año”.

Sobre la mejora de la eficacia de las notificaciones y el refuerzo de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, José Manuel Tourné apunta que “la SETSI apenas ha sancionado a los responsables de dos o tres webs ilegales que vulneran la LSSI.

En cuanto a los datos de la Sección Segunda de la CPI, en los que se afirma que se han resuelto 441 de las 463 solicitudes, Tourné señala que se han resuelto “en plazos superiores a los 400 días, ordenando la retirada de dos o tres títulos frente a una oferta de miles”.

Por último, ha destacado que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, centrada en los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet, fue “muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique”.

En la nota del Ministerio de Cultura se indica que desde la Fiscalía General del Estado se ha adoptado la Circular 8/2015 de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información. A este respecto, Tourné confirma que es una muy buena noticia y que “desde 2006 estábamos pidiendo que se reformara la anterior Circular (1/2006), que ha generado una praxis judicial ambigua, hasta el punto de que algunas sentencias absolutorias de este último año alegan que hasta ahora no era delito y a partir de la reforma del Código Penal, sí”.
La lucha contra la piratería se debe plantear a nivel global

Esta es la conclusión más destacada a la que tuvimos acceso hoy durante el acto de presentación del informe sobre los resultados del II Programa de Sensibilización Contra la Piratería en Primaria y ESO, que contó con la presentación de Carlota Navarrete, directora de La Coalición, Ignacio Martínez Trujillo, director general de Innovación y Desarrollo Global de LaLiga y Guillermo Cánovas, director del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología EducaLIKE.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y La Liga han presentado hoy en la Residencia de Estudiantes de Madrid los resultados del II Programa de Sensibilización Contra la Piratería en Primaria y ESO. El estudio se encuadra dentro de la campaña de concienciación «Defiende tus derechos. Promueve la cultura», puesta en marcha por La Coalición y LaLiga y realizada en 85 centros educativos españoles por EducaLike. Se trata de un programa de talleres de sensibilización en centros escolares que forman a los más jóvenes sobre el valor de los contenidos en la red y las consecuencias de la piratería. El estudio ha tomado como muestra a 2.000 alumnos de colegios e institutos de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Se trata de la segunda edición de esta campaña, cuyos talleres han tenido lugar entre febrero y junio del curso 2015/2016, para después realizar los cuestionarios y extraer los datos en los meses de mayo y junio.

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Los principales objetivos de la campaña son poner en valor a los trabajadores y a las industrias creativas y promover el respeto hacia sus derechos; motivar a los alumnos como posibles futuros profesionales de estos sectores y mostrar lo que supone el comercio y el fraude de contenidos o piratería para la sociedad, el empleo y la economía.

La directora de La Coalición, Carlota Navarrete, ha destacado que desde su entidad están «muy satisfechos» con la experiencia. «Pensamos que una buena ley y una aplicación eficaz son esenciales, pero solo si van acompañadas de medidas de concienciación, que permitan a la sociedad decir no al fraude de contenidos en internet, mediante tolerancia cero con la oferta ilegal, y propiciar la puesta en valor de un sector estratégico generador de empleo y de riqueza como es el de los contenidos», ha señalado. Asimismo, ha querido hacer un llamamiento a las administraciones para que «se impliquen en la parte que tiene que ver con los bloqueos de páginas web y con la concienciación ciudadana«.

Navarrete ha afirmado que la lucha contra la piratería no tiene que ver con el gobierno de un signo político u otro, sino que es «un problema institucional y social«. «Todos los países de nuestro entorno han tomado la propiedad intelectual como un eje estratégico por el despegue socioeconómico que les supone o para proteger su identidad cultural», ha afirmado, «mientras que España se ha quedado atrás». En los países desarrollados, las industrias culturales suponen aproximadamente un 5% del PIB. En España, el porcentaje de representación de las industrias culturales en el PIB ha ido descendiendo progresivamente en los últimos años hasta quedarse cerca del 3%.

Por su parte, los promotores de este estudio, financiado a través de fuentes privadas, se lo han hecho llegar a la Secretaría de Estado de Cultura, de la que han recibido una respuesta favorable pero contenida. «En funciones«, ha indicado la directora de La Coalición.

Una de las conclusiones destaca que solo un 39,5% de los alumnos es capaz de diferenciar entre contenidos legales y pirateados. En cambio, un 38% señala que esto solo ocurre a veces y un 22,5% no los distingue nunca.

Por otro lado, sí que una gran parte está concienciada sobre el daño de la piratería: el 50,5% de los alumnos afirmó que la piratería en internet perjudica a muchas personas y un 41,7%, que solo perjudica a algunas. Solo un 7,8% de los menores de 10 a 14 años piensa que la piratería no perjudica a nadie. La conciencia sobre las consecuencias de la piratería aumenta con la edad: en los cursos superiores, solo el 3% considera que la piratería no perjudica a nadie.

En este sentido, un 71% de los alumnos encuestados considera que descargar o acceder a contenidos pirateados es malo. Al contrario que la conciencia de las consecuencias de la piratería, la consideración de la descargas o el acceso ilegales a contenido en internet como algo malo desciende con la edad. Los alumnos de más edad se muestran reacios a valorar moralmente estos actos, y un 63,2% de los alumnos de 2º de la ESO (7,8% menos que la media) considera que la piratería es mala.

Así, el director del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología EducaLIKE, Guillermo Cánovas, ha señalado que la mayoría de los alumnos «piensan que todo lo que está en internet es consumible», y, a su vez, «creen que si sus contenidos se exponen, son de todo el mundo». Los niños y jóvenes de entre 10 y 14 años son «uno de los grupos más potentes de internet» y, sin embargo, «necesitamos más campañas para niños y adolescentes y que reciban información para diferenciar los contenidos descargables«, ha asegurado Cánovas.

Los talleres aumentaron en un 15,2% la consideración de la piratería como algo negativo

En un principio, el 55,8% de los alumnos entre 10 y 14 años consideraba que la piratería era negativa. Tras los talleres de formación, el porcentaje se elevó al 71%. Igualmente, solo un 7,8% de los alumnos con formación considera que la piratería no perjudica a nadie, una cifra que se elevaba al 30,8% antes de los talleres. Esto supone haber despertado la sensibilización del 75% de los encuestados.

Tras los talleres de formación, el 71% de los alumnos consideraba que la piratería era negativa y solo un 7,8% consideraba que no perjudicaba a nadie, lo que supone haber despertado la sensibilización del 75% de los encuestados.

El estudio refleja que, a partir de estos datos, la educación puede considerarse una herramienta fundamental y efectiva para lograr que los niños y adolescentes tomen conciencia sobre la importancia de defender sus derechos en internet y respetar los derechos de los demás, aumentando así la percepción y valoración negativa hacia el fenómeno de la piratería.

El director general de Innovación y Desarrollo Global de LaLiga, Ignacio Martínez Trujillo, ha afirmado que «tenemos que ser capaces de construir y compartir con niños y adolescentes los modelos de relación y los límites en la economía digital en la que ellos van a ser, no solo futuros consumidores, sino también futuros profesionales con derechos«. Martínez Trujillo ha insistido que no se puede pedir a los niños que sean «héroes morales» o dejar en sus manos la decisión de descargar o acceder a un contenido ilegal. «Ahora toda la economía es digital, todos somos consumidores y creadores», ha señalado, por lo que «hay que encontrar el equilibrio entre nuestros derechos y el respeto a los derechos de los demás».

Martínez Trujillo también ha hecho hincapié en la necesidad de imponer «unas normas y condiciones para el acceso a internet, que no tienen nada que ver con la censura«. Asimismo, ha hecho referencia a la tarea de La Liga de informar a los máximos responsables de las grandes empresas internacionales cuando encuentran uno de sus anuncios en una página web que permite el acceso o la descarga de contenidos ilegales, un proceso que suele tener una respuesta «casi siempre positiva». «Deberíamos reclamar a empresas que todos conocemos que cuando lancen su campaña en internet no lo hagan en sitios que ofrecen contenidos ilegales«, ha afirmado, asegurando que en los últimos 18 meses desde La Liga se han enviado más de 20.000 burofaxes dirigidos a los responsables de estas empresas que se anuncian en páginas de contenido dudoso, invitándoles de forma amistosa a adherirse a la lucha contra la piratería.

En cuanto al interlocutor con el que se deben negociar las medidas a tomar en la lucha contra la piratería, Ignacio Martínez Trujillo ha afirmado que no hay que reducirlo al gobierno local, sino a los gobiernos de todo el mundo, ya que este es un asunto que concierne y compete a todos. Por ejemplo, los distribuidores del contenido ilegal que llega a España pueden estar situados en Estados Unidos, mientras que los servidores están localizados en África o Asia. Por ello, lo que hace falta es alcanzar una unión para luchar contra un problema global y deslocalizado como es la piratería. 

Navarrete, por su parte, ha puesto como ejemplo a Italia y Portugal en la lucha contra la piratería. En Italia, el 51% de los sitios web denunciados han sido bloqueados, mientras que en Portugal se han retirado más de 84 millones de obras pirateadas y se bloquearon 330 sitios web entre septiembre de 2015 y abril de 2016. En España, en cuatro años, se han bloqueado cuatro páginas con contenidos ilegales de industrias culturales. 

En Italia el 51% de los sitios web denunciados han sido bloqueados y en Portugal se cerraron 330 páginas en siete meses.

Aún así, Martínez Trujillo ha insistido en que el mejor camino no es el bloqueo de páginas web, que pueden resurgir de diferentes maneras, sino negociar a nivel global con todos los agentes, desde los anunciantes hasta la misma sociedad, para implicarlos en la lucha contra la piratería. 

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El Ministerio de Cultura intenta minimizar los efectos de la piratería en España

El Ministerio de Cultura acaba de difundir una nota con el balance, muy positivo, realizado por el Ministerio del Interior sobre la piratería audiovisual en nuestro país.

Reproducción literal de la nota de prensa del Ministerio

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incautaron en 2015 artículos valorados en más de 20 millones de euros por delitos que vulneraban derechos de propiedad intelectual.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollaron el año pasado 395 intervenciones, detuvieron o imputaron a 231 personas por infracciones contra los derechos de propiedad intelectual, e incautaron 245.173 objetos valorados en más de 20 millones de euros.

Estos son algunos de los resultados que presenta el Balance 2015 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y que publican el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Los datos que recoge este balance reflejan el total de las intervenciones policiales realizadas tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).

Uno de los puntos a destacar dentro de las acciones encaminadas a la lucha contra los hechos que vulneran la propiedad intelectual es el impacto de esta actividad ilícita en la economía formal en su conjunto, medido en pérdidas económicas y sociales significativas.

La valoración de la mercancía intervenida a lo largo de 2015 versa de forma exclusiva sobre los artículos incautados. Así, no se efectúan estimaciones del posible perjuicio económico que puede derivarse de estas actividades delictivas que conllevan la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Con todo, el valor de los objetos intervenidos durante 2015 asciende a un total de 20.857.457 €.
Dentro del conjunto de los efectos intervenidos, es el sector relativo a la informática/electrónica/software (41,5%) el más numeroso en términos cuantitativos.
En lo que respecta a los distintos puntos de incautación de la mercancía, los datos registrados establecen que las principales ubicaciones en las que se han efectuado las intervenciones policiales son el domicilio (32,7%) y la vía pública (8,4%).

Por otro lado, la distribución territorial de la delincuencia que afecta a la propiedad intelectual se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Lucha frente a la actividad ilícita en internet

En el ámbito de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) dispone, desde el 1 de marzo de 2012, de una Sección Segunda competente en el procedimiento administrativo-judicial de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.

Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de información según lo previsto en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual a través del referido procedimiento administrativo-judicial, el cual se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, sean procedentes.

Además, con la aprobación de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se reformó la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha tratado de dar algún paso más, especialmente a través de la consecución de varios objetivos:

• Incrementar la eficacia de los mecanismos procesales para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito civil.
• Mejorar la eficacia de las notificaciones y la defensa de los interesados en el procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet, que tramita la Sección Segunda de la CPI.
• Reforzar las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por parte de responsables de servicios de la sociedad de la información.

Desde el inicio de su actividad, en el año 2012, y hasta el 15 de mayo de 2016, se han presentado, ante la Sección Segunda de la CPI, 463 solicitudes, de las cuales se han resuelto expresamente 441 (95,25% de las solicitudes presentadas).

Dentro de esas resoluciones expresas, debe señalarse que, de las 275 webs afectadas/requeridas (entre ellas 82 webs de enlaces), 265 han retirado hasta el momento los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente, y entre ellas 43 han cesado por completo en su actividad:

• 7 webs con extensión de dominio “.es” han sido canceladas, a instancia de la CPI, por la entidad pública Red.es.
• 36 páginas webs han cerrado completamente a raíz de las actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, ya sea como consecuencia de requerimientos de información o de su notificación como interesados tras la resolución de un acuerdo de inicio.

Asimismo, se han dictado 6 resoluciones judiciales en el ámbito de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 7 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, y según lo resuelto por ésta.

Por otra parte, cabe mencionar, desde el punto de vista jurídico, la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, puesto que vino a definir los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet. En concreto, se ha incluido como delito la facilitación, de modo activo y no neutral, y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, del acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares.

Además, desde la Fiscalía General del Estado, se ha adoptado la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información.
Por último, se ha dictado en España, en relación con los delitos contra la propiedad intelectual, la sentencia de la Operación Youkioske (por la creación de un kiosko digital en el que se colgaban periódicos, revistas y otras publicaciones sin autorización de sus autores). Resolución que resulta ser la mayor condena impuesta hasta el momento por estos hechos. En ella, se establece la responsabilidad de los administradores de páginas webs de enlaces, basándose en los siguientes argumentos:

• El preciso conocimiento de que a través de los enlaces se facilita el acceso a contenido protegido, y se actúa sin la “autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios”.
• Tiene que efectuarse una comunicación pública, entendida como “todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares de la misma”.
• Que los responsables actúen con ánimo de lucro, es decir, con “la intención de obtener un enriquecimiento económico con la acción”.
• Debe haberse producido un perjuicio (patrimonial) a un tercero, y además, un “resultado material lesivo”.

El estudio estadístico completo se puede consultar en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es), y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es). Junto con los datos estadísticos, se acompañan imágenes y vídeos de las operaciones más relevante llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta materia.

Cine&Tele On Line y su campaña permanente contra la piratería en España

La diferencia abismal entre las informaciones que distribuye el ministerio de Cultura y la Coalición de creadores en el asunto de la piratería se ha convertido en una constante desde hace más de un año en nuestro país. Desde Cine&Tele On Line tomamos la decisión de publicar ambas versiones a fin de que nuestros lectores pudiesen formar su propio criterio al respecto, aunque basta solo con escuchar las conversaciones entre los jóvenes de 15 a 30 años para saber que el visionar películas de forma fraudulenta a través de internet es un hábito muy arraigado. Los responsables directos de este grave desvío de la actitud cívica de nuestra juventud son los dos últimos gobiernos que hemos “sufrido” los españoles desde hace ahora casi 12 años, justo cuando el acceso a internet comenzó a masificarse en España. Ni Rodríguez Zapatero (PSOE) ni Mariano Rajoy (Partido Popular) han tenido el valor necesario para “coger el toro por los cuernos” como lo han hecho sus colegas del resto de Europa y, en consecuencia, han valorado más la posible pérdida de votos en las diferentes elecciones generales a las que se han sometido que la defensa de un sector que la Unión Europea ha calificado como estratégico para la creación de riqueza en el Viejo Continente.

El presidente de la MPAA (Motion Picture Association on América), en representación de la parte más perjudicada por esta dejación de funciones, ha visitado España numerosas veces en estos doce años y se ha entrevistado personalmente con el presidente Rajoy, ahora en funciones. Confiamos en que las elecciones generales del próximo día 26 de junio decidan, de una vez por todas, castigar a los dos partidos que han hecho de la palabra CULTURA un concepto abandonado en todos los debates, especialmente a lo largo de estos cuatro últimos y nefastos años para nuestro sector.

Sabemos bien que los desmanes cometidos por nuestros diferentes gobiernos desde hace décadas nos están pasando ahora la factura y nos vemos obligados a sufrir restricciones por culpa de tanta malversación de dineros públicos, y de tantas decisiones tomadas contra la lógica más elemental.

Unas decisiones que han producido un mínimo ahorro para las arcas del Estado a cambio de incrementar enormemente los gastos en subsidios de desempleo, cierre de empresas y pérdida de la posición privilegiada que tenía España en el ámbito de la creación audiovisual a nivel internacional. Puede que las macrocifras de la economía nacional hayan mejorado un poco, pero el daño que se ha causado al tejido creativo y productivo nos ha restado mucha capacidad para competir en los mercados internacionales durante los años venideros.

“La aprobación de la Ley Orgánica de enero de 2015 contra la piratería fue muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique”

José Manuel Tourné, director general de la FAP, comenta en exclusiva para Cine&Tele On Line algunos datos recientemente difundidos por el Ministerio de Cultura sobre la piratería en España.

Respecto a la retirada voluntaria de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual de más de 260 webs requeridas, José Manuel Tourné ha afirmado que “se trata de la retirada de 2-3 títulos por cada web unos 350 días después”, mientras que sobre el dato de las 43 webs que han cesado completamente su actividad, señala que “la mayoría de ellas, han cerrado por acciones ajenas a la Comisión y otras han sido reemplazadas”.

Tourné ha asegurado que “la labor de las Fuerzas de Seguridad ha sido siempre excelente y los resultados serían aún mejores si tuvieran un mínimo de colaboración judicial. Esta colaboración es imprescindible para autorizar las investigaciones en domicilios para conseguir las pruebas que permitan describir la actividad de los administradores de las webs piratas”. Asimismo, ha explicado que “en cuatro años se han bloqueado tres páginas frente a las más de 200 que se han cerrado o bloqueado tanto en Italia como en Portugal en poco más de un año”.

Sobre la mejora de la eficacia de las notificaciones y el refuerzo de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, José Manuel Tourné apunta que “la SETSI apenas ha sancionado a los responsables de dos o tres webs ilegales que vulneran la LSSI.

En cuanto a los datos de la Sección Segunda de la CPI, en los que se afirma que se han resuelto 441 de las 463 solicitudes, Tourné señala que se han resuelto “en plazos superiores a los 400 días, ordenando la retirada de dos o tres títulos frente a una oferta de miles”.

Por último, ha destacado que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, centrada en los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet, fue “muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique”.

En la nota del Ministerio de Cultura se indica que desde la Fiscalía General del Estado se ha adoptado la Circular 8/2015 de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información. A este respecto, Tourné confirma que es una muy buena noticia y que “desde 2006 estábamos pidiendo que se reformara la anterior Circular (1/2006), que ha generado una praxis judicial ambigua, hasta el punto de que algunas sentencias absolutorias de este último año alegan que hasta ahora no era delito y a partir de la reforma del Código Penal, sí”.

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Los cines españoles proyectan el spot de CreaCultura en defensa de la Propiedad Intelectual

Bajo el eslogan ‘Está en tu mano’, el movimiento de Atresmedia lanza su nueva campaña, con la que pretende concienciar a los consumidores digitales de su responsabilidad, haciéndoles partícipes de la creación de contenidos. Desde el pasado viernes las salas de cine se han sumado a esta iniciativa proyectando el spot de esta campaña, que cuenta con la colaboración de la Federación de Cines de España (FECE), Fedicine,  Movierecord y Google para su difusión.

CreaCultura, el movimiento de Atresmedia en defensa de la Propiedad Intelectual, lanza su nueva campaña con el objetivo de transmitir la importancia de la cultura y del consumo responsable de la misma. Bajo la marca ‘Está en tu mano’, la nueva campaña pretende concienciar a los consumidores digitales de su responsabilidad, haciéndoles partícipes de la creación de contenidos.

El spot principal de la campaña se estrenó la pasada semana en laSexta Noticias 14H.El resto de canales del grupo, así como la web  y las emisoras de Atresmedia en su versión radiofónica, han ido emitiendo la campaña a lo largo de la pasada semana.

Pero además, desde el pasado viernes día viernes 3 de junio, el spot principal se puede ver también en las salas de cine, ya que la nueva campaña cuenta con la colaboración de la  Federación de Cines de España (FECE), Fedicine, Movierecord y Google para su difusión.

La dirección de Imagen y Creatividad de Atresmedia, que dirige Juanra Martín, da una vuelta de tuerca a su primera campaña y ofrece la visión más positiva de la  acción: Con un solo clic lo pones todo en marcha. Para ello, ha diseñado cuatro mundos creativos, territorios culturales asociados a diferentes disciplinas: la escritura, el audiovisual, la música y la tecnología.

En esta nueva campaña, Atresmedia cambia el enfoque hacia la creación. Si ‘Nada es gratis. Siempre hay alguien que lo paga’ presentaba el vacío creativo que  suponía la descarga ilegal, ahora ‘Está en tu mano’ muestra la capacidad de los consumidores de hacer crecer las grandes ideas si acceden a los contenidos respetando a los autores y su obra.

La nueva producción mantiene la estética de la anterior campaña pero ofrece una mayor espectacularidad en sus elementos. Sin límites, sin obstáculos. La imaginación es libre y, si tomas el buen camino, puedes contribuir a que esas ideas se hagan inmensas. Tan inmensas como una ballena sobrevolando la ciudad.

Con un concepto así de transgresor, Atresmedia quiere mostrar la capacidad de los creadores cuando son respetados, cuando tienen sus herramientas para crear. Además la pieza se presenta rompedora, tecnológica y muy cinematográfica para llegar al público joven y a todos los consumidores digitales.

Atresmedia puso en marcha CreaCultura en 2014, un movimiento para defender y reconocer el valor de la Propiedad Intelectual y concienciar sobre las consecuencias, que nos afectan a todos, que conlleva su vulneración. La acción cuenta con un enfoque abierto que busca generar un espacio de encuentro y debate para encontrar soluciones desde el diálogo.

Como gran grupo de comunicación y creador de contenidos en España, Atresmedia es consciente de su responsabilidad como transmisor cultural y como integrante de la industria. Es por ello que quiere aportar su capacidad de influencia para iniciar un diálogo constructivo y un movimiento de gran recorrido que ayude a concienciar sobre el valor de la Propiedad Intelectual y sobre la necesidad de encontrar modelos de negocios y de explotación buenos para la industria y para el nuevo consumidor digital.

Desde su nacimiento CreaCultura ha desarrollado numerosas iniciativas enfocadas a encontrar ese espacio de diálogo. Entre ellas destacan los foros de debate sobre Propiedad Intelectual que se han celebrado en el Espacio Bertelsmann. En este lugar de encuentro para el pensamiento y la cultura se ha debatido sobre “El papel de la propiedad intelectual en la era de las pantallas”, “Los nuevos modelos de negocio de la música en la era digital”, “Las nuevas plataformas para ver cine y televisión en el hogar”, “El universo cultural de la propiedad intelectual en los videojuegos: del online a los móviles pasando por las consolas” y “La Propiedad Intelectual en los libros: entre el reto digital y la responsabilidad del lector”, de la mano de expertos y grandes personalidades de la industria.

También ha lanzado coloquios creativos como el celebrado el Día del Libro sobre la adaptación de las obras literarias a la televisión y al cine, o acciones especiales en la Semana de la Propiedad Intelectual.

Además de los espacios de debate citados, CreaCultura ha colaborado en Pública 2015, encuentro internacional de gestión cultural que se celebró en el Círculo de Bellas Artes; y en el primer Foro Internacional del Español con una actividad que combinaba culturas de distintos tiempos, literatura y videojuegos. También en 2015 suscribió un convenio de colaboración con Talents United, comunidad online de talento artístico, y participó en eventos como Zinc Shower en Matadero de Madrid.

Desde hace un año, este movimiento de Atresmedia quiso dar un paso más y creó un Comité de Expertos que se reúnen regularmente para encontrar la mejor manera de acercar a los más pequeños el valor de la creación cultural y la defensa de la propiedad intelectual.

Descargar dossier camapaña aquí

CreaCultura traslada su diálogo también a las redes sociales con gran actividad en Facebook (CreaCultura) y en Twitter (@CreaCulturaCom) bajo la etiqueta #creacultura. Asimismo cuenta con la web propia creacultura.atresmedia.com con contenido original y un blog especializado www.blogcreacultura.com.La campaña Crea Cultura ha sido reconocida en 2015 por la Federación de Gremios de Editores de España con el Premio Liber 2015 y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) le ha concedido a Atresmedia su Medalla de oro por este movimiento. Además, la campaña de imagen recibió la medalla de oro en los Festivales de Cine y Televisión de Nueva York.

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Reino Unido apuesta por la Propiedad Intelectual

El pasado 10 de mayo, la Oficina de propiedad intelectual (IPO) del Gobierno de Reino Unido publicó el documento Protecting creativity, supporting innovation: IP enforcement 2020, que describe una estrategia a cuatro años vista con el objetivo de proporcionar un entorno seguro para los creadores y las industrias creativas, incluidas las pequeñas empresas, y tengan más confianza para operar internacionalmente.

El objetivo es que los titulares de derechos británicos tengan acceso a “herramientas proporcionadas y eficaces para resolver disputas y hacer frente a la infracción de la propiedad intelectual” tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

La estrategia se basa en acciones concentradas en seis áreas clave:
1. Reducir los niveles de contenido ilegal online.
2. Hacer frente al comercio de mercancías falsificadas.
3. Reforzar el marco jurídico para facilitar un acceso más fácil a la Justicia.
4. Promover el aumento de la educación, la sensibilización y el respeto por la propiedad intelectual, especialmente entre consumidores y usuarios.
5. Dar seguridad a derechohabientes y empresas de Reino Unido para comerciar internacionalmente.
6. Mejorar la base de pruebas.

El documento pone un énfasis significativo en la infracción online, al situarla como la primera de las prioridades, y coloca a los motores de búsqueda en el punto de mira, asegurando que va a exigirles una mayor colaboración para erradicar de internet los contenidos pirateados.

Respecto a los procedimientos de notificación y retirada (notice and takedown), actualmente en revisión en Estados Unidos, el documento anuncia que Reino Unido quiere “mejorar y agilizar el proceso” al mismo tiempo que elaborará un Código de Buenas Prácticas para los intermediarios que gestionan los medios de pago.

Asimismo, también incluye la posibilidad de introducir un sistema de “trackdown” que permita a los titulares de derechos no sólo enviar avisos sino también actuar directamente contra los infractores identificados.

Reino Unido ha sido calificado en evaluaciones independientes como un líder mundial en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Para lograrlo dice la directora de la Oficina de PI que van a seguir trabajando con sus socios nacionales e internacionales de la industria e instituciones legales y gubernamentales desde el gobierno para hacer frente a los múltiples y crecientes retos planteados por la infracción y falsificación de la propiedad intelectual.

Consultar el informe completo aquí.

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España es uno de los países más permisivos con la copia ilegal de libros, según autores y editores

Una de las conclusiones del foro sobre “Propiedad intelectual en los libros: entre el reto digital y la responsabilidad del lector”, organizado por Atresmedia y Bertelsman en Madrid, es que España no ha lleva a cabo suficientes medidas para paliar la piratería en los libros.

En el foro estuvieron presentes la directora editorial de Siruela, Ofelia Grande y los escritores Lorenzo Silva y Espido Freire, moderados por el director y presentador de la primera edición de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés.

La escritora Espido Freire afirmó que es “muy inquietante” que el robo de derechos digitales “sea uno de los pocos delitos que no sólo está bien visto, sino que se alienta en algunos colectivos. Que no se haya logrado crear una conciencia de que esto es ilegal me parece incompresible. En Escandinavia, Estados Unidos o Alemania sería impensable lo que está ocurriendo en España en cuanto a la falta de respeto al autor. Por ejemplo, en Alemania no es posible descargarse contenido desde las wifi de los organismos públicos”. Por su parte, Lorenzo Silva afirmó que “España es el país más benigno con el expolio editorial”.

En la misma línea, Ofelia Grande recordó que “el 90% de los libros que se publican en España no vende ni 1000 ejemplares”. Por ello, el nuevo reto de los editores es adaptarse a las nuevas formas de consumo “pese al esfuerzo, ahora lo hacemos mejor. El trabajo de los editores no es sólo poner en electrónico el manuscrito del autor, sino que hay una tarea de edición unas veces grande y otras enorme. No sólo hacemos un una intermediación, sino que aportamos valor al  manuscrito, y avalamos la obra”, ha explicado.

Espido Freire lanzó una de las grandes cuestiones en torno a este debate: quién se beneficia de la piratería de los libros. Lorenzo Silva fue categórico: “a informáticos que están teniendo ingresos de 400.000 euros por crear y mantener páginas ilegales”. Igualmente, señaló que no son los únicos responsables, sino que hay “una quiebra de responsabilidad en el lado de los lectores”.

Freire explicó que “el robo de libros digitales es una enajenación de los derechos del autor. Quien piratea niega el derecho de pagar la hipoteca al autor. Si se roban los derechos de autor,  el creador se queda sin remuneración económica y se le condena a la inanición. Pero es que además, se erosiona toda una industria, se destruyen todos los puestos intermedios que existen”.

Igualmente, señaló que el impacto de la piratería en los libros no es solo económico, sino también cultural. Para Ofelia Grande, “en España hay un brindis al sol de leyes que no se cumplen por falta de medios por parte de las administraciones. Es un disparate que las directivas europeas mantengan un IVA del 21% para el libro electrónico, y no el 4%, porque entendemos que el libro es un contenido, no un objeto”.

En cuanto a las propuestas para frenar la piratería, Lorenzo Silva propuso la venta de ejemplares por debajo de 10€ y la creación de una biblioteca pública digital para las personas que no disponen de recursos para comprar un libro. El escritor concluyó afirmando que “hay que mejorar la oferta editorial todo lo que se pueda y, tras haber hecho todos los esfuerzos, es cuando te puedes plantar ante las administraciones para reclamar”.

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Anunciantes, Agencias de Medios e Industria firman un acuerdo para proteger los derechos de propiedad intelectual en internet

La Asociación Española de Anunciantes,  IAB Spain, y la Asociación de Agencias de Medios firman un acuerdo de cooperación con el impulso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que tiene como objetivo proteger la integridad de la publicidad digital y  evitar la inclusión de publicidad en las páginas web con contenidos o servicios que sean declarados ilegales.

Los actores intervinientes en la compraventa de la publicidad digital, conscientes de la complejidad que tal protección conlleva en un entorno dinámico y globalizado, promueven este  acuerdo en su responsabilidad de proteger la integridad de la publicidad digital y evitar la inserción de publicidad en las páginas web con  contenidos o servicios que sean declarados ilegales. Tanto anunciantes como agencias y medios actúan, en la mayoría de los casos, en su doble condición de titulares de marcas (productos, bienes y servicios) y contenidos, y también como intervinientes en el proceso de comercialización de la publicidad digital.

La firma de este acuerdo de cooperación ha contado con el impulso de la Administración General del Estado, enmarcado dentro de las actuaciones recogidas en la Agenda Digital para España aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2013.  Este acuerdo supone la puesta en marcha de iniciativas de “follow the money” en línea con las adoptadas por países de nuestro entorno y respaldadas por la Comisión Europea.

Los principales principios por los que rige este acuerdo de cooperación que se basa en la autorregulación son los siguientes:

• Compromiso de los firmantes y adheridos con la adecuada utilización y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Además seguirán trabajando para favorecer y promover, a través de la publicidad, el desarrollo de una oferta de contenidos legales, atractivos y adecuados a la demanda de la sociedad en el entorno digital.
• Adopción de principios y buenas prácticas y comunicación de su contenido para dar máxima difusión y el más amplio respeto de los mismos por cuantos terceros intervienen en el proceso de compraventa y distribución de la publicidad en Internet.
• Se considerará contraria al acuerdo la difusión de publicidad en medios digitales en los cuales, de forma activa, especifica y no neutral, se vulnere la legislación aplicable, lesionándose bienes o derechos de terceros, susceptibles de indemnización.
• Colaboración por parte de los firmantes con las autoridades competentes para evitar la inserción de publicidad en aquellos sitios web que, por declaración judicial o administrativa, vulneren la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual.

Más información sobre el acuerdo aquí

 

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La Conferencia Episcopal se manifiesta contra la piratería en el cine

Con motivo de la L Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo domingo 8 de mayo, la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal Española publica un documento titulado La piratería en el cine. Una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia, que pretende ofrecer una reflexión moral y teológica sobre esa injusticia que afecta especialmente al cine español.

 

El documento no se dirige exclusivamente a los católicos españoles, sino a cualquier ciudadano de buena voluntad y conciencia moral atenta. Con este documento, los Obispos de la Comisión sólo buscan contribuir al bien común en un campo en el que son muchas las personas que pierden su puesto de trabajo o ven malogradas sus legítimas aspiraciones profesionales y artísticas.

Al hablar de la industria del cine nos encontramos con una actividad en la que concurren dimensiones enriquecedoras para el crecimiento personal y el entramado social, como la dimensión lúdica o la dimensión cultural. En esta industria intervienen un amplio número de agentes que permiten gestar, desarrollar y trasladar la idea cinematográfica desde la cabeza del guionista hasta la sala de cine o la pequeña pantalla.

Considerada como una industria más, el cine vive en la actualidad una grave crisis ligada, en parte, al cambio cultural que están creando las modernas tecnologías de la comunicación. Éstas han creado una nueva forma de entender todas las actividades humanas: las relaciones personales, la formación, el trabajo, el entretenimiento, la vida social… Las tecnologías hacen que estas realidades humanas se hayan vuelto más interpersonales, menos masivas, facilitando su difusión en pequeños grupos. Además la grave crisis económica general ha afectado de manera especial al negocio del ocio y del tiempo libre. En este contexto de dificultades económicas, uno de los factores que están contribuyendo a su agravamiento en la industria del cine es el fenómeno de la piratería.

Las múltiples actividades que se desarrollan en el marco de esta industria se pueden agrupar en dos categorías que concurren y que se ven afectadas de modo diverso por la piratería. Por un lado están las actividades ligadas al proceso creativo, que incluye desde la idea original que se plasma en un guión hasta la producción, realización y posproducción de la película que concluye con el producto final. Por otro lado se encuentran las actividades ligadas a la difusión de la obra, como pueden ser su promoción, distribución y su exhibición/emisión.

La acción de la piratería afecta fundamentalmente a este segundo sector de la industria, creando cauces de difusión ilegales que impiden la obtención del beneficio legítimo. Esos cauces se ven favorecidos, además, por las nuevas tecnologías de la comunicación que facilitan las descargas ilegales desde internet, la copia masiva de películas, las herramientas que permiten su rápida difusión y su destino a la venta ilegal en mercadillos o por las calles, que afectan a todo tipo de películas, especialmente al cine de estreno.

Pero además, el daño ocasionado afecta también al primer sector, el del proceso creativo que no puede obtener los recursos necesarios para acometer nuevos proyectos que, como hemos señalado, pueden ser imprescindibles para el desarrollo social y cultural de las personas. Esto ocasiona graves daños a esta industria: disminuye el número de producciones, se perjudica a otras empresas auxiliares del sector, se induce al cierre de salas, desaparecen establecimientos de alquiler de películas, hay pérdidas de empleo, etc.

Es posible que la industria tenga que hacer un esfuerzo de adaptación a la nueva situación tecnológica a la hora de crear y, de manera especial, a la hora de difundir la obra creada. En este sentido, son valiosos los notables esfuerzos (intentos) realizados para experimentar nuevos cauces de distribución y de venta que realizó la industria musical ante un entorno similar. Sin embargo, la necesaria adaptación a las novedades tecnológicas no elimina el principio fundamental que hemos señalado: las obras artísticas generan una serie de derechos en sus creadores, productores, intérpretes, distribuidores, exhibidores, etc. que deben ser satisfechos.

La UNESCO, organización de las Naciones Unidas encargada de la protección y difusión de la cultura, entiende por piratería, “la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente. La piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales”.

Las obras cinematográficas (como todas las obras artísticas, plásticas, culturales, etc.) generan para sus autores, intérpretes, distribuidores, etc., un derecho moral y un derecho legal. El primero es el que tiene el autor de una obra a ser siempre reconocido como tal y es intransferible. Además, el autor tiene también derechos legales, ocasionados por la  difusión o “publicación” de su obra. Esos derechos se traducen en beneficios económicos cuando esa obra es difundida.

Si las películas se pone en circulación sin respetar el derecho retributivo, se comete un delito tipificado en el código penal, al que hemos llamado piratería, que refiere y valora el daño causado a autores, inversores, distribuidores, etc., un lucro cesante de graves consecuencias. La definición de piratería incluye cualquier proceso que conduce a generar o consumir una copia de un producto audiovisual por medios ilegales, que son aquellos no autorizados por quienes poseen los derechos de esa obra: grabación en salas, compra-venta o mera distribución de copias ilegales, descarga ilegal de internet, exhibición -gratuita o no- de copias no autorizadas o ilegales.

Los efectos de esta actividad en la industria del cine se pueden calcular a partir del lucro cesante, el cálculo de los ingresos no percibidos, que se estima en cientos de millones de euros cada año, según estudios realizados. Dichos efectos también son visibles en el descenso de asistentes al cine, el cierre de un gran número de salas de exhibición o las caídas en la distribución de los productos relacionados con el consumo doméstico (DVD, BluRay, etc.).

Aunque los daños ocasionados son sobre todo y en primer lugar económicos, no es difícil prever que el daño causado a la industria del cine afecte también a los beneficios que produce la propia actividad cinematográfica. La piratería puede ocasionar que proyectos de relieve para el bien de la sociedad, o que pueden ayudar y humanizar a las personas, dejen de llevarse a la pantalla porque la industria del cine no puede sostenerse económicamente. En suma, la piratería ocasiona un daño económico a las personas que se dedican a esta industria y también un daño a toda la sociedad que se verá privada de contenidos culturales que están en la base de su desarrollo.

El punto de vista moral acerca de la piratería

Las acciones humanas son aquellas en las que, cada persona, pone en juego su humanidad y, en el transcurso de las mismas, ésta se revaloriza o se devalúa. El bien y la virtud edifican la humanidad mientras que el mal y el vicio la hacen menguar o incluso desaparecer. La piratería en el cine merece una triple consideración moral, dependiendo de los distintos puntos de vista desde los que se enfoque.

En primer lugar, la piratería en el cine atenta contra los derechos legítimos de esta industria, directa o indirectamente, y contra su legítima aspiración al beneficio económico, y por tanto incurre en un pecado contra el 7º mandamiento de la Ley de Dios que dice “no robarás”. La doctrina de la Iglesia sobre esa cuestión está explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 2.409), donde se afirma que “toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento, […] como defraudar en el ejercicio del comercio (cf. Dt 25, 13-16)”. Además, como ha quedado dicho, el daño que se realiza a la parte que distribuye los contenidos cinematográficos se extiende también a la parte de la industria dedicada a la creación. Se trata por tanto de un pecado contra la virtud de la justicia que “consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido” y exige “respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común”.

En segundo lugar, se inflige un daño al bien común de la sociedad, en cuanto que se daña una industria que está llamada a contribuir a su difusión y su consecución. El bien común, principio fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia, es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El cine es una industria cultural que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad, etc. Dañar un cauce por el que pueden fluir las mejores ideas para el desarrollo social y por tanto limitar a sus miembros el acceso a un bien común posible es atentar contra el bien común de la sociedad y facilitar su alienación. Como dice Juan Pablo II, “está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana” .

En tercer lugar, no se puede olvidar que la piratería introduce también una forma de actuar ligada al consumo por el consumo que daña al ser humano en su esencial dignidad. “Nos extasiamos –dice el Papa Francisco- con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos” (EG, 196). El deseo de poseer los bienes ajenos, por encima de cualquier limitación y derecho, está relacionado con el décimo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe la codicia de estos bienes, que está en la “raíz del robo, de la rapiña y del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento” (CEC 2534). En la medida en que la posesión de esos bienes anula la libre orientación al bien y a la virtud, afecta a la dignidad de la persona y la limita en su humanidad.

Llamamiento

A la vista de estas consideraciones, los Obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación nos vemos en el compromiso de animar, a los católicos y a todas las personas que actúan según la recta conciencia, de manera especial a los jóvenes y a sus educadores, a vivir de acuerdo con los principios que rigen el bien común y el desarrollo de las personas y la dignidad humana.

El cine es un instrumento privilegiado para la formación, el entretenimiento, el conocimiento y la difusión de valores en la sociedad. Disfrutar del cine, en especial del que pone en su centro la dignidad humana, permite el desarrollo de nuestra humanidad. Valorar el trabajo de quienes trabajan en esta industria, que va más allá del entretenimiento, exige retribuir justamente su esfuerzo. De este modo, además de atender  a la justicia social, servimos al bien común, ya que ese esfuerzo podrá mantenerse en el tiempo y nuevas obras cinematográficas, vinculadas a este séptimo arte, ofrecerán al ser humano los cauces para conocer su dignidad y aprender a defenderla.

Deseamos que el fenómeno de la piratería en el mundo del cine disminuya hasta desaparecer, como fruto de una reflexión madura de personas sensibles al auténtico valor del cine y sensibles al bien común de toda la sociedad.

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Expertos de Italia y Portugal reflexionan sobre la infracción de derechos de propiedad intelectual

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2016, que se celebra hoy 26 de abril, y aprovechando la reciente publicación de los datos del Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales, que constata que la piratería digital de contenidos culturales y de entretenimiento no remite, la Coalición de creadores e industrias de contenidos ha organizado una jornada de trabajo en la que expertos de Italia y Portugal reflexionaron sobre las diferentes estrategias contra la infracción de derechos de propiedad intelectual en internet que desarrollan estos países y por qué están teniendo éxito, en contraposición a un modelo español que debería ofrecer mejores resultados.

Giovanna De Sanctis, experta de la unidad Copyright de la Autoridad para la garantía de las comunicaciones (AGCOM), explicó el procedimiento seguido en Italia, donde se han bloqueado 169 webs en menos de dos años. Curiosamente, el modelo italiano tomó de referencia para su diseño el procedimiento administrativo español de salvaguarda, con excepción del carácter independiente de la comisión.

Según explicó De Sanctis, desde el inicio de la actividad de la AGCOM hace dos años se han iniciado el 74,8 % de los procedimientos, con una eficacia contrastada: “El 51 % de los sitios denunciados han sido bloqueados, y el 38 % han retirado los contenidos infractores”. La experta italiana concluyó su intervención recordando la importancia de involucrar contra la piratería a los motores de búsqueda, a los actores del mercado publicitario y a los medios de pago.

Por su parte, António Paulo Santos, presidente de MAPINET, un organismo independiente formado por los principales actores del sector cultural y de las telecomunicaciones, detalló el funcionamiento del modelo portugués. Portugal ha bloqueado desde septiembre de 2015 más de 330 sitios web infractores, incluyendo tanto páginas de descargas como de streaming. “Más de 84 millones de obras pirateadas han sido retiradas de internet en un año”, destacó Santos. “Y lo más importante, no hemos tenido ningún problema legal con ninguno de esos bloqueos”. El experto portugués ha explicado que los sitios afectados pueden presentar la documentación que acredite que tienen autorización para ofrecer los contenidos y lograr que se levante de inmediato el bloqueo.

La ineficacia de la lucha contra la piratería en España

En una segunda mesa, diferentes especialistas españoles reflexionaron sobre qué extraer de estas experiencias europeas para lograr que el modelo español funcione.Tomás González Cueto, abogado del Estado y experto en las industrias de contenidos, aseguró: “España podría ser capaz de impulsar la vía administrativa, que se está demostrando eficaz en los países de nuestro entorno para lograr con éxito un descenso de la piratería y un desarrollo de la oferta legal de contenidos”.

González Cueto lamentó que el procedimiento, pese a estar avalado por dos sentencias del Supremo, es lento hasta extremos impensables, multiplicándose por diez el periodo previsto de tramitación de expedientes (400 días de media). “Tampoco ayuda la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, burocrática y con funcionariosque responden a ministerios con intereses opuestos en lo que respecta a la lucha contra la piratería. Por ello –concluyó‐ es fundamental no solo que se priorice el bloqueo de contenidos pirateados sino que además se haga en unos tiempos razonables, para reducir al mínimo los perjuicios causados”.

También Lucas Blanque, ponente del dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley de reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, señaló que en el Consejo de Estado “llamó mucho la atención la composición de la Comisión de la Propiedad”, así como “la cantidad de dificultades que se ponen a la protección de la propiedad intelectual”. “Sentencias del TJUE recuerdan, por ejemplo, que al facilitar información para identificar a los infractores debe haber ponderación, equilibrio, no el paroxismo actual hacia los datos de carácter personal”, concluyó Blanque.

José Guerrero Zaplana, Magistrado Coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, señaló irónicamente: “Si esto no funciona, y estamos de acuerdo en que no funciona, por una vez no es culpa de los jueces”. El magistrado lamentó que no hubieran llegado a los tribunales más casos, aunque responsabilizó de ello a las características del proceso implantado por el legislador.

Después de la jornada los intervinientes, junto a los presidentes de las asociaciones que conforman la Coalición de creadores, acudieron al Congreso de los Diputados donde, invitados por el presidente de la Comisión de Cultura, mantuvieron una reunión con los miembros de la mesa y portavoces, a los que trasladaron la urgencia de hallar una solución eficaz al problema de la piratería digital que permita desarrollar la oferta legal de contenidos culturales y de entretenimiento.

La Coalición de creadores e industrias de contenidos está integrada por AEVI(Asociación Española de Videojuegos), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos),CONECTA (Asociación de Canales Temáticos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FAP (Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual), FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos),PROMUSICAE (Productores de Música de España), SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y UVE (Unión Videográfica Española), representantes de la mayor parte del sector de la cultura y el entretenimiento, un sector que, en su conjunto, aporta más del 5% al PIB nacional y genera casi un millón de empleos directos e indirectos.

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Una web pirata menos: la Policía clausura queveohoy.net

La Policía Nacional ha detenido al administrador de la página. El dominio fue creado hace tres años ocultando la identificación de sus titulares y detrás de él se encontraba una empresa cuyo supuesto objetivo era la venta de vehículos y otros productos a través de Internet. Solo durante el pasado mes de febrero la web recibió más de 2.000.000 de visitas de usuarios de España, Latinoamérica y EEUU; logrando unos beneficios de más de 100.000 euros por publicidad en los últimos dos años

La Policía Nacional ha detenido al administrador de una activa página web de descargas audiovisuales “piratas” en lengua castellana que ofrecía miles de títulos vulnerando los derechos de sus legítimos titulares. El dominio fue creado en el año 2012 ocultando la identificación de sus titulares. Detrás de él se encontraba una empresa cuyo supuesto objetivo era la venta de vehículos y otros productos a través de Internet. Solo durante el pasado mes de febrero la web recibió más de 2.000.000 de visitas de usuarios de España, Latinoamérica y EEUU; logrando unos beneficios de más de 100.000 euros por publicidad en los últimos dos años. Al arrestado se le atribuyen delitos contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales, y dos hermanos suyos han sido investigados no detenidos en el marco de esta operación.

Las investigaciones comenzaron hace un año, cuando agentes especializados recibieron la denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Entonces pudieron comprobar que un dominio, creado en el año 2012, había sido inscrito a través de una empresa especializada que aseguraba el anonimato de los datos del administrador y responsable de la web. Las pesquisas oportunas condujeron a que, detrás del portal, se encontraba una empresa cuyo supuesto objetivo era la venta de vehículos y otros productos a través de Internet.

Más de 100.000 euros de beneficios en dos años

Los policías pudieron comprobar además que la web era frecuentada por millones de usuarios de habla hispana –España, Latinoamérica y EEUU- que podían descargar películas, series y demás material a través de enlaces a las distintas las obras. De esta manera, el administrador obtenía enormes cantidades de dinero en función del número de usuarios y su actividad ante los anuncios publicados. Los beneficios por la inserción de estos banners superarían los 100.000 euros en unos dos años.

Tras realizar nuevas indagaciones, los agentes comprobaron que el domicilio social declarado era ficticio y no tenía ninguna actividad relacionada con la sociedad. En el registro llevado a cabo en un piso de Valladolid se han intervenido dos equipos informáticos, dos discos duros, y 5.220 euros en efectivo. Además se han bloqueado dos cuentas bancarias utilizadas presuntamente para blanquear el dinero obtenido con esta actividad ilícita.

La página web ha sido clausurada por orden judicial y se ha arrestado al administrador de la misma. Los dos hermanos del detenido también han sido imputados y están siendo investigados.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.

 

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La federación de productores catalanes pide que el Gobierno actúe con urgencia contra la piratería

PROA, la Federación de Productores Audiovisuales de Cataluña,  se pone en alerta ante los últimos datos de la piratería y lamenta que el Gobierno Español no haya puesto en marcha las medidas necesarias en los últimos cuatro años y recuerda que uno de los motivos que han impulsado las Tasa a las Operadoras de Internet es, precisamente, el beneficio que les reportan los contenidos audiovisuales.

Que los datos de la piratería en España continúan siendo muy alarmantes es algo compartido por todos, tal y como se destacó en el estudio del Observatorio de la Piratería y los Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales para el 2015, presentado el pasado jueves por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

En este sentido PROA, la federación que reúne a los productores audiovisuales de Cataluña, señala que “esta situación es alarmante y los datos demuestran que, en los últimos cuatro años, el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para aplicar la legislación vigente en materia de anti-piratería. Es por ello que PROA pide una actuación con urgencia.”

Además la federación quiere destacar los motivos por los cuales los usuarios piratean y que, según el estudio presentado, son, mayoritariamente, que “el acceso es más rápido” y que “ya pagan su conexión a internet”. En este sentido, la federación subraya que con este estudio se ve legitimado uno de los principales motivos por los cuales se ha impulsado en Cataluña la Tasa a las Operadoras de Internet ya que se pone en evidencia el beneficio que éstas extraen de los contenidos audiovisuales generados por el sector de la producción independiente.

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Piratería: la historia se repite

Ayer día 31 de marzo, La Coalición convocaba a los medios informativos para ofrecer los datos más recientes del Observatorio de la Piratería en España, datos que ya ofrecimos a nuestros lectores poco después de celebrarse ese acto. No habían transcurrido ni cuatro horas, cuando llegó a nuestra redacción una nota de prensa procedente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la que se desmentía la información elaborada por La Coalición y se cuestionaba la fiabilidad de sus fuentes. Exactamente lo mismo que pasó en el mes de julio de 2015.

Nos preguntamos a qué juega el ministro Íñigo Méndez de Vigo con este “tú dices eso, yo lo desmiento”. cuando de todos es conocido el hecho de que la piratería de productos culturales es un hábito arraigado en las costumbres de la mayoría de los españoles –y muy especialmente en la de los nativos digitales—debido a la inacción del Gobierno durante los siete años de José Luis Rodríguez Zapatero y la poca eficacia de las medidas adoptadas durante los cuatro años de Mariano Rajoy.

Es en estos 11 años perdidos en los que se ha desarrollado en España el concepto popular de que “en internet todo es gratis”. ¡Cuánto hemos echado en falta una campaña oficial (potente y mantenida en el tiempo) para concienciar a los usuarios de que tomar contenidos de terceros sin autorización de éstos es igual que robar un coche, o un bolso, o atracar un comercio de cualquier tipo…! Pero claro, entonces se podía perder el voto de los internautas en las siguientes elecciones, y eso era  —y sigue siendo— lo único que cuenta para una “clase” política que piensa más de lo que debe en su propio beneficio.

Reproducimos a continuación íntegramente la nota recibida ayer y ofrecemos a nuestros lectores el enlace a las informaciones que dimos en el mes de julio sobre este mismo debate.

La lucha contra la piratería en España comienza a dar resultados

31-marzo-2016.-  Tras conocer el informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales presentado hoy por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte indica que la lucha contra la piratería en Internet es una prioridad para el Gobierno. Las medidas adoptadas tanto legislativas, como institucionales y operativas, comienzan a dar resultados. El problema, no obstante, sigue siendo importante para nuestra economía, por lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continuará adoptando medidas que aumenten la eficacia en la guerra contra la piratería.

Respecto al informe presentado hoy del Observatorio de Piratería, el Ministerio quiere poner de relieve que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015, estadística oficial de carácter cuatrienal que forma parte del Plan Estadístico Nacional, publicada en septiembre de 2015, refleja que respecto a las descargas gratuitas de vídeo -tanto lícitas como ilícitas-, al contrario de lo que recoge el estudio de La Coalición, se observa un descenso del porcentaje de personas que han realizado descargas y una ralentización del aumento en el caso de música (del 18,3% respecto al 17,7% del periodo anteriormente investigado).

El dato cuantitativo de las descargas no se puede obtener con certeza en España, dado que el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, lo que imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales ni tampoco distinguir las ilegales de las legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar esos datos y no son cifras que ofrezcan las webs infractoras. La Coalición ha presentado, por tanto, un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, cuyas conclusiones no pueden validarse en lo que se refiere a los datos de acceso a las webs vulneradoras, al no venir éstos respaldados por cifras objetivas y contrastables.

Frente a estos datos, otras cifras objetivas, como son el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 sólo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Además, de las 12 web más visitadas en el Top 250 de Alexa, sólo 4 tienen vínculos identificados con España.

El cambio de tendencia en el mercado coincide con las reformas legales en la lucha contra la piratería en Internet

El estudio de La Coalición también incluye, no obstante, otros datos que sí son objetivos y cuantificables: los referentes a la evolución de los mercados de contenidos protegidos por derechos de autor desde 2001 hasta 2015. En todos los casos la tendencia entre 2001 y 2011 describe un descenso pronunciado del volumen de dicho mercado, si bien a partir de 2012 se alcanza un punto de inflexión en el que este descenso se detiene, e incluso la tendencia se revierte ligeramente al alza.

Este cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor las reformas legales introducidas por el Gobierno para combatir la piratería en Internet y facilitar la oferta legal. Estas son el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, la posterior modificación de la Ley de Propiedad Intelectual por medio de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, y la modificación del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, así como, en cuanto a la mejora de los mecanismos de mediación, arbitraje y determinación de tarifas que faciliten la oferta legal, el Real Decreto 1023/2015, que desarrolla las funciones de la Sección Primera de la CPI, y la Orden ECD/2574/2015, que aprueba la metodología para determinar las tarifas generales en materia de explotación de derechos de propiedad intelectual.

En este periodo, marzo 2012 hasta marzo de 2016, la Sección Segunda de la CPI ha recibido 458 solicitudes que presentan los titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se han resuelto expresamente cerca de un 95%, habiendo afectado a 267 webs vulneradoras, de las cuales 257 han retirado todos los contenidos identificados y que se ofrecían ilícitamente. Se han producido también 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación del dominio por las Autoridades españolas o cierre voluntario de la propia web), y 3 resoluciones de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 6 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI y según lo resuelto por ésta.

Compromiso de todos

Además de las reformas legales mencionadas, del refuerzo de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, y de la constitución de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, mediadora en el equilibrio de intereses en los derechos de propiedad intelectual y con competencia para determinar tarifas generales en este ámbito y así facilitar la oferta legal, la Secretaría de Estado de Cultura colabora con las industrias culturales en fomentar la creación, difusión y visibilización de la oferta legal de la cultura en Internet; también se ha mejorado la colaboración interministerial y con las entidades de gestión implicadas en la defensa de los derechos de autor, además de llevarse a cabo actuaciones que persiguen impulsar el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental a nivel europeo y con otros países, como Estados Unidos, para combatir la piratería en Internet, ya que es un fenómeno global.

El Gobierno está fuertemente comprometido con la lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual en Internet y va a continuar dando pasos firmes en ese sentido.

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Industrias Culturales en España: estado de máxima preocupación

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La piratería se mantiene: cerca de un 90% de los contenidos consumidos en 2015 eran ilegales

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha presentado hoy, en colaboración con LaLiga, el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2015, realizado GfK. Según este estudio, el 87,48% de los contenidos consumidos en 2015 eran ilegales, una cifra que ha experimentado un descenso del 0,46% respecto al año pasado. 

En el acto, que tuvo que cambiar de localización por aforo, han estado presentes el director de la Unidad de Negocio de GFK, Iñigo Palao; el director general de Innovación y Desarrollo Global de LaLiga, Ignacio Martínez Trujillo; la directora general de CEDRO, Magdalena Vinent; el director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourne; y el presidente de PROMUSICAE, Antonio Guisasola.

Según la directora de la Coalición, Carlota Navarrete, este descenso “representa una pequeña luz al final del túnel”, aunque los representantes de las industrias y los creadores no están contentos por la falta de “prontitud y determinación” en la lucha contra la piratería. Navarrete ha afirmado que la erradicación de este problema es una “política de estado” que no depende de ningún programa político en particular.

Según los datos del estudio, solo el 36% de los accesos a contenidos en 2015 fueron legales, un cuatro por ciento menos que en 2014, y el porcentaje de usuarios que accedieron ilícitamente a los contenidos ha aumentado desde el 58% de 2014 al 63% del pasado año.

Durante 2015, se han accedido ilegalmente a 4.307 millones de contenidos por un valor de 24.058 millones de euros. De estos accesos, 878 millones corresponden a las películas por un valor de 6.907 millones de euros, 950 millones a las series por un valor de 1.567 millones de euros, 141 millones al fútbol por un valor de 410 millones de euros y 225 millones a los videojuegos por un valor de 5.710 millones de euros. El lucro cesante total es de 1.669 millones de euros, que supondría un incremento del 48% sobre la facturación actual de las industrias.

Un escenario sin piratería permitiría crear 21.672 puestos de trabajo directos y aproximadamente cien mil indirectos. En cuanto a las arcas públicas, el Estado está dejando de recibir 547 millones de euro entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social por culpa de la piratería.

Un 36% de los accesos ilegales a películas se produce mientras se exhiben en cines

La novedad es uno de los factores que determina los accesos ilegales. Según este estudio, un 36,3% de los accesos ilegales a películas se produjo mientras las mismas se estaban exhibiendo en los cines y un 27,6% en el primer año tras el lanzamiento del DVD. Se ha registrado una estabilidad en los accesos ilícitos a películas en cuanto al número de contenidos, pero la novedad de los mismos hace que el valor de éstos se incremente.

El lucro cesante de las películas se traduce en 440 millones de euros en películas físicas y 133 millones de euros en películas online, es decir, un total de 573 millones de euros que incrementaría en un 79% el valor de la industria. En un escenario sin piratería, el valor de la industria del cine sería de 1.292 millones de euros, sumando los 573 millones de euros de lucro cesante a los 721 millones de euros de la industria actual legal. Así, el valor de la industria sería similar al que se alcanzó en 2006, antes de la explosión de la piratería digital.

José Manuel Tourné ha afirmado que existen numerosas alternativas al acceso ilegal como “páginas que permiten el acceso legal a las películas con precios enormemente asequibles” o, incluso, el tradicional videoclub. Una de las claves, según Tourné, es que “no se enseña ni se sensibiliza en la educación pública ni en la privada sobre el respeto a la propiedad intelectual”.

La disminución del tiempo entre ventanas tampoco parece ser una solución, ya que según Tourné, “el espectador percibe que lo que está en la alfombra roja es lo que vale; si no ha pasado por ahí, el consumo cae de forma estrepitosa”. El estreno simultáneo en varias ventanas también puede causar un efecto similar al que sufre la industria del videojuego, en la que “ha aumentado la piratería al distribuir los videojuegos también digitalmente”. Así, la mayor parte de los ingresos de las películas provienen del estreno en salas y en televisión, y no tanto de otras plataformas digitales.

Sin piratería, el valor de la industria de las series sufriría un incremento del 104%

En 2015 se piratearon contenidos por un valor de 955 millones de euros y, sin piratería,el valor de la industria ascendería de 178 a 364 millones de euros, un 104% más, al incorporar los 186 millones de euros de lucro cesante.

En concreto, ha aumentado el número de personas que consume series de manera ilícita, aunque consumen menos contenidos gracias al consumo de serie a través de canales legales. Un 30% de usuarios accedió ilegalmente a series de televisión, reproduciendo o descargando 950 millones de capítulos durante 2015. De estos, un 46,2% se encontraba en emisión en televisión. El perfil de este tipo de usuarios es varón, de entre 16 y 34 años y usuario avanzado de internet.

Los ingresos de los futbolistas, principal motivación para consumir ilícitamente partidos de fútbol

El 21% de los usuarios de internet (uno de cada cinco) consume partidos de fútbol a través de accesos ilegales. El 75% de estos afirma que lo hacen porque “los futbolistas ya ganan mucho dinero”, mientras que un 72% lo hace porque otros sistemas son muy caros y un 51% porque no perjudica a su propio equipo. El perfil de este tipo de usuarios corresponde a un hombre de 25 a 34 años, de clase media-alta y con un uso avanzado de internet.

El valor de este tipo de piratería asciende hasta los 410 millones de euros. Durante 2015, se visualizaron de forma ilegal un total de 141 millones de partidos de fútbol en dos millones de hogares españoles.

Por su parte, Ignacio Martínez Trujillo ha explicado que “el fútbol no tiene clientes, tiene fans, lo que crea un entorno muy distinto” y ha afirmado que están “preocupados pero tranquilos” porque las tendencias indican “comportamientos que van en un buen sentido”. Según Martínez Trujillo, el acceso ilegal por streaming se está convirtiendo poco a poco en un problema menor y es hora de poner el foco en los decodificadores, que permiten ver gratis canales de televisión de pago.

Aumentan los usuarios que descargan videojuegos pero no el número de contenidos descargados

Durante 2015 aumentó el número de personas que descargaron videojuegos de manera ilícita, pero el cómputo global de contenidos disminuyó. Aún así, la mayor parte de ellos eran novedades, lo que ha provocado que el valor aumente significativamente respecto a 2014, pasando de 5.409 a 5.710 millones de euros. En total, se produjeron 225 millones de accesos digitales ilegítimos a videojuegos y se piratearon 228 millones de contenidos en el mercado físico y en el digital.

El valor de la industria de los videojuegos sufriría un incremento del 46% en un escenario sin piratería: pasaría de 497 millones de euros a 728 millones, sumándole los 231 millones de euros de lucro cesante.

La solución para los usuarios: cerrar las páginas de contenidos

El 57,8% de los usuarios encuestados opinaron que la clave en la lucha contra la piratería es el cierre de las páginas de contenidos. De la misma forma, un 55,6% de los usuarios creen que son necesarias más campañas de concienciación social. Solo un 27% cree que se debería sancionar al usuario con multas. Ante esto, Tourné ha afirmado que “el objetivo de la lucha no es el internauta, sino el propietario de la web”.

Las dos actitudes principales de los usuarios es que “todo el mundo lo hace” y que el consumo ilegal de contenidos no tiene ninguna consecuencia. Ambas actitudes y percepciones han aumentado respecto a 2014, a pesar de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: en 2015, un 50% cree que no perjudica a nadie por acceder a partidos de fútbol de manera ilegal, un 40% dice que lo hace porque lo hace todo el mundo y un 30% que accede a otros contenidos de manera ilícita por esta misma razón. Las campañas anti piratería han perdido notoriedad y están bastante por debajo frente a las campañas de violencia de género, las campañas de tráfico o las de consumo de alcohol.

¿Cuáles son los motivos para piratear contenidos? Principalmente, porque los originales son “muy caros” y ante una rebaja del precio, un 67% de los usuarios los pagaría. Otros motivos son que el acceso es más rápido, que ya se paga por una conexión a Internet y que no están dispuestos a pagar por un contenido que puede no gustarle.

Las webs piratas se financian con publicidad de marcas conocidas

El 74,2% de las webs que permiten acceder ilegalmente a contenido tienen publicidad, especialmente de webs de apuestas y juego online, de webs de contactos o citas y de webs de contenidos para adultos. Un 40,5% de estas webs con publicidad también presentan anuncios de productos de consumo, como por ejemplo, alimentación, moda o telefonía, de marcas conocidas.

Otras de las fuentes de financiación de estas páginas son la venta de datos de los usuarios registrados a webs de mailing (además de otros datos como los hábitos de navegación o las preferencias de los usuarios) y el pago para acceder a contenido premium.

Aquí puede descargar el informe completo.

 

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La copia privada en España: Una bofetada para los autores

Fernando Carbajo Cascón, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, publica este artículo en la web conjunta Euroefe.EurActiv.es,  que difunde contenidos multimedia en lengua española sobre las políticas de la Unión Europea en alianza con la agencia EFE, socio de la red EurActiv en España. 

Una de las primeras medidas adoptadas por el Partido Popular cuando accedió al Gobierno en diciembre de 2011, cumpliendo una promesa electoral irreflexiva,  fue la “liquidación” del sistema de compensación por copia privada. Este sistema estaba  en vigor desde 1992 y se basaba en un impuesto (canon) aplicado a los equipos de reproducción y repercutida a los adquirientes de dichos equipos, es decir, los consumidores. Esta práctica, común en una gran mayoría de los Estados miembros de la UE y respaldada con algunas correcciones importantes por el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fue reemplazada por el Gobierno español por un nuevo sistema financiado con cargo a los Presupuesto Generales del Estado (¡a través de un decreto destinado a reducir el déficit!).

Posteriormente se reglamentó  el importe y el procedimiento de pago, sobre la base de una estimación de los daños causados ​​por la copia privada a los titulares de derechos,  si bien esta compensación debía permanecer “dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio”. En un contexto decreciente de recursos públicos, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 establecieron la cuantía de compensación en 5 millones de euros (frente a los 115 millones calculados para el ejercicio anterior). La misma cantidad (apenas el 0,1 euros por habitante/año) fue presupuestada para siguientes años.

A pesar de que los niveles de compensación de copia privada en España eran similares a los de Francia o Alemania, el Gobierno electo en noviembre de 2011 llegó pronto a la conclusión que era necesario limitar la cuantía a abonar a los titulares de derechos. Esto condujo a un nivel de compensación muy alejado de ser “equitativo” para garantizar el equilibrio entre los derechos e intereses de de los titulares de derechos y los usuarios, como exige la legislación de la UE sobre derechos de autor y derechos conexos (Directiva 2001/29). Lo que constituyó una bofetada para creadores e intérpretes, así como para la industria de la Cultura y para las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (otro golpe fue el incremento del IVA cultural al 21 por ciento mientras la piratería de contenidos está en pleno auge).

El cambio a un nuevo sistema y la manifiesta intención de reducir la cantidad compensatoria, tuvo su respaldo legal con la promulgación de la Ley 21/2014,  de 4 de noviembre, que reformaba la Ley de Propiedad Intelectual.  Una ley que tuvo el voto negativo del resto de grupos políticos y que modificaba el límite de copia privada para reducir su alcance, excluyéndose de la compensación equitativa a algunos supuestos de reproducciones para uso privado.  Esta fue una decisión lamentable, cuyo único objetivo era intentar justificar que los titulares de derechos solo incurrían en una pequeña pérdida  a través de la copia privada, además de legitimar la arbitraria decisión de limitar a priori la cuantía de compensación equitativa, reduciéndola notablemente.

Por otra parte, la decisión iba en contra de las políticas actuales, dado que el Gobierno era consciente de los informes  promovidos por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en los que se ratificaba la validez del canon sobre dispositivos de reproducción (que consideran “virtuoso y equilibrado”)  y se advertía de los riesgos asociados de un cambio de modelo. Por último, la decisión del Gobierno fue injusta, ya que no tuvo en cuenta las críticas sobre el nuevo sistema emitidas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado, ni abordó la pregunta formulada por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la UE sobre si era conforme con la normativa europea (un sistema de financiación de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales), así como la  fijación de la cuantía dentro de los de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

El Gobierno ignoró todos estos datos y adoptó un modelo que sólo se aplica en muy pocos países (Noruega, Finlandia y Estonia), donde tanto la producción de obras audiovisuales como las cifras de ventas de dispositivos de reproducción se encuentran en niveles mucho más bajos (a pesar de lo cual reconocen un mayor nivel de compensación equitativa). En otras palabras, el Gobierno decidió incluir la compensación por copia privada en el gasto público y dejar de lado los intereses legítimos los titulares de derechos.

En este punto hay que señalar que la supresión de la tasa no se tradujo en una reducción apreciable en los precios de los equipos de reproducción para beneficio de los consumidores.

El 19 de enero de este año, el Abogado General del TJUE expuso sus conclusiones sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (un dictamen no vinculante previo a la sentencia que pronunciará el TJUE en los próximos meses). El Abogado General considera que la financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en principio, no es contraria a la normativa europea ni contradice la jurisprudencia del TJUE; si bien se opone a la Directiva 29/2001 que fija, a priori, la compensación dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio, sin tener en cuenta el daño potencial estimado que puedan padecer los titulares de derechos.

El Ministerio de Cultura ha argumentado que las conclusiones del Abogado General no son contrarias a la normativa vigente en España, firmando que la fijación  a priori de una partida presupuestaria es necesaria para poder proceder al pago de una compensación, sin perjuicio de que luego se puedan realizar ajustes posteriores para cubrir el importe anual, resultante del sistema  de cálculo de compensación establecido reglamentariamente.

Este es un argumento sorprendente, totalmente en desacuerdo con las críticas presentadas por el Abogado General, para quien las previsiones presupuestarias deben realizarse sobre la base de datos precisos y fiables del impacto económico que tendría que haber sido calculado rigurosamente antes de decidir el cambio del modelo de financiación de compensación equitativa.

El hecho es que el Gobierno parece estar decidido a mantener “su” sistema, pase lo que pase. Está mostrando una obstinación alarmante al negar una justa compensación a los titulares de derechos, calculada con arreglo a un procedimiento transparente. Por lo tanto va en contra de los objetivos fundamentales de la legislación europea y socava con ello los incentivos necesarios para promover la Cultura y la inversión en este, olvidando  que, como dijera T. S. Eliot, una sociedad que no protege a su Cultura se convierte en bárbara.

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Chris Ruen, autor del libro #Gorrones: “La piratería empobrece la creatividad”

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos presentó el pasado jueves el libro #Gorrones (Ediciones Quinto 20), del periodista y escritor estadounidenseChris Ruen. El acto, celebrado en la Asociacion de la Prensa de Madrid, contó con la presencia del presidente de la Coalición de Creadores y de Promusicae,Antonio Guisasola, y del presidente de AIE, Luis Cobos, entre otros.

“La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos tiene, entre otras, la misión de promover un entorno digital respetuoso con la propiedad intelectual. En esa área se enmarca la difusión de obras como #Gorrones o el Mapa mundial de las leyes contra la piratería, que aportan información independiente y rigurosa para enriquecer un debate imprescindible a todos los niveles”, señaló Carlota Navarrete, directora de la Coalición.

Ruen repasó la que llama “década de la disfunción”, entre 2000 y 2010, cuando toda una generación se acostumbró a obtener contenidos gratis y a justificar la infracción de propiedad intelectual: “Defendimos la idea de no comprar, con un montón de excusas: pirateando se hace promoción de los artistas, no es un robo porque no hubiéramos comprado esos contenidos, etc. Quizá no éramos piratas, porque no ganábamos dinero, pero desde luego éramos unos gorrones y contribuimos al desplome de la creatividad que tanto amamos”.

El autor de #Gorrones desarrolló un discurso propio, considerando tanto que “los plazos de protección son quizá demasiado extensos en algunos casos concretos y habría que reducirlos” como que, por encima de todo y para poder llegar a definir esa reducción, antes habría que asegurar que “un creador puede realmente ejercer su derecho de distribuir sus obras de la forma que quiera, gratuitamente o no” y que puede “extender los derechos de esas obras a una discográfica, productora, editorial o cualquier otro socio que elija”.

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La educación, clave en la lucha contra la piratería de los videojuegos

Una de las conclusiones del foro “El universo cultural de la propiedad intelectual en los videojuegos”, organizado por Crea Cultura, movimiento de Atresmedia por la defensa de la propiedad intelectual, fue que la educación de los usuarios es clave para el desarrollo de la industria del videojuego. 

El director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, señaló que las estimaciones del sector apuntan que hay cerca de 240 millones de contenidos pirateados en España, lo que supondría “la creación de 2.000 puestos de trabajo, ingresos para el Estado, Seguridad Social”. Además, explicó que en una gran producción pueden trabajar entre “600 y 3.000 personas durante años”, desde expertos en geografía e historiadores a diseñadores o guionistas.

Es un hecho que el usuario medio se ha acostumbrado a conseguir los videojuegos de manera ilegal, especialmente en la plataforma PC. De hecho, Moreno ha indicado que “hace 20 años jugábamos en el PC y ahora casi nadie lo hace. Comprar un juego de PC es difícil, la piratería ha matado la industria del PC”. En cambio, las descargas de videojuegos para móviles no paran de crecer y, la mayoría de ellas, gratis.

En este sentido, el cofundador de Delirium Studios, Arturo Monedero, incidió en que “hay que educar a la gente” y enseñar que no todo puede ser gratis. “La responsabilidad es educar al jugador también tengamos el compromiso, porque si no desaparecemos”, continuó.

Por su parte, el vicepresidente de Ventas y Marketing de Gameloft para el Sur de Europa, Oriente Medio y África, Yann Fourneau, puso como ejemplo una tienda de ropa, en la que “eliges lo que puedes pagar”. “Ese concepto de llevarse lo que no puedes pagar que en la vida real no existe, en el digital sí. En el online el que paga es el 5-6%. En el mundo digital no se ve el valor y es mucho más fácil robar que en el mundo real porque no se te ve”, añadió.

La piratería forma parte de una cultura que no tienen tan arraigada los países nórdicos o, más cerca, nuestros vecinos franceses. Según el director de AEVI, “la facturación en Finlandia, con cinco millones de habitantes, es el doble que en España, la industria francesa es tres veces la española. Hay mucha más cultura contra la piratería y eso hay que trabajarlo entre todos”.

Otra petición: medidas legales más eficientes

Moreno ha pedido a jueces e instituciones una mayor persecución del contenido ilegal. Y es que, aunque la ley anti piratería es una iniciativa, “comparable a la canadiense o norteamericana”, según Moreno, su aplicación no es tan eficiente.

Por ejemplo, el cierre de una web ilegal puede durar hasta tres años, tiempo en el que se podrá seguir accediendo a ella y hacer perder dinero a los dueños legales del contenido. Por ello, Moreno ha pedido “una mayor inversión en recursos para combatir esto” y ha señalado que también están trabajando con inversores y pensando en medidas para atraer al consumo, como la reducción del IVA.

Y es que los videojuegos ya no son cosa de niños. Atrás quedó la época en que los más pequeños se enganchaban a la mítica Nintendo 64, a la portátil Game Boy o al fenómeno de la PlayStation. El 40% del público adulto juega a los videojuegos y en 20 años será muy habitual que la gente hable de que juega a videojuegos sin ningún pudor. Estamos ante un sector de la cultura que aúna tecnología y arte y que, dentro de poco, se especializará en distintos públicos. Quizá incluso antes de lo que esperamos.

 

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Se constituye la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

Ayer, 29 de febrero, se constituyó la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de las funciones de mediación y arbitraje, inaugurando una nueva etapa de este órgano colegiado que ha ampliado sus competencias tras la reforma de la LPI, aprobada por el Grupo Popular a finales de octubre de 2014, que entró en vigor en enero de 2015. La principal novedad radica en el ámbito tarifario de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Julio Costas ha sido designado presidente y José Luis Cádiz, vicepresidente.

Ayer, 29 de febrero, tuvo lugar la sesión constitutiva de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en la nueva etapa de este órgano colegiado, que ha ampliado sus competencias tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la aprobación del reglamento específico que la desarrolla.

La principal novedad en las nuevas competencias de la Sección Primera figura en elámbito tarifario de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Así, a partir de ahora y previa solicitud de parte, este órgano podrá determinar las tarifas cuando no haya acuerdo entre las entidades de gestión y los usuarios en el plazo de seis meses desde el inicio formal de la negociación. Además, ejercerá unafunción de control velando para que las tarifas generales establecidas sean equitativas y no discriminatorias y continuará ejerciendo las funciones de mediación y arbitraje que venía desarrollando y que se han perfeccionado.

Según el comunicado remitido por el Ministerio de Cultura, su trabajo “contribuirá aestablecer unas tarifas para la explotación de derechos de propiedad intelectual justas y equitativas, basadas en el valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o la prestación protegida en la actividad del usuario”. Esto tendrá unimpacto positivo tanto en aquellos sectores económicos que actúan como usuarios de estos derechos, como en los propios titulares de los derechos, representados a través de las entidades de gestión.

La Sección Primera está compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia. Ejercerán sus funciones por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.

Los vocales de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual son: José Luis Cádiz Deleito, como vocal titular, y Rosa de Couto Gálvez y Raquel Xalabarder Plantada, como vocales suplentes (propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte); Domingo Bello Janeiro, como vocal titular y a José María García Atienza y Mariano Yzquierdo Tolsada, como vocales suplentes (propuestos por el Ministerio de Justicia); Borja Adsuara Varela, como vocal titular y a Jorge Pérez Martínez y Eugenio Fontán Oñate, como vocales suplentes (por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo); y Julio Costas Comesaña, como vocal titular y a Diego Castro-Villacañas Pérez y María Aurora Álvarez San José, como vocales suplentes (Ministerio de Economía y Competitividad).

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designó a Julio Costas presidente y vicepresidente a José Luis Cádiz.

La Comisión de Propiedad Intelectual consta de dos secciones. Mientras que la primera ejerce funciones de mediación y arbitraje, previo sometimiento de las partes, la segunda aplica la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, siempre que éstos, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro o su actividad haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos.

A la constitución asistieron el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle; el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa; el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, y la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán.

 

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La Coalición de Creadores apoya a Resines y pide aplicar la ley contra la piratería

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos felicita a la Academia de Cine por la 30ª edición de los Premios Goya y secunda la petición de su presidente, Antonio Resines, para aplicar la ley contra la piratería. Según el estudio del Observatorio de la Piratería de la consulta GfK, el empleo de la industria del cine español podría crecer un 45% eliminando las descargas y accesos ilegales.

Desde la Coalición han agradecido especialmente a la Academia y a su presidente el mensaje lanzado en la Gala de los Premios Goya en defensa “del sector cultural y sus trabajadores” y coinciden con Antonio Resines en que “las leyes están para aplicarlas y las autoridades para asegurarse de que se cumplan”.

El último Observatorio de Piratería de la consulta GfK señala que en un escenario sin piratería, el empleo de la industria española del cine crecería en un 45% y la aportación a las arcas públicas por el IVA aumentaría en más de 140 millones de euros anuales. En total, por la piratería, se perdieron 284 millones de euros de ingresos a través del IVA y el valor del contenido pirateado asciende a 13.291 millones de euros. En el año 2014 hubo 1.669 accesos ilegales por minuto, lo que supone 228,31€ de IVA perdidos cada minuto.

En cuanto al empleo, en 2014 la industria del cine contó con 35.000 profesionales, que sin piratería podrían haber sido 57.617. En el área de producción el empleo crecería un 32%, 4.051 puestos de trabajo más; mientras que en otra distribución habría un 86% más de empleo, 552 puestos de trabajo más; en alquiler de vídeo un 275% más, 11.250 puestos de trabajo más; y en exhibición un 33%, lo que supondría 6.967 puestos de trabajo más.

Además, la piratería no solo perjudica a la industria del cine, sino también a los profesionales de las industrias del libro, la música, los videojuegos y el resto de sectores creativos. El descenso drástico de la piratería promueve e impulsa la oferta legal, algo que ya ocurre, por ejemplo, con muchas de las películas nominadas a los Premios Goya que ya se pueden encontrar en plataformas de consumo legal.Sumándose una vez más al mensaje del presidente de la Academia de Cine, la Coalición de Creadores señala que la Cultura debe ser “una cuestión de Estado al margen de partidos e ideologías”, y las industrias culturales y de contenido esperan a que el Gobierno actúe en consonancia con estas ideas.

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Las políticas y mecanismos europeos de la protección del derecho intelectual en Internet

 

La rápida extensión de Internet cambió el sector audiovisual por completo. Los viejos modelos cayeron en picado, mientras que los servicios online y los nuevos agentes se hicieron con el mercado. Ahora, más que nunca, el contenido creativo vive y permanece en el mercado digital. Pero, ¿están sus autores bien protegidos ante la volatilidad de la web? Un nuevo informe del Observatorio Audiovisual Europeo trata de responder a esta pregunta.

La tecnología permite distribuir cualquier contenido por todas partes del mundo, pero también que esta distribución se realice de manera digital. Los autores tienen muy claro que cualquier trabajo creativo debe ser remunerado, pero no toda la sociedad comparte esta premisa. Por su parte, las instituciones europeas llevan años intentando acabar con la distribución ilegal de contenidos de distintas maneras, como veremos ahora, pero todavía queda mucho por explorar.

Primero analicemos el mercado. Según la Oficina de Patentes europea, el 39% de la actividad económica europea (que genera 4,7 billones de euros anualmente) viene de sectores que requieren un gran desarrollo de la propiedad intelectual. Cerca del 26% de los empleos en Europa, es decir, 56 millones de puestos de trabajo, vienen directamente de este tipo de compañías. Dentro de este ámbito se encuentran los sectores culturales y creativos, que, según la Comisión Europea, representan el 4,5% del producto interior bruto europeo y el 3,8% de la población activa (8,5 millones de personas).

Ya dentro del mercado audiovisual, se ha observado un aumento de la distribución digital de vídeo frente a la distribución física e Internet ha introducido nuevos competidores en un mercado antaño cerrado y bien regulado. Los servicios bajo demanda también continúan creciendo y la publicidad se concentra en dispositivos portátiles (móviles, tabletas), en el vídeo online y en las redes sociales.

Además de los competidores legales, con Internet también llegaron aquellos que accedían y distribuían el contenido ilegalmente. Las cifras son espectaculares: 27 millones de personas descargaron música gratis a través de su teléfono móvil en los Estados Unidos durante el pasado año según NPD Group y 1,5 millones de personas se descargaron el capítulo final de la quinta temporada de Juego de Tronos en ocho horas, un récord de piratería, según TorrentFreak. 

En Internet existen seis grandes modelos dentro de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual:

• Los enlaces a la televisión en vivo, que incluyen televisión gratuita y de pago. Suelen estar centrados en un tema y reciben beneficios a través de donaciones o publicidad.
• Comunidades Peer-To-Peer (P2P), basadas en la descarga gratuita de contenido entre pares, suelen depender de la publicidad y las donaciones.
• Comunidades de suscripción, similares a las P2P pero bajo pago de una suscripción, dependiendo menos de la publicidad.
• Transacciones con música, que permiten la descarga de la música desde un servidor a cambio de un pago con tarjeta de crédito.
• “Freemium” con recompensa, que permiten la descarga de contenido gratis y recompensa económicamente a aquellos que suben otros contenidos.
• Streaming inserto, en el que los usuarios insertan contenido en sus propias páginas para que otros lo vean en streaming. La subida de contenidos suele estar recompensada.

Según un estudio de Digital Citizens Alliance, estos negocios basados en la infracción de copyright que se basan en la publicidad tienen muy pocas barreras de entrada: introducir contenido en una página web tiene un bajo coste y esfuerzo, se puede repetir si es eliminado y los usuarios visitarán la página web sin necesidad de una intensiva campaña de promoción.

Y ante esto, ¿qué hacen los diferentes gobiernos europeos?

En España contamos con la Ley Sinde y la Comisión de Propiedad Intelectual, con dos secciones que se encargan de mediar y arbitrar los diferentes casos y otra que puede obligar a bloquear el acceso a las páginas web que ofrezcan estos servicios ilegales. Antes de llegar a eso, la comisión avisa a los infractores y les da un plazo de 48 horas para eliminar el contenido ilegal, además de tener derecho a recurrir esta acción. La decisión final de la comisión debe ser ratificada por un juez, especialmente si supone el bloqueo de la página. En la reforma del código penal de marzo de 2015 se incluyeron modificaciones en la consideración de la violación de la propiedad intelectual en Internet: se introdujo el concepto de beneficio “directo o indirecto” y una serie de indicadores para considerar a los “facilitadores” de estas infracciones como infractores directos.

En Francia, en 2009 se adoptó la primera ley que protegía la distribución de contenidos creativos en Internet, conocida como HADOPI 1. También se creó un organismo encargado de proteger estos contenidos, la Haute Autorité pour la difussion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI). En octubre de 2009 se aprobó HADOPI 2, que incluía la posibilidad de avisar dos veces antes de bloquear este tipo de servicios y sacarlos de Internet. Este sistema comenzó a funcionar en 2010, aunque no ha llegado a bloquear ninguna página. En 2013 se creó un informe con propuestas concretas para mejorar el control de la piratería en Internet, que incluía acuerdos con los anunciantes y los intermediarios de pagos bancarios o el bloqueo cautelar de algunos servicios piratas. El pasado marzo de 2015, el Gobierno anunció un nuevo plan de acciones como disminuir la financiación de estas páginas web, monitorear los resultados de las sanciones e impulsar las plataformas de vídeo legales.

Similar a las políticas española y francesa, en Italia también existe un organismo dedicado a la protección de la propiedad intelectual en Internet, la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), pero con unos procedimientos distintos. La AGCOM nació en 1997 con el objetivo de regular el sector de las comunicaciones y desde el año 2000 también tiene competencias sobre la propiedad intelectual. La regulación italiana incluye la creación de un comité formado por representantes de la industria, consumidores y agentes públicos competentes en materia de copyright que asesoran a la hora de tomar decisiones en cuanto al bloqueo de páginas y a las iniciativas “follow the money”. Además, la AGCOM puede bloquear cautelarmente una página web entre 12 y 35 días u ordenar a los proveedores de alojamiento italiano que borren el contenido ilegal de la página web. Si el contenido está alojado fuera de Italia, puede obligar a los proveedores de red que bloqueen el acceso, con sanciones de hasta 250.000€ si no lo hacen. Todas las decisiones de la AGCOM se pueden consultar en Internet y pueden ser impugnadas ante un tribunal.

Por último, en Reino Unido, la Digital Economy Act (DEA) de 2010 introdujo obligaciones específicas referentes al copyright para el regulador del sector de comunicaciones británico, OFCOM. OFCOM tiene la obligación de registrar las infracciones de copyright y notificarlas a los autores correspondientes. Los infractores reciben hasta tres avisos: una primera carta en la que se notifica la infracción, una segunda si se repite en seis meses y una tercera si una nueva infracción tiene lugar en el siguiente mes. Después de esta tercera notificación, el infractor será incluido en una lista a la que tienen acceso los autores para poder llevar personalmente a los tribunales al infractor.

Las iniciativas de la industria

Podemos dividir las iniciativas de la industria en dos grupos: aquellas cercanas al aspecto económico de este tipo de actos, como el “follow the money”, y aquellasdirigidas a sensibilizar sobre el impacto de la piratería.

“Follow the money” consiste en eliminar las fuentes de financiación de las páginas ilegales. Los principales “conductores” del flujo económico de estas páginas son los anunciantes y los proveedores de servicios de pago. Este mecanismo es muy utilizado en Estados Unidos y cada vez más en Europa, e incluso la Comisión Europea lo ha recomendado en su plan de acciones de 2014. Reino Unido ha sido pionero en la aplicación del “follow the money”, creando un proyecto piloto llamado “lista de páginas infractoras” (Infringing Website List, IWL), en el que se incluyen las páginas que los agentes de la industria creativa identifican como piratas. Tras esto, la policía confirma que están ejerciendo una violación del derecho intelectual y publica esta lista también para que los anunciantes eviten ocupar esos espacios.

Fuera de las medidas relacionadas con la financiación de las páginas se encuentran losprocedimientos “notice and takedown” o “notice and action”. Consiste en que los proveedores de red notifiquen a las páginas la violación de los derechos de autor, de forma que les exime de responsabilidad sobre este acto y pueden retirar los contenidos o bloquear el acceso a los mismos.

Otras medidas que no tienen que ver con los mismos contenidos consisten enaumentar la oferta legal y crear una sensibilidad sobre este tema en la sociedad. Muchos países han registrado buenos resultados con este tipo de campañas.

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Écija explica la Circular de la Fiscalía General del Estado sobre delitos contra la Propiedad Intelectual

Con esta Circular, la Fiscalía marca las líneas en las que basará su actuación en los procedimientos penales seguidos por delitos contra la propiedad intelectual, destacando entre otras, el decidido propósito de los Fiscales de ser proactivos en la solicitud de medidas cautelares. Desde el punto de vista negativo, destacamos el hecho de que la Fiscalía haya dado una definición muy estrecha del concepto de beneficio directo o indirecto introducido por la última reforma del Código Penal, solapándose casi al completo con el anterior requisito del ánimo de lucro.

El 21 de diciembre de 2015, la Fiscalía General del Estado publicó la Circular 8/2015, con el objetivo de unificar los criterios que deberán seguir los Fiscales “Sobre los Delitos contra la Propiedad Intelectual Cometidos a través de los Servicios de la Sociedad de la Información tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015”.

La reforma del Código Penal de marzo de 2015, introdujo importantes novedades en relación a los Delitos contra la Propiedad Intelectual a fin de dotar a los titulares de estos derechos de una protección más eficaz en el entorno de la Sociedad de la Información; se amplió el catálogo de conductas recogidas en el tipo básico previsto en el artículo 270 del CP,  se modificó uno de los elementos subjetivos del tipo como era el ánimo de lucro por el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y, entre otros, se incluyó un tipo especial que de forma expresa consideraba penalmente relevante la conducta de las páginas web que de forma ilícita enlazaban a obras protegidas.

Con este nuevo marco normativo era necesario saber en qué medida serían modificadas por la Fiscalía las líneas interpretativas establecidas en su Circular 1/2006, destacando los siguientes aspectos tras realizar un análisis exhaustivo de la misma:

1.- La interpretación de varios elementos normativos que entran en juego en los Delitos contra la Propiedad Intelectual:

–          Comunicación pública: la Fiscalía seguirá el criterio del TJCE que en su sentencia de 13 de febrero de 2014 entiende como tal, todo acto de comunicación – o puesta a disposición –  a un público nuevo distinto del autorizado por el titular del derecho para acceder a su obra, indicando expresamente en dicha resolución que la conducta consistente en facilitar links o enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas a un público no autorizado para ello, constituye un acto de comunicación pública.

–          Explotación económica:  entendida como toda forma de aprovechamiento irregular de derechos que pueda surgir en función del estado de la técnica en cada momento, evitando una definición excesivamente cerrada de los comportamientos típicos que haga inviable el reproche penal ante mecanismos o formas de actuación -impensables actualmente- que resulten, en el futuro, merecedores de ello. 

–          Ánimo de obtener un beneficio económico: en relación con este elemento subjetivo del tipo la Fiscalía concluye que el mero acceso irregular a un contenido protegido, sin otra finalidad que el ahorro del precio que pudiera exigirse por el disfrute de la obra o prestación, queda extramuros del derecho penal, considerando que no deben entendidos como posibles autores del delito los usuarios de los servicios de la sociedad de la información que actúan al margen de una actividad comercial. Se equipara por tanto el ánimo de obtención de un beneficio al ánimo comercial. 

–          Conocimiento efectivo: en el sentido de que dicho conocimiento puede adquirirse tanto con la notificación de una resolución dictada al efecto por órgano competente para ello como a través de una comunicación expresa del afectado o, incluso, por la mera constancia de la ilicitud cuando sea evidente por sí misma.

2.- Sistematización de las formas más comunes de explotación ilícita con relevancia penal: Descargas directas FTP y Páginas web de enlaces.

–          Descargas directas FTP: La Fiscalía define este concepto técnico como aquellas descargas que se llevan a efecto directamente desde el servidor, bien sea físico, bien virtual, en el que están alojados los contenidos ilícitos, al equipo de los usuarios que quieren acceder a la obra en cuestión. El usuario debe incorporar al navegador la dirección URL (la dirección en internet) del sitio web donde se alojan los contenidos infractores, lo que permitirá que el navegador los encuentre y los muestre de forma adecuada para poder acceder a los mismos y, desde allí, descargarlos a su ordenador.

–          Páginas web de enlaces. Se trata de aquellas páginas que facilitan el acceso irregular a contenidos o prestaciones protegidas mediante el ofrecimiento de enlaces a los mismos. Los usuarios no acceden directamente al sitio web en el que se alojan las obras o prestaciones infractoras sino que lo hacen a través de una página web que les redirecciona al sitio en que se alojan tales contenido.

En ambos casos nos encontramos con conductas constitutivas de delito.

3.- Análisis de la posible responsabilidad penal de prestadores de servicios y usuarios de la sociedad de la información en casos concretos.

– Atipicidad de la actividad de los motores de búsqueda: toda vez que la facilitación neutral y meramente técnica del acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de sus titulares, no cumple las exigencias del CP para ser considerado hecho ilícito.

– Responsabilidad penal de los uploaders: en la medida en que actúen concertadamente con el webmaster y con otras personas en un claro modelo de negocio que persigue obtener  ganancias mediante la explotación ilícita.

– Atipicidad de la actividad de las páginas de enlaces creadas y mantenidas por los propios usuarios: al no figurar publicidad alguna, ni exigirse contraprestación para acceder a los contenidos, ni otras vías para la obtención de rendimientos económicos, no se cumple con el elemento de ánimo de obtención de beneficio.

4.- Análisis de la incorporación de conductas relativas a la fabricación o puesta en circulación de cualquier medio apto para la supresión o neutralización de medidas tecnológicas de protección (270.6 CP) y de actos de modificación, eliminación, elusión y de facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de penalización como conductas delictivas (270.5 c y d).

– En el supuesto previsto por el artículo 270.6 se sustituye la exigencia de que el dispositivo o componente fabricado esté específicamente destinado a la inutilización o neutralización del sistema protector por la cual el mismo esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado, lo que facilitará, sin duda, la aplicación de esta figura delictiva. Para la fiscalía el elemento diferenciador entre el ilícito penal y el ilícito civil lo marca la concurrencia del ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto.

– En los supuestos establecidos en el artículo 270.5 c y d, el precepto castiga tanto al que elude efectivamente la protección, como al que con su actuación facilita a un tercero la elusión de la medida tecnológica de protección. En cualquiera de los dos casos el sujeto activo deberá actuar guiado por la intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto.

5.- Adopción de medidas cautelares como el bloqueo de la página web, la interrupción de la prestación de un servicio o cualquier otra que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual. Solicitud de comiso de los efectos que provengan del delito

– Aunque para el Legislador las medidas de interrupción de la prestación del servicio y de bloqueo de acceso deben adoptarse con carácter excepcional, según la Fiscalía las notas de proporcionalidad, eficiencia y eficacia que exige el precepto concurrirán en una gran parte de los casos. Por ejemplo en los supuestos en que la página infractora radique fuera de nuestras fronteras, el bloqueo será la única medida posible para evitar que en nuestro país se sigan produciendo los efectos del delito.

– En los procedimientos por hechos ilícitos de esta naturaleza, los Sres. Fiscales deberán solicitar, como consecuencia accesoria, el comiso de los efectos que provengan del delito y de los bienes, medios o instrumentos utilizados para su ejecución.

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El sector echa en falta una labor educacional que fomente el respeto a la propiedad intelectual

Este es uno de los aspectos en el que coincidieron los expertos que participaron en el foro ‘Nuevas plataformas para ver cine y televisión en el hogar’, organizado por Atresmedia, en colaboración con Bertelsmann, como parte de su movimiento Crea Cultura que defiende y valora la Propiedad Intelectual.

Crea Cultura,  el movimiento de Atresmedia para defender y valorar la Propiedad Intelectual, sigue desarrollando acciones encaminadas a reforzar el valor de la creación cultural y la necesidad de protegerla. Atresmedia, en colaboración con Bertelsmann, celebró en Madrid el foro sobre ‘Nuevas plataformas para ver cine y televisión en el hogar’, en el que participaron José Manuel González Pacheco, director general de Atresmedia Digital; Pablo Romero, director de contenidos de YOMVI y Juan Carlos Tous, CEO de Filmim y que ha sido moderado por el periodista Vicente Vallés.

Todos ellos coincidieron en señalar en que la industria se ha adaptado y ha puesto a disposición del espectador una gran variedad de herramientas para acceder de forma legal a los contenidos que ofrece. Sin embargo, echan en falta una labor de educación del consumidor, que fomente el respeto por la propiedad intelectual.

“El fenómeno de las descargas ilegales está remitiendo”, explicó Romero. “Nuestras descargas legales se cuentan por millones a la semana. El modelo ilegal está revirtiendo porque el mercado está viendo las virtudes de las propuestas bien estructuradas”.

  “El modelo ilegal está revirtiendo porque el mercado está viendo las virtudes de las propuestas bien estructuradas”, añade Pablo Romero, director de contenidos de YOMVI

“Las buenas ofertas que estamos construyendo están empezando a tener éxito, pero el consumo irregular estaba muy arraigado. Una de las claves del éxito es ofrecer contenidos diferenciales. El consumo irregular viene en sitios mal estructurados… “, resumía Pacheco.

“Ya no hay descargas, nadie almacena, es la disposición inmediata… creo que es importante acabar con los plazos, y falta una labor de construir espectadores, de enseñarles a los jóvenes a respetar la propiedad intelectual igual que respeta la propiedad privada”, señaló Tous. “Hay menos piratería, menos consumo parasitario, porque hay más oferta. No les interesa estar buceando entre contenido que no saben si es bueno o no, cuando por 8 euros tienes una oferta legal” En cuanto los hogares tengan las televisiones conectadas a Internet, mejorará el problema. Consumo ilegal siempre va a haber, pero no será suficiente para crear una arritmia en la industria, será parasitario”.

El consumo de cine y televisión en el hogar ha variado en los últimos tiempos. Sobre este escenario cambiante, Pablo Romero apuntó que “hay una coexistencia de espacios. Esto va de entretener, pero cada generación tiene un modelo, un referente…” Sobre el peso del consumo online, Pacheco explicó que “En nuestro entorno es todavía un peso pequeño. En Europa es menor del 10 por ciento”.

“Hay que construir espectadores, enseñarles a los jóvenes a respetar la propiedad intelectual igual que respeta la propiedad privada”, explica Juan Carlos Tous, CEO de Filmin

Juan Carlos Tous consideró que “en unos años, a los jóvenes que les preguntemos qué es la televisión dirán que es un aparato en el que eliges lo que quieres ver. Quiero verlo ahora. Si estoy en casa, lo veo en la televisión, si estoy en movimiento, o veo en la tableta, en el móvil…” Sobre la audiencia a siete días, tras su emisión en televisión y el ruido que genera en redes, los nuevos usos hacen que los usuarios “saben que podrán repescar ese contenido”, explicó. “Ese consumo, en Atresmedia, es una forma de medir emergente, pero las métricas dicen que es una aportación adicional de audiencia de entre el 5-10%, dependiendo del producto. Es un porcentaje muy interesante”, señaló Pacheco.

“Ahora tienes la opción de ver temporadas completas de series que no son estrenos rigurosos, el ‘atracón’ de series. No es una extensión de las propuestas del prime time. Es otra forma de ver las series”, añadía Pablo Romero.

Sobre la posibilidad de que esta mayor oferta posibilite un consumo legal “la solución está en maximizar la oferta a precios razonables”, explicó Tous. “Si el espectador encuentra calidad y una guía que se las ordene… esto lo ha hecho fenomenal Hollywood con las series”, añadía. “En el momento en que hemos empezado a formar parte del tejido organizativo, responden”, explicaba Romero.

“Tenemos que ofrecer a los usuarios lo que quieren a un precio que estén dispuestos a pagar. Bien organizado, bien ordenado, aprovechando la posibilidad que da internet de comentar, de compartir”, añadió Pacheco. “Tenemos servicios con millones de usuarios que lo consumen de forma gratuita con publicidad, y miles que prefieren el pago sin publicidad. Intentamos adaptarnos a lo que quiere la gente”

¿Funciona igual en el mundo del cine? Tous reflexionó que “hay una gran diferencia en el consumo de series y cine. El de series es enfermizo, la gente lo quiere, pide otro capítulo… no me lo programes, me lo programo yo. La serie resuelve un problema de selección. Cuando alguien busca una película dedica 14-18 minutos en elegir, y eso que tratamos de ofrecérselo bien organizado Decidir una serie implica 14 decisiones. Al día siguiente quieres ver el segundo capítulo”.

“Hay provincias en las que no se estrenan algunas películas, o que el cine más cercano está a 30 kilómetros… pero hoy eso ha cambiado. Ese señor está conectado a todo el mundo. Si la busca, la encuentra. Y más en un país como este, con estos niveles de consumo parasitario”, explicba Tous.

Para Romero, “hoy en día las ventanas de distribución están generando valor. Nos cuesta mucho generar valor… mira lo bien que lo ha hecho Atresmedia con Palmeras en la Nieve. Está batiendo récords de taquilla porque es una manera de concebir cómo crear valor en el producto e ir viendo cómo se va explotando en las distintas pantallas”

“La única herramienta que es capaz de hacer que millones de personas comenten lo mismo es la televisión”, resume José Manuel González Pacheco, director general de Atresmedia Digital

“Cada pantalla tiene un formato ideal de propuesta. Un contenido de dos horas lo ves a gusto en una sala oscura, cómodo… es una cita. La serie de televisión está concebida como un espacio recurrente que ves cada semana, más en familia… Es una producción e 50 minutos, basada en personajes que se van desarrollando y vas conociendo, casi mejor que a tu familia. En Internet, los consumos mayoritarios se consumen en pantallas de 8 pulgadas… hay nuevos territorios, nuevos formatos, que van a dar mucho juego”, declaró Romero.

“Nosotros como industria buscamos ofrecer de la mejor manera posible lo que quiere la gente, el mejor producto, no fragmentado, a un precio atractivo, con calidad…”, determinó Pacheco.

Sobre el lanzamiento reciente del nuevo canal, Atreseries, Pacheco explicó que “se emite en HD, aunque no tiene todavía una cobertura del 100% y su cuota se acerca al 1%. Un resultado muy bueno en un arranque de escasos días”. “Atresmedia se caracteriza por la calidad de las series y el gran catálogo de series que tiene”, expuso Pacheco, que ha añadió que “un porcentaje alto de nuestro tráfico viene de los latinos de Estados Unidos. Pone en valor la producción de series locales. Son un buen ejemplo de la importancia que tiene saber producir series. Y nosotros sabemos hacerlo”.

Atresmedia también acaba de lanzar Flooxer, que en palabras de Pacheco es “una plataforma de vídeo que cubre el hueco del vídeo corto. La lanzamos para dar cabida a contenidos de video digital de menor duración, que están creciendo mucho su consumo. E incorpora productos que no son meramente televisivos, sino creadores de internet. Son talento que producen contenidos francamente interesantes para Internet”.

“El consumo en estas pantallas en sí una industria. Eso también es televisión. Hay tres entornos de televisión, y el de las pantallas pequeñas es en sí un entorno. Atresplayer es en sí parte de ello. Yomvi también”, resumió Pablo Romero.

En España “no se promueve una cultura de ir al cine entre los jóvenes, que no sólo hay que consumir lo que nos gusta igual que no sólo comemos hamburguesas. No hay un Ministerio ni nadie que se preocupe de decir que el cine es Cultura, que genera ingresos para el Estado” dijo Tous.

“La única herramienta que es capaz de hacer que millones de personas comenten lo mismo es la televisión. Seguirá siendo un vertebrador de los temas de los que habla la sociedad” concluyó Pacheco.

Movimiento de largo recorrido e intenso en acciones

Se trata del tercer foro organizado en el marco Crea Cultura, un movimiento que trabaja para que se reconozca el valor de la Propiedad Intelectual y concienciar sobre las consecuencias, que nos afectan a todos, que conlleva su vulneración. Se plantea desde un enfoque abierto y busca generar un espacio de encuentro y debate que permita encontrar soluciones desde el diálogo.

Atresmedia, como gran grupo de comunicación y creador de contenidos en España, es consciente de su responsabilidad como transmisor cultural y dentro de la Industria. Es por ello que quiere aportar su capacidad de influencia para iniciar un diálogo constructivo y un movimiento de gran recorrido que ayude a concienciar sobre el valor de la propiedad intelectual.

La iniciativa parte de la idea de que solo se podrá conseguir un movimiento del que todos se sientan parte a través de un debate abierto y plural. Nada se consigue con imposición, y menos cuando una parte importante del futuro de la propiedad intelectual pasa porque las personas la aprecien como algo que aporta valor a sus propias vidas, en forma de felicidad, cultura y trabajo.

Crea Cultura nace como un movimiento de concienciación a largo plazo y buscará multiplicar las adhesiones a la causa, unir fuerzas y contar con la colaboración de todos los actores sociales porque, como ha demostrado Ponle Freno, con participación e implicación positiva se pueden cambiar las cosas.

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La versión del ministro

Méndez de Vigo: «No debe haber tolerancia ni permisividad con la piratería»

Esta es una de las declaraciones del el titular de la cartera de Cultura en su comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado, el pasado 27 de julio de 2015, realizada a petición propia para presentar las líneas generales de la política que va a desarrollar en lo que queda de legislatura. El ministro también se comprometió a finalizar cuanto antes el desarrollo reglamentario del nuevo modelo de financiación del cine español

Concretamente sobre la piratería, Iñigo Méndez de Vigo afirmaba que “no debe haber tolerancia ni permisividad con la piratería.“La lucha contra la piratería la asumo como un tema educativo –debemos concienciar a nuestros jóvenes desde la escuela- y como un compromiso social”.

En relación con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de la cartera de Cultura destacó que “se trata de una reforma parcial, que aborda los asuntos más urgentes y deja definido el camino para que ahora continuemos con los más importantes, que tienen mucho que ver con el debate que se produce en la Unión Europea”. Todas las decisiones que se adopten en este campo tendrán que ver con los avances de la Comisión Europea en materia de Propiedad Intelectual.

El ministro anunció que está trabajando para que con carácter prioritario se aprueben los desarrollos reglamentarios vinculados a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Estos son: el Real Decreto que regula la composición y procedimientos para el ejercicio de las funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual; el Real Decreto por el que se regula la búsqueda diligente de obras huérfanas y el fin de su condición como tales; y la Orden Ministerial de metodología para la determinación de las tarifas generales para la remuneración por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Méndez de Vigo hacía estas declaraciones tres días después de que su Gabinete hiciese públicos los datos oficiales de balance de la Comisión de Propiedad Intelectual, que aseguraban que, atendiendo a las estadísticas del funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, desde que esta entrara en funcionamiento en marzo de 2012, hasta el pasado 23 de julio de 2015, ha resuelto más del 95% de las 444 solicitudes presentadas por autores y entidades de gestión.

De las 252 páginas que se han visto afectadas por los trabajos de la Sección Segunda, el 98% (247 webs) han retirado los contenidos identificados como ilícitos por la Comisión de Propiedad Intelectual y 31 de ellas han cesado por completo su actividad.

Además, recientemente la Audiencia Nacional ha dictado dos resoluciones judiciales autorizando el bloqueo, en territorio español, de 5 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y según lo resuelto por ésta.  Muestra de que se ha producido un descenso del consumo de contenidos ilegales en Internet es que, según el ranking que ofrece Alexa.com, antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos con indicios de ser ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos. Ahora sólo hay 13 en ese ranking y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas, lo que contribuye a reducir y dispersar ese tráfico. Se desprende de estos datos que la actividad de las webs piratas pierde peso dentro del tráfico total de Internet en España.

Por otra parte, y continuando con su comparecencia en el Senado, el ministro de Educación, Cultura y Deporte también se comprometió a culminar cuanto antes el desarrollo reglamentario del nuevo modelo de financiación del cine español que permitirá “una mayor transparencia en la gestión de las ayudas” y facilitar la inversión privada a través de la reforma de los incentivos fiscales que afectan a la producción cinematográfica.

Otro de los asuntos sobre los se pronunció el ministro ha sido el IVA cultural. “En la medida en que la evolución de los ingresos públicos permita sentar las bases de una recuperación económica estable y duradera, confío en que podamos seguir, también en este sector, la línea general de las reducciones impositivas que ha emprendido el Gobierno”, ha señalado Íñigo Méndez de Vigo.

Asimismo manifestó su compromiso para que la cultura tenga un mayor protagonismo en la Marca España, contribuyendo a una imagen de España “identificable a través de la riqueza y cuidado de nuestro patrimonio histórico y de nuestra capacidad artística e intelectual contemporánea”. España es “un país que, por ejemplo, debe valerse de su liderazgo en gastronomía y en turismo para vincular estas actividades al ámbito de la cultura”.

Este compromiso se materializará con “la construcción de la imagen global de nuestro país en los escenarios internacionales” y fundamentalmente en el continente americano “porque nos va en ello el futuro de la herencia que compartimos”, pero sin olvidar “la búsqueda de nuevos escenarios en los que desplegar el potencial de nuestra cultura y de nuestra Marca”.

Méndez de Vigo remarcó que la aportación de su cartera a la Marca España se desarrollará a través de “una acción estratégica que implique a todas las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales junto a la sociedad civil, creadores, intelectuales, entidades e instituciones y organismos, para influir de manera positiva en la percepción de España, de la cultura española y en español”.

En todo caso, y en relación con la piratería, los datos publicados por la Coalición de creadores e industrias de contenidos difieren bastante de los ofrecidos por el titular de Cultura. Ver datos

La versión de La Coalición

«Sólo se ha bloqueado una página web pirata en cuatro años»

Al día siguiente, La Coalición de creadores e industrias de contenidos solicitó al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que aplique con urgencia la reforma de Ley de Propiedad Intelectual para que en el encuentro previsto para el próximo 8 de septiembre, pueda ofrecer a las industrias nuevos datos de la aplicación de la ley en la lucha contra la piratería.

En un comunicado la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha denunciado que el actual Gobierno, en casi cuatro años, sólo ha realizado un único bloqueo; obviamente unos resultados bastante pobres. La organización solicita al nuevo titular de Cultura  que tome las “medidas necesarias”, incluso si éstas implican “cambios drásticos” en el equipo de la Secretaría de Estado de Cultura y al frente de la Sección Segunda, para  que sea real la aplicación de la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2015 y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno que garanticen la protección de los trabajadores e industrias de todos los sectores afectados por la piratería digital.

Los datos hablan por sí solos: en un año (marzo de 2012 a marzo de 2013) se presentaron 363 denuncias, que suponen más del 82 por ciento del total de las presentadas hasta el momento; El 77,1 por ciento de las denuncias, concretamente 179, han sido presentadas por los socios de La Coalición, evidenciándose la proactividad en defensa de los derechos de sus miembros desde los sectores del libro, la música, el cine y los videojuegos.

Otro apunte importante que denuncia La Coalición, es que 11 expedientes, de los 163 presentados por el sector entre 2012 y 2014,  permanecen a día de hoy sin dar lugar a inicio de procedimiento alguno. Y eso que ya han pasado 1.221 días … Por otra parte, de los 132 que el Ministerio considera resueltos, 12 fueron archivados al no lograr la Comisión identificar al responsable; 61 se archivaron tras “la retirada voluntaria de los contenidos denunciados”; 47 por “desaparición sobrevenida del objeto de la denuncia”, en la mayoría de casos enlaces a contenidos. Otros expedientes simplemente se han archivado por caducidad del procedimiento. Y todo ello con un plazo medio desde la presentación de la denuncia hasta el inicio del expediente de 357 días, que se extiende hasta los 455 días como plazo medio desde la presentación de denuncia hasta la resolución final de expediente.

Y este 2015 tampoco va mucho mejor: el 93,7 por ciento de las denuncias presentadas este año, un total de 16 que afectan a más de de 30.000 obras distintas, solo se ha iniciado un expediente y dictado una única resolución, aún sin implementar … Dicho de otra forma: durante el medio año transcurrido de 2015 la Comisión de Propiedad Intelectual sólo ha actuado en un 6,25 por ciento de las denuncias presentadas. Y esto en un universo de más de 4.316 millones de accesos ilegales, 1.700 millones de euros de lucro cesante para el sector, 30.000 empleos perdidos y 630 millones euros que no han ingresado las arcas públicas.

Según con el comunicado de La Coalición, “la medida más eficaz, el bloqueo de la web pirata, sólo se ha utilizado una única vez en casi cuatro años en el caso de The Pirate Bay. Es muy urgente que el Gobierno aplique su reforma de la ley y cumpla los compromisos adquiridos, el sector espera que en la reunión del 8 de septiembre el Ministro y el equipo de la SEC informen de los resultados alcanzados en la lucha contra la piratería”.